La OCU exige a Puente que garantice las indemnizaciones inmediatas por retrasos de trenes

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha exigido este lunes al Gobierno que garantice aplicación inmediata de las indemnizaciones por retrasos de 15 y 30 minutos en los servicios ferroviario de alta velocidad y larga distancia.

OCU ha informado en un comunicado que ha remitido una carta al Ministro de Transportes para expresar "su profunda preocupación" ante el incumplimiento del mandato legal que obliga a restablecer las indemnizaciones por retrasos ferroviarios de 15 y 30 minutos desde el 1 de enero de 2026, tal y como establece la Disposición Adicional Trigésima Primera de la Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible.

OCU recuerda que, durante más de dos décadas, Renfe mantuvo un compromiso comercial que devolvía el 50 % del precio del billete por retrasos de 15 minutos y el 100 % por retrasos de 30 minutos, situando a España entre los países con mayor protección para los viajeros ferroviarios.

Sin embargo, este estándar fue rebajado en 2024 con la entrada de nuevos operadores, sustituyéndolo por el sistema 50/90 minutos, que ha sido corregido por la Ley 9/2025 que ordena recuperar el régimen histórico a partir de este año.

A pesar de ello, OCU denuncia que el ministerio "se excusa en el desarrollo reglamentario, no necesario, para exigir su cumplimiento, lo que está impidiendo que miles de usuarios reciban las compensaciones que la ley ya reconoce".

Renfe, por su parte, continúa aplicando el sistema 50/90 minutos, y tanto la operadora pública como Iryo han anunciado la suspensión temporal de sus compromisos voluntarios de puntualidad, lo que reduce aún más la protección al consumidor.

Además, han anunciado que con motivo de las reducciones de velocidad aplicadas por Adif en determinados tramos, suspenden sus compromisos de puntualidad, negando incluso las indemnizaciones establecidas en el reglamento europeo.

OCU considera que esta situación supone un incumplimiento evidente de una obligación legal, por lo que solicita al ministro de Transportes, Óscar Puente, la publicación inmediata del desarrollo reglamentario; un calendario público de ejecución, transparente y verificable, e instrucciones claras a Renfe para garantizar el cumplimiento del mandato legal.