La jueza de la dana no niega la participación de su marido en la instrucción pero rechaza ser recusada

La jueza Nuria Ruiz Tobarra, que instruye la causa penal sobre la dana, ha acordado no admitir a trámite los incidentes para recusarla por "falta de imparcialidad y obstrucción", entre otros delitos, presentados por el abogado Rubén Gisbert, quien ha denunciado la participación de su marido en la instrucción, de forma evidentemente irregular, algo que ella misma no ha negado.

De esta forma, ha declarado la nulidad de las actuaciones presentados por un acusación particular, al considerar que es "un fraude procesal" para intentar apartarla con "toda clase de argumentos burdos e inconexos" y un "memorial de agravios".

Según Gisbert, el marido de la jueza, Jorge Martínez Ribera, también magistrado, estuvo presente en varias sesiones celebradas en la Ciudad de la Justicia de Valencia, le dio indicaciones, hizo preguntas a los declarantes e incluso llegó a sustituirla en alguna ocasión, aunque las actas fueran firmadas por ella. Esta acusación se fundamentó en audios y en chats de WhatsApp de familiares corroborando esta versión.

En el auto facilitado este lunes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la instructora no entra en nada de todo esto y afirma categóricamente que es una petición de recusación en un escrito "carente de sentido alguno", que constituye "fraude procesal", no cumple los requisitos formales y "no se identifica ninguna de las causas legales".

La jueza afirma, sin ahorrarse calificativos, que el escrito del letrado "rezuma desprecio, no solo profesional, sino una inquina personal" y una "absoluta animosidad" hacia la jueza, expone el auto, además de ser "una mezcolanza de ideas" que sitúan en "una realidad paralela, procesal y fáctica, en la que se obvian principios básicos del ordenamiento procesal" y el objetivo principal es que desaparezcan todas las actuaciones procesales.

La instructora, además, afirma que el letrado de esta acusación (de la asociación 'Solo el pueblo salva al pueblo' y que representa a ocho familias en la causa judicial de esta tragedia) actúa como si fuera una defensa, quizá por la "rendida admiración que profesa" al abogado que defiende a la exconsellera de Interior e imputada en esta causa, Salomé Pradas, y que la sitúa a ella como responsable "de toda ristra de delitos en una enumeración sin fin".

Ruiz Tobarra le acusa de "falta de respeto" a los familiares de las víctimas mortales al pretender que vuelvan a contar "el calvario que sufrieron" y que se haga "tabla rasa" en la instrucción, mientras por otra parte ha pedido la prórroga, y asegura que esa voluntad de "dinamitar el procedimiento", que no es propia de una acusación, "choca con la simple aplicación de la ley".

La jueza reivindica que está llevando a cabo "una amplia instrucción" y cuestiona la "escasísima asistencia, presencial o telemática" del letrado a las numerosas declaraciones testificales, que han superado el medio millar, así como el "magro resultado" de su actuación en el proceso.

Afirma que "es comprensible la frustración profesional" de Gisbert por "su nulo éxito en las únicas pretensiones que ha formulado", pero no "que se torne en un torrente de descalificaciones, a cada cual más gruesa" hacia la jueza, en un "absurdo escrito" en el que llega a aludir a su estado mental, algo propio de "regímenes totalitarios".