El punto de partida de cualquier análisis de los cárteles del narcotráfico y del crimen organizado en México es muy simple de explicar: ninguna organización criminal puede nacer, crecer y multiplicarse si no es con el apoyo por omisión o por comisión del aparato gubernamental del poder en cualquiera de sus niveles, municipal, estatal y federal.
El cártel celular de Guadalajara en 1984 --punto de partida de modernización de los traficantes entonces de marihuana-- se consolidó con el apoyo de la Dirección Federal de Seguridad de la Secretaría de Gobernación --la policía política del Estado mexicano en el Ministerio del Interior-- y muchos años después el Cártel de Jalisco Nueva Generación pudo florecer al amparo de la estrategia del presidente López Obrador de enfrentarlos con “abrazos, no balazos”.
Han sido 42 años en los que el crimen organizado específicamente del tráfico de drogas apareció en la estructura criminal y de poder del Estado mexicano, sin que ninguna estrategia gubernamental se haya planteado en la realidad la decisión de combatirlo desde el aparato público.
La otra parte de la fórmula la definió con mucha claridad y sin ninguna experiencia en estrategia criminal el Premio Nobel de Economía Milton Friedman, segundo padre del neoliberalismo económico: la demanda determina la oferta. Y a principios de año, el presidente Donald Trump emitió una directiva gubernamental oficial para reiterar su decisión de combatir el tráfico de drogas, pero en el documento reconoció lo que pocas veces sea establecido alto nivel gubernamental: la existencia de 48.7 millones de adictos estadounidenses, es decir, de consumidores que no tienen remedio y que necesitan todos los días sus dosis de droga.
La existencia de 48.7 millones de adictos extremos solo en Estados Unidos se debe completar con los millones --dicen que una cantidad similar-- de consumidores que no pasan por los mecanismos de supervisión oficial en materia de salud o que no requieren hospitalización. Los 48. 7 millones representan el 15% de la población total de Estados Unidos, casi el 40% de la población total de México y desde luego casi la totalidad de la población española.
Ahí está el problema. Y luego vienen los conflictos adicionales: el poder económico del tráfico de drogas que puede significar en términos brutos 400,000 millones de dólares anuales se convierte en un atractivo gubernamental y social y todos quisieran su parte del pastel. Y para cerrar círculo, los productores y traficantes de droga necesitan estructuras delictivas para protegerse, para imponer su ley del más fuerte, para combatir a otros cárteles y para expandir sus zonas territoriales, y ahí ocurre el gravísimo problema del acceso fácil a las armas por parte del narcotráfico, gracias a la segunda enmienda de Estados Unidos que permite la libertad de venta de armas de fuego pero también a la corrupción gubernamental que convierte al Gobierno de Washington en el principal contrabandista de armas en el mundo.
Estados Unidos comenzó a enfrentar el problema del tráfico de drogas cuando tuvo que hacer uso de ellas en las guerras extra fronteras porque era la única manera de mantener activas a las tropas invasoras, y hay que recordar que el origen del tráfico de cocaína comenzó en el territorio militar de EE UU en Vietnam. E inclusive existen investigaciones mexicanas que revelan el nacimiento de los principales cárteles de marihuana y cocaína en México en el tráfico controlado por autoridades estadounidenses.
En mayo de 1984 el columnista mexicano Manuel Buendía publicó en el periódico Excelsior dos columnas alertando la existencia de bandas de marihuaneros que habían desplazado ya a los campesinos sembradores de alimentos y en sus textos adelantó que las bandas de narcos estaban protegidas por autoridades policiacas, políticas, judiciales y gubernamentales de los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal. Y en pláticas con colegas, Buendía dijo que contaba con información de nombres de funcionarios y que los publicaría. El 30 de mayo, el columnista fue asesinado a balazos en la entonces popular zona comercial de clase media alta conocida como Zona Rosa, y por alguna razón algunos de los varios gobiernos posteriores acusaron de autor intelectual de ese asesinato nada menos que al que en 1984 era director de la Federal de Seguridad o jefe de la policía política del Estado que dependía de manera directa del secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz.
Diagnosticada la enfermedad del narcotráfico a través del virus de las primeras bandas de marihuaneros y luego cárteles en modelo de mercado de otras drogas duras, ningún gobierno mexicano tuvo el compromiso directo de combatir con decisión a ese cáncer en modo de metástasis social. Los cárteles del Chapo y del “Señor Mencho” --el de Sinaloa y el de Jalisco-- hoy funcionan como grandes corporaciones de poder económico, armado y político.
Las cárceles mexicanas y ahora las de Estados Unidos están repletas de jefes de cárteles o bandas dedicadas al narcotráfico, y destacan, inclusive, nombres de grandes capos que se convirtieron en leyenda: el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada, y otros jefes del narco fueron muertos en acciones policiacas.
Pero el problema del narcotráfico no solo sigue latente sino que mantiene su ritmo de crecimiento como poder confrontativo del Estado, aunque tenga protección de ese mismo Estado. Los jefes máximos del cártel de Sinaloa están presos en Estados Unidos pero sus organizaciones criminales continúan con poder consolidado. Y lo mismo ocurre con la estructura vigente del Cártel Jalisco.
Mientras las autoridades del Estado no tomen la decisión de desmantelar las estructuras de los cárteles, el crimen organizado alrededor de la droga seguirá siendo el problema número 1 de México y del mundo.
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