El Gobierno Vasco ha vuelto a conceder la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que permite salidas de la cárcel, al exintegrante del Comando Donosti Juan Ramón Carasatorre, condenado por varios asesinatos, entre ellos del concejal del PP de San Sebastián Gregorio Ordóñez.
El Ejecutivo autonómico ha aplicado este mismo artículo al recluso de la banda ETA Alberto López de la Calle, alias Mobutu, condenado entre otros atentados por el asesinato de tres guardias civiles en una prueba ciclista en octubre de 1980 en Salvatierra (Álava), han confirmado fuentes del gabinete de Imanol Pradales.
El Gobierno Vasco ya había aplicado a Carasatorre el 100.2 pero fue revocado por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. El etarra recurrió ante la Audiencia Nacional, que ratificó la revocación fundamentalmente porque la resolución del Gobierno Vasco no iba acompañada de un plan de ejecución, tal y como exige el 100.2.
La AN entendió que la documentación remitida "se limita a informes, oferta laboral y previsión de voluntariado, pero no consta un documento estructurado que identifique el programa, sus objetivos, su necesidad y su imposibilidad de ejecución en prisión". También señaló que la decisión de aplicar el 100.2 fue adoptada por el Centro Directivo sin una previa propuesta técnica de la Junta de Tratamiento.
El tribunal sí consideró "relevantes" los avances del recluso en relación a la buena conducta, la participación en programas, la asunción del daño causado y la evolución favorable en el tratamiento", pero precisó que esos avances no eran suficientes para cambiar su régimen penitenciario.
Fuentes del Gobierno Vasco han explicado a EFE que en esa resolución la Audiencia Nacional recogía la postura favorable de la Fiscalía a aplicar el artículo a Carasatorre y también que en futuras revisiones se podría volver a plantear el 100.2 con una "propuesta debidamente estructurada y documentada".
Por ello el Departamento de Justicia dirigido por la socialista María Jesús San José ha decidido volver a conceder el 100.2, a Carasatorre, que recientemente rechazó participar en un encuentro restaurativo solicitado por Consuelo Ordóñez, la hermana del asesinado Gregorio Ordóñez y presidenta de la asociación vasca de víctimas, Covite.
Críticas de la AVT
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha denunciado la concesión del 100.2 a estos dos presos de ETA y ha enmarcado esta decisión en "una política penitenciaria impulsada por el Gobierno Vasco que, a nuestro juicio, persigue vaciar las cárceles de presos de ETA antes de que cumplan íntegramente sus condenas".
Con estos dos nuevos 100.2, el Gobierno Vasco ha concedido "122 progresiones al tercer grado y 25 flexibilizaciones" desde que asumió la gestión de las cárceles vascas, con lo que "de los aproximadamente 120 presos de ETA que permanecen en prisión, solo 36 continúan en régimen ordinario" sin salir de la cárcel.
"Si se mantiene este ritmo, en dos o tres años apenas quedarán presos de ETA en las cárceles", ha advertido la AVT, que ha denunciado además que ayer fue informada de que dejará de recibir estas resoluciones "con la antelación suficiente para poder informar personalmente, a través de nuestro equipo de psicólogos, a las víctimas directamente afectadas antes de que conozcan estas decisiones por los medios de comunicación".
Este cambio es "inaceptable" y es además "especialmente llamativo que coincida con el reciente cambio en la presidencia de la AVT y con el endurecimiento de las críticas" a la política penitenciaria del Gobierno Vasco.
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