La obligatoriedad de llevar la baliza V16 se enfrenta a un nuevo debate en el ámbito europeo. La Comisión Europea ha confirmado este viernes que el Gobierno de España no notificó a Bruselas la normativa para imponer este dispositivo de preseñalización conectado en todos los vehículos.
La Comisión ha realizado estas afirmaciones en respuesta a una pregunta parlamentaria de la vicepresidenta del Partido Popular Europeo (PPE), Dolores Montserrat, y ha señalado que la imposición de la baliza puede afectar al mercado interior, ya que la introducción de requisitos técnicos nacionales específicos “puede constituir una medida de efecto equivalente a una restricción del comercio”.
El vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Stéphane Séjourné, ha señalado que los Reales Decretos respectivos a la aplicación de la normativa de la baliza V16 "no han sido notificados con arreglo al procedimiento de la Directiva (UE) 2015/1535”, que obliga a los estados miembros de la UE a informar a los organismos europeos en materia de legislación referente a reglamentos técnicos.
La legislación europea exige que los gobiernos trasladen a la Comisión los proyectos de reglamento técnico antes de poder ser aplicados en el territorio, por lo que la falta de notificación al organismo puede tener consecuencias jurídicas relevantes. Entre ellas, la formalización de una infracción contra España, y a nivel comunitario, la posibilidad de que los jueces españoles no apliquen la normativa.
"Si los Estados miembros no cumplen su obligación de comunicar los proyectos de reglamentos técnicos, la Comisión puede adoptar medidas de ejecución con arreglo al artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea", detalla la respuesta parlamentaria.
Desde Bruselas también se subraya que la señalización de emergencia en carretera no está armonizada a escala europea y que, en principio, cada Estado tiene la potestad de establecer sus propias normativas. No obstante, la imposición de requisitos técnicos sobre un dispositivo concreto puede traducirse a una restricción del comercio intraeuropeo, y debe evaluado para determinar si es compatible con el Derecho de la UE.
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