Las encuestas que acaban de publicarse sobre las elecciones andaluzas confirman que el PP de Juanma Moreno mantendría, quizás por los pelos, su mayoría absoluta y el PSOE de María Jesús Montero sufriría una derrota histórica en uno de los feudos socialistas. Se acentuaría así el trastazo socialista sufrido en Extremadura, Aragón y Castilla Y León. Pedro Sánchez, con o sin la pancarta del “No a la guerra”, se hunde irremediablemente. De ahí, que incluso la remodelación del Gobierno se haya basado en la búsqueda de votantes al dar un bandazo ideológico hacia el centro, una vez invadida toda la izquierda con el desmoronamiento de Podemos y Sumar. Pero, ni por esas. El presidente ya sabe que sólo mediante la compra masiva de votos, como los de los inmigrantes nacionalizados y los descendientes de exiliados de la guerra, entre otros, puede continuar en La Moncloa.
Pedro Sánchez no gobierna. No puede por su absoluta minoría parlamentaria, por la tocata y fuga de sus socios de investidura y por sus trampas al intentar colar en el Congreso de los Diputados los llamados decretos ómnibus que ya a nadie engañan. A este paso, no será capaz de aprobar ni el cacareado escudo social. Menos aún, los presupuestos. De ahí, que dedique todos sus esfuerzos en abonar el terreno para salir airoso de las urnas en 2027 con la esperanza de crear otro Gobierno Frankenstein. Porque buena parte del dinero de los contribuyentes se dedica a esa compra de votos. No al mantenimiento de la red ferroviaria, ni a asfaltar las carreteras agujereadas, ni a ayudar a los damnificados por las catástrofes naturales como la del volcán de La Palma o de la dana de Valencia, cuyas víctimas todavía esperan recibir las ayudas prometidas.
En efecto, lo que de verdad le importa y a lo que dedica todo su tiempo Pedro Sánchez es la compra de votos. Busca exprimir a las clases medias y trabajadoras para crear una nueva clase dependiente de las ayudas del Estado, cuya supervivencia dependa directamente de su Gobierno. Ha fracasado en la gestión de lo público y ya nada funciona en la Administración española, pero cree que puede disfrazar de solidaridad con los desfavorecidos lo que es puro interés electoralista. Con el dinero de todos, el presidente fía la etapa final de su legislatura a comprar voluntades a costa del erario público.