Sánchez cuela el cierre nuclear en el decreto de ayudas por la guerra de Irán

El 70% de las medidas incluidas en el decreto anticrisis del Gobierno por la guerra de Irán no guardan relación con la guerra de Irán. Aunque el Ejecutivo lo presenta como un paquete urgente de ayudas para paliar el impacto del encarecimiento de la energía, el PP ha revelado que la norma incluye un amplio conjunto de medidas electoralistas que van mucho más allá de la coyuntura internacional.

El decreto, aprobado en el Consejo de Ministros extraordinario del pasado viernes, contiene, en su vertiente más visible, rebajas fiscales y ayudas directas destinadas a amortiguar la subida de precios de la electricidad, el gas o los carburantes. Entre ellas destacan la reducción del IVA energético, la bajada de impuestos especiales y ayudas específicas para determinados sectores profesionales. Estas iniciativas responden directamente al contexto de crisis energética provocado por la inestabilidad en Oriente Medio y constituyen aproximadamente un 30% del total del paquete.

Sin embargo, la mayor parte del decreto -en torno al 70%- incorpora reformas de alcance más permanente. Estas medidas estructurales, que podrían mantenerse incluso cuando desaparezcan las circunstancias excepcionales que justifican el decreto, han generado críticas por parte de la oposición, que considera que el Gobierno está utilizando esta vía legislativa para sortear la falta de mayoría parlamentaria, como ya hizo con la guerra de Ucrania, la erupción de La Palma o la dana de Valencia.

Uno de los aspectos más controvertidos es la modificación de partidas asociadas a los Presupuestos Generales del Estado. El texto introduce cambios que eliminan ciertas limitaciones al uso de créditos presupuestarios, lo que permitiría al Ejecutivo ampliar el gasto en determinadas partidas sin necesidad de una nueva aprobación parlamentaria. En concreto, se flexibilizan las reglas para financiar ampliaciones de crédito en áreas como las pensiones, las prestaciones sociales y la Seguridad Social.

Esta modificación abre la puerta a incrementar el "gasto social", incluyendo la financiación de complementos de pensiones mínimas, prestaciones no contributivas y el ingreso mínimo vital. Desde el Gobierno, estas medidas se enmarcan en el refuerzo del Estado del bienestar en un contexto de inflación y pérdida de poder adquisitivo. No obstante, desde la oposición se advierte de que esta mayor discrecionalidad en el gasto podría tener un componente político, especialmente en un contexto preelectoral, al permitir destinar recursos públicos a iniciativas con impacto electoral sin pasar por el Congreso.

Otro de los ejes clave del decreto se sitúa en el ámbito energético, donde se introducen cambios relevantes que afectan al futuro del parque nuclear en España. En particular, la norma modifica el marco de los llamados "nudos de transición justa", es decir, los puntos de acceso a la red eléctrica que quedan disponibles tras el cierre de centrales energéticas.

Hasta ahora, la lista de estos nudos estaba cerrada, pero el decreto permite al Gobierno ampliarla mediante acuerdo del Consejo de Ministros. Esta modificación incluye explícitamente a las centrales nucleares, además de las térmicas, lo que supone un paso significativo en la planificación del cierre progresivo de estas instalaciones. Asimismo, se amplía el alcance geográfico de estos nudos, permitiendo incluir infraestructuras situadas en un radio de hasta 50 kilómetros.

Este cambio facilita la reasignación de capacidad eléctrica a nuevos proyectos, principalmente de energías renovables, con el objetivo de compensar el impacto económico y laboral del cierre de las centrales. Sin embargo, también refuerza la capacidad del Ejecutivo para decidir qué proyectos pueden acceder a la red en estas zonas, lo que ha suscitado críticas por un posible aumento del control gubernamental sobre la planificación energética.

En la práctica, esta medida tiene implicaciones directas sobre el futuro de centrales nucleares concretas, como la de Almaraz, cuyo cierre o prórroga sigue pendiente de decisiones técnicas y políticas. El decreto se interpreta como un movimiento para preparar el terreno ante un eventual cierre, en línea con la estrategia del Gobierno de avanzar hacia un modelo energético basado en fuentes renovables.

Además de estas medidas, el decreto incorpora otras disposiciones orientadas a reforzar el sistema eléctrico y ordenar el desarrollo de nuevos proyectos energéticos. Entre ellas se incluyen mecanismos para evitar la especulación en el acceso a la red, mediante mayores requisitos y controles a los promotores, así como la priorización de iniciativas con mayor impacto económico y social.

También se impulsa el desarrollo de tecnologías limpias, como el hidrógeno o los gases renovables, y se establecen instrumentos de apoyo a la inversión industrial en sectores de bajas emisiones. A ello se suma la ampliación de plazos administrativos para evitar la paralización de proyectos renovables en tramitación y medidas para mejorar la supervisión y la fiabilidad del sistema eléctrico.

En el plano político, el decreto cuenta con apoyos suficientes para salir adelante, aunque no exento de controversia. Algunos grupos parlamentarios, como Junts, han anunciado su respaldo, mientras que el PP mantiene sus sospechas y exige modificaciones. Entre sus demandas figura la deflactación del IRPF para compensar el efecto de la inflación sobre las rentas, una medida que no ha sido incluida en el texto.