Trump impondrá un arancel global del 10% tras la sentencia contraria del Supremo de Estados Unidos

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado que firmará una orden para imponer un arancel global del 10% bajo la Sección 122 de la ley de comercio de 1974, que otorga al mandatario el poder de imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15%, después de conocerse hoy la decisión del Tribunal Supremo que invalida la mayoría de sus gravámenes.

“Firmaré una orden para imponer un arancel global del 10% en virtud de la Sección 122 (de la Ley de Comercio de 1974), además de los aranceles normales que ya se están cobrando. También estamos iniciando varias investigaciones en virtud de la Sección 301 y otras, para proteger a nuestro país de las prácticas comerciales desleales de otros países y empresas”, declaró Trump.

La Ley de Comercio de 1974 es una norma histórica de Estados Unidos que otorga al Presidente facultades para imponer aranceles de hasta el 15% durante períodos de 150 días.

Trump, que aseguró que cuenta con "alternativas muy poderosas" para imponer estas tarifas, explicó que va a recurrir a tres leyes que harán más compleja la implantación de los aranceles, pero que le permitirán seguir con su política económica a pesar de la decisión judicial del Supremo.

"Es un proceso un poco más largo. Intenté simplicar las cosas, pero no nos dejaron hacerlo", aseguró en su comparecencia ante la prensa apenas tres horas después de que su medida estrella haya sido parcialmente anulada por el poder judicial estadounidense.

Además de la Ley de Comercio de 1974, también mencionó la Ley de Expansión Comercial de 1962, firmada por el presidente John Fitzgerald Kennedy en plena Guerra Fría, y que le permitió ampliar la autoridad presidencial para negociar acuerdos comerciales y modificar aranceles.

También apeló a la Ley Arancelaria Hawley-Smoot de 1930 (o Smoot-Hawley), una norma estadounidense aprobada el 17 de junio de 1930, que aumentó los aranceles de importación a niveles históricamente altos, con el propósito de proteger a las industrias y agricultores estadounidenses de la competencia extranjera.

El fallo de la Corte Suprema establece que el Gobierno estadounidense no tiene facultades inherentes en tiempos de paz para imponer aranceles sobre la base de la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977 invocada por Trump como pilar de su guerra comercial, ya que considera esos gravámenes un impuesto y por lo tanto requiere la aprobación del Congreso.

El presidente, visiblemente contrariado por la decisión judicial, aseguró que "la Corte Suprema no anuló los aranceles. Simplemente anuló un uso particular de los aranceles de la IEEPA".

"Puedo hacer lo que quiera con la IEEPA, imponer un embargo total, pero no puedo cobrarle a nadie ni un dólar por ello. Es ridículo, pero no importa, porque tenemos otras maneras, muchas otras maneras", concluyó Trump.

Advirtió que en su "opinión, el tribunal ha sido influido por intereses extranjeros y por un movimiento político que es mucho más pequeño de lo que la gente podría imaginar".

Según el mandatario, los países que "han estado estafando" a EE.UU. "durante años están eufóricos" tras el dictamen, que podría significar el reembolso de unos 240.000 millones recaudados por Washington por los llamados "gravámenes recíprocos" anunciados en abril de 2025, entre otras medidas.

"El fallo del Tribunal Supremo sobre los aranceles es profundamente decepcionante, y me avergüenza la actitud de ciertos miembros de la Corte, absolutamente me avergüenza que no tengan el valor de hacer lo que es correcto para nuestro país", dijo el presidente desde la Casa Blanca.

Decisión del Supremo

La Corte Suprema de EEUU declaró este viernes que el Gobierno estadounidense se extralimitó en los poderes de emergencia invocados por el presidente Donald Trump para imponer gran parte de sus aranceles a los socios comerciales, en un duro revés a la política arancelaria del mandatario.

Con una mayoría clara de 6-3, el Supremo, pese a contar con mayoría conservadora, le sirvió al republicano uno de los primeros grandes reveses de su segundo mandato, un giro en la tendencia hasta ahora favorable al mandatario en otros temas clave de su agenda.

En representación de la mayoría, el presidente del Tribunal, John Roberts, indicó que el Gobierno no tiene facultades inherentes en tiempos de paz para imponer aranceles con base a la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977 invocada por Trump como pilar de su guerra comercial.

En su fallo, el Supremo considera que el uso de esta legislación por Trump supondría una delegación excesivamente amplia del poder tributario que la Constitución reserva al Congreso, ya que el Alto Tribunal considera que los aranceles son un tipo de impuesto a los ciudadanos.

Las voces del disenso fueron las de los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh. Los tres jueces consideran que no se debe limitar al presidente en estas cuestiones pues consideran que la IEEPA puede usarse en temas de política exterior, lo cual aplica en este caso.

Esta decisión en contra de los poderes de Trump para declarar aranceles no impide que el republicano imponga gravámenes bajo otras leyes.

Funcionarios de la Administración ya han dicho que esperan mantener el marco arancelario del presidente con otros basamentos legales, aunque no está claro si aquellos importadores que han pagado por los altos aranceles impuestos por la Administración podrán solicitar y recibir reembolsos, equivalentes a varios miles de millones de dólares.

