Marsans, a los tribunales por la expropiación "ilegítima" de Aerolíneas

Marsans presentó un pedido de arbitraje con el Estado argentino por el caso de Aerolíneas Argentinas ante el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversiones (CIADI), confirmaron a Efe fuentes del grupo español. La petición de arbitraje ante el tribunal que depende del Banco Mundial fue presentada la semana pasada y, si no hay un acuerdo de las partes, Marsans presentará ante esa misma instancia una demanda contra el Estado argentino que podría ascender a unos mil millones de dólares.

La presentación de esta solicitud se confirmó pocas horas después de que el Parlamento argentino aprobó una ley que habilita al Estado argentino a expropiar Aerolíneas y sus subsidiarias a Marsans, luego de que fracasaran las negociaciones para una compraventa de las empresas.

El grupo español dijo en un comunicado que "está en completo desacuerdo con la confiscación de las acciones" de Aerolíneas aprobada por el Parlamento argentino. "Esta compañía considera que la confiscación es arbitraria e ilegítima, porque contradice lo acordado entre Interinvest (Marsans) y el Estado argentino en julio pasado, cuando el Gobierno argentino se comprometió a comprar Aerolíneas", añadió la nota.

El pasado 21 de noviembre, el grupo español envío una carta a la presidenta argentina, Cristina Fernández, advirtiéndole de que acudiría al tribunal internacional si no se llegaba a una solución "amistosa y confiable" por la controversia en torno a Aerolíneas Argentinas. El Gobierno argentino y Marsans firmaron en julio pasado un acuerdo para negociar la venta al Estado de la línea aérea, pero las conversaciones naufragaron por diferencias en las tasaciones de ambas partes.

Luego de que el Gobierno se negara a convocar a un tercer tasador y de que el grupo español se negara a cobrar un "valor simbólico" de un peso por su 94,41 por ciento en Aerolíneas, el Parlamento decidió entonces avanzar hacia una ley para la expropiación. Marsans explicó que con el arbitraje del CIADI "se busca la compensación monetaria por la confiscación que el Estado argentino está instrumentando y por todas las violaciones a los tratados que han ocurrido en los últimos años".

En este sentido, afirmó que Aerolíneas "ha resultado seriamente perjudicada por la falta de una política adecuada del Gobierno para el transporte aerocomercial. Esta carencia es evidente por la congelación de las tarifas, la negativa por parte de las autoridades competentes a otorgar subsidios ante el extraordinario aumento del combustible y el incumplimiento de medidas que el Gobierno reconoció siempre como necesarias y urgentes", señaló el grupo español.

Marsans aseguró que la falta de ejecución de estas medidas sumada "a los continuos hostigamientos gremiales facilitados y consentidos por las autoridades, hicieron inviable el normal funcionamiento de Aerolíneas Argentinas y Austral. El Estado Argentino, luego de contribuir con sus actos y omisiones a la crisis de Aerolíneas y Austral, utiliza esta situación para justificar la confiscación de las compañías", afirmó Marsans.

Una vez que publique en el Boletín Oficial la ley aprobada hoy, el Estado argentino, por medio del organismo que designe, ejercerá "todos los derechos que las acciones a expropiar le confieren" para "garantizar la continuidad y seguridad del servicio", según señala la norma.
Indica, además, que el Estado deberá encargarse del mantenimiento de las casi 9.600 fuentes laborales y del resguardo de los bienes de las empresas y presentar en seis meses un plan de negocios para las compañías.

La Ley de Expropiaciones de Argentina, aprobada en 1977, establece que el objeto de expropiación debe ser antes declarado de "utilidad pública" y que por él debe pagarse una indemnización que "solo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación".

Según esta norma, el Estado deberá pagar la indemnización "dentro de los valores máximos que estimen a ese efecto el Tribunal de Tasaciones de la Nación", organismo que ya determinó que Aerolíneas tiene una valoración negativa de 832 millones de dólares, por lo que el Estado debería pagar un "valor simbólico" de un peso.

La Ley de Expropiaciones establece que si no hay avenencia respecto del valor de los bienes, la cuestión deberá resolverse mediante un juicio sumario.