El TSJ valenciano confirma su decisión de no investigar a Mazón en la causa de la dana

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha desestimado por unanimidad los recursos de súplica presentados por varias acusaciones y ha confirmado su decisión de no investigar al expresident Carlos Mazón por su actuación durante la dana de 2024.

Así lo ha decidido el pleno de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV en un auto hecho público este lunes que ratifica íntegramente, y de conformidad con el informe del fiscal, el auto que ya dictó el Alto Tribunal valenciano el pasado 16 de marzo tras la exposición razonada que había planteado la jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la tragedia que dejó 230 víctimas mortales.

"La defensa de la exposición razonada que todos los recurrentes -principales y adhesivos- hacen en sus escritos no llega al extremo de proporcionar razones bastantes de la equivocación de la Sala a la hora de valorar y concluir sobre la posición de garante del aforado y la existencia de indicios serios y fundados que conduzcan a la competencia de la Sala”, según el auto notificado ya a las partes.

Asimismo, los magistrados desestiman la solicitud de no aplicar la prerrogativa del aforamiento a Mazón pues no aprecian en su adquisición de la condición de diputado en Les Corts “abuso de derecho alguno”.

En esta nueva resolución, el TSJCV repite que no aprecia los indicios de delito sólidos y cualificados que requiere la jurisprudencia en cuanto a la supuesta participación activa de Mazón en el envío del mensaje de alerta Es-Alert a la población aquel 29 de octubre.

El auto hecho público este lunes desestima también el resto de las alegaciones de los recurrentes y reitera los argumentos ya expuestos en el auto del 16 de marzo y que confluyeron en su decisión de declarar la incompetencia del TSJCV para investigar a Mazón.

Se alude, en ese caso, a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y se insiste en que el análisis de las normas autonómicas “pone de manifiesto inequívocamente” que al entonces jefe del Consell “no se le atribuía un deber jurídico de actuación” en la gestión de la emergencia, y por tanto no tenía la posición de garante.