Trump ha insistido en que sería "muy decepcionante" que el Tribunal Supremo considerara ilegal la implementación de gran parte de los aranceles, que según él, son la clave del éxito económico que está cosechando su Administración y para presionar en materia de política exterior a otras naciones.

También ha reconocido que sería "prácticamente imposible" devolver los cantidades cobradas a los importadores.

El pasado agosto, tras una demanda de dos pequeñas empresas importadoras, una corte de apelaciones del Circuito Federal estimó que Trump no tenía derecho a imponer los llamados "aranceles recíprocos", que oscilan entre el 50% que pagan Brasil y la India y la base mínima del 10 % que soportan el Reino Unido o la mayoría de países de Latinoamérica.

El tribunal estimó que tampoco tenía autoridad para implementar el gravamen del 25% impuesto a algunos productos de Canadá, China y México por lo que, Washington considera, esfuerzos insuficientes para frenar la entrada de fentanilo a EEUU Sin embargo, evitó congelar la aplicación de aranceles para dar tiempo a que el Gobierno Federal llevara la causa al Supremo. Supremo.

Las empresas piden indemnizaciones

La asociación de pequeñas empresas de Estados Unidos "Pagamos los aranceles" ("We Pay the Tariffs") reaccionó este viernes a la decisión del Tribunal Supremo y consideraron que la administración debe indemnizar a las compañías afectadas.

Dan Anthony, director ejecutivo del grupo, declaró que "una victoria legal carece de sentido sin un alivio real para las empresas que pagaron estos aranceles".

La asociación, una de las que más ha batallado y desafiado la decisión de Trump sobre las tarifas, exige una compensación por los perjuicios económicos, aunque, por el momento, no esté claro cómo puedan valorarse los daños.

Por su parte, Scott Lincicome, vicepresidente del Centro de Estudios de Política Comercial del Instituto Cato, afirmó que la decisión de la Corte Suprema "es una buena noticia para los importadores estadounidenses" y la economía estadounidense.

Lincicome, uno de los expertos de la oposición conservadora estadounidense a los aranceles, aseguró que "el gobierno federal debe reembolsar las decenas de miles de millones de dólares en aranceles aduaneros" que invocaron la ley de emergencia económica de 1977 invalidada hoy por el Supremo, que incluyen aranceles a México y China por su rol en el tráfico de fentanilo. "Ese proceso de reembolso podría ser sencillo, pero parece más probable que se requieran más litigios y trámites", concluyó Lincicome.

También la Federación Nacional de Minoristas de Estados Unidos se pronunció tras conocer el fallo del Supremo y mostró su satisfacción con la decisión. "Proporciona una certeza muy necesaria para las empresas y fabricantes estadounidenses", declaró David French, vicepresidente ejecutivo de relaciones gubernamentales del grupo. Y añadió que las devoluciones de las cantidades perdidas "servirán como un impulso económico y permitirán a las empresas reinvertir en sus operaciones, sus empleados y sus clientes".

Aunque resulta muy complicado calcular el importe total de las posibles devoluciones, la consultora Capital Economics considera que las peticiones de reembolso de las empresas podrían ascender a 120.000 millones de dólares, según informa The New York Times.

Reacción de Bruselas

Tras el fallo, la Comisión Europea ha pedido este viernes a Washington que reduzca los aranceles. "Las empresas de ambos lados del Atlántico dependen de la estabilidad y la previsibilidad de la relación comercial. Por lo tanto, seguiremos abogando por aranceles bajos y trabajando para reducirlos", señala el portavoz de Comercio del Ejecutivo Comunitario, Olof Gil, en un comunicado.

El portavoz añade que Bruselas está analizando la sentencia y que está en contacto con la Administración estadounidense para saber cómo pretende aplicarla.

Con el objetivo de minimizar los efectos de los aranceles y evitar una guerra comercial, Bruselas y Washington firmaron en verano un acuerdo por el que la UE aceptó un gravamen general del 15%, a cambio de que Estados Unidos exportase sus bienes industriales libres de aranceles.

Desde entonces, una gran mayoría de productos europeos están sujetos a un arancel del 15%, pero la UE aún no aplica el 0% a los bienes estadounidenses, porque el Parlamento Europeo todavía no ha ratificado el acuerdo.

La comisión de Comercio de la Eurocámara tiene previsto votar el pacto el próximo martes pero, tras el fallo de hoy, el presidente del comité, el socialdemócrata Bernd Lange, ha convocado a los eurodiputados a una reunión el lunes para analizar las implicaciones de la sentencia.

"Tenemos que evaluar minuciosamente la sentencia y las consecuencias", dijo Lange en un mensaje en redes sociales, en el que también aseguró que "los jueces han demostrado que ni siquiera un presidente estadounidense actúa en un vacío legal" y que "la era de los aranceles ilimitados y arbirtarios, imposibles de imponer por el presidente, podría estar llegado a su fin".

Esta decisión en contra de los poderes de Trump para declarar aranceles no impide que el republicano imponga gravámenes bajo otras leyes.

Funcionarios de la Administración estadounidense ya han dicho que esperan mantener el marco arancelario del presidente en función de otras normas legales, aunque no está claro si aquellos importadores que han pagado por los altos aranceles impuestos por la Administración podrán solicitar y recibir reembolsos, equivalentes a varios miles de millones de dólares.