¿Cuánto durará la guerra de Irán? Esa es la pregunta que agita las conciencias en todo el mundo, a medida que los ciudadanos observan con terror los efectos devastadores de las bombas sobre la población civil inocente.
“Ya está prácticamente terminada”, aseguraba el presidente de EEUU, Donald Trump. Al margen del errático comportamiento público del rubicundo mandatario, y del lógico escepticismo que deben despertar estas declaraciones en cualquier observador imparcial, sus palabras sentaban como un bálsamo en los mercados financieros: Wall Street cerró el lunes en verde, los mercados asiáticos rebotaban, al igual que las bolsas europeas, al tiempo que el precio del petróleo se relajaba. Un alivio que no despeja del todo las inquietudes sobre una guerra que afecta al suministro energético mundial. Y que amenaza con golpear duramente el bolsillo de los ciudadanos.
No en vano, numerosos gobiernos ya han tomado decisiones ejecutivas para intentar paliar el efecto del encarecimiento del petróleo y el gas a causa de la guerra, y el subsiguiente aumento de los precios al consumo.
¿Y el Gobierno español? ¿Qué está haciendo el Gobierno español? De tener razón Donald Trump, el final de la guerra puede pillarle reunido con algún diputado de Compromís o de Chunta Aragonesista. Este mismo martes, tras el Consejo de Ministros, el Ejecutivo español anunciaba un “carrusel” de reuniones con todos los grupos parlamentarios, con sindicatos, empresarios y asociaciones, para intentar alcanzar un acuerdo sobre qué medidas tomar para paliar el efecto de la guerra de Irán sobre la economía española.
Esta “decisión” muestra a las claras que España tiene un poder Ejecutivo sin capacidades ejecutivas, incapaz de promover otra cosa que no sean eslóganes falsos como el “no a la guerra”, o rondas de reuniones para conseguir mayorías ficticias en el Congreso de los Diputados, a cambio de nuevas concesiones a la turbamulta de formaciones de izquierda, nacionalistas y secesionistas que lo sustentan.
Tampoco tiene prisa. Pase lo que pase, Hacienda gana. El ministerio de María Jesús Montero es incapaz de rebajar el impuesto para los carburantes en un momento como este, de emergencia mundial. Mientras los mercados mundiales de la energía colapsan, el Gobierno saca rédito. Entre el IVA y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos se lleva la mitad, el 50% sobre el precio final de los carburantes, como recordaba este mismo martes la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Un negocio tan suculento que casi se entiende la falta de diligencia de este martes en el Consejo de Ministros. La mejor medida, como ha resaltado la ministra portavoz, es el “no a la guerra”.
Si (
No(
