Todas las asociaciones judiciales, salvo Juezas y Jueces para la Democracia, han trasladado este martes a la Comisión Europea su preocupación por las "declaraciones políticas" que "deslegitiman" a jueces y tribunales, así como por el incumplimiento de la recomendación relativa a la reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Una delegación de la Comisión Europea, de visita en España para abordar el informe sobre el Estado de derecho 2026, se ha reunido este martes con las principales asociaciones judiciales.
En un comunicado, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha explicado que durante el encuentro ha expresado su preocupación por el deterioro de las garantías del Estado de derecho en España y ha alertado de la ausencia de mejoras estructurales en independencia judicial, contrapesos institucionales y dotación de medios.
La APM ha señalado el incumplimiento de la recomendación europea relativa a la reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial y ha recordado que, pese a la renovación del órgano, no se ha modificado el modelo de designación parlamentaria de sus miembros.
Esta asociación también ha trasladado su inquietud por determinadas declaraciones políticas que "deslegitiman genéricamente a jueces y tribunales", por la falta de avances reales en la autonomía del Ministerio Fiscal y por la necesidad de preservar una clara delimitación entre jurisdicción constitucional y jurisdicción ordinaria.
Asimismo, ha expresado su preocupación por las reformas anunciadas sobre el acceso a las carreras judicial y fiscal, al considerar que desplazan el control de los procesos de selección hacia el poder ejecutivo.
En cuanto a la implantación de los Tribunales de Instancia, la APM ha advertido de "serias disfunciones organizativas" derivadas de una reorganización sin inversión proporcional en jueces, personal, infraestructuras y tecnología.
Por su parte, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha advertido del riesgo de injerencia política en el Poder Judicial que suponen determinadas iniciativas legislativas y organizativas recientes, como la nueva organización de la oficina judicial.
También ha manifestado su preocupación por la falta de avances reales en la adaptación del sistema de elección de los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial a los estándares europeos.
Ha criticado la reforma del acceso a las carreras judicial y fiscal y ha advertido de que cualquier reforma que reduzca el peso de las pruebas objetivas en favor de mecanismos subjetivos o discrecionales "podría erosionar la confianza ciudadana en la imparcialidad del sistema judicial y abrir espacios de politización".
En relación a los tribunales de instancia, ha advertido de disfunciones organizativas, plazas vacantes sin cubrir y una creciente complejidad en la transición.
También ha expresado su "profunda preocupación" por las "reiteradas" declaraciones públicas de representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo que "cuestionan" resoluciones judiciales o atribuyen motivaciones políticas a los jueces.
Desde Foro Judicial Independiente, su presidente Roberto García Ceniceros ha señalado a EFE que han sido muy críticos con la situación del CGPJ y con que no haya previsión alguna de la reforma en la elección de los vocales que la propia Comisión exigió en su día.
También han destacado los "ataques constantes" al Poder Judicial por representantes políticos, más allá de críticas constructivas de sus resoluciones y han criticado que la implantación de los tribunales de instancia ha sido "precipitada, acelerada y sin medios suficientes".
"Hemos mencionado que el Gobierno incumple el acuerdo de 2023 en materia de retribuciones, y que es necesario actualizar aspectos retributivos como guardias y complementos de destino y otros", ha señalado, al tiempo que ha pedido que la Comisión sea más exigente en materia de limitación de puertas giratorias.
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