Los intolerables ataques del Gobierno a la Justicia

El Gobierno ha protagonizado un nuevo episodio de intolerable intromisión en la labor del Poder Judicial, una peligrosa deriva populista con la que el ‘sanchismo’ ha coqueteado a lo largo de su desangelada legislatura, cada vez con mayor insistencia, a medida en que los casos de corrupción asedian al entorno más próximo del presidente.

Varios ministros han emprendido un ataque personal contra el juez Peinado después de que terminase su instrucción del ‘caso Begoña’, que señala a la esposa del presidente del Gobierno como presunta culpable de cuatro delitos que habría cometido “utilizando el palacio de La Moncloa para sus negocios particulares”.

En rueda de prensa desde el Palacio de la Moncloa el propio ministro de Justicia se permitía lanzar dardos contra Peinado, flanqueado por el ministro Puente y la ministra portavoz del Gobierno, en un intento de embarrar la causa que pesa sobre la mujer del presidente.

Pero estos ataques ignoran que la Audiencia de Madrid ha respaldado la investigación del juez Peinado en lo fundamental, a pesar de las revocaciones y enmiendas sobre la misma, algo que, lejos de menoscabar la autoridad de Peinado, la refuerza, porque el sistema judicial ha funcionado con todas las garantías en el proceso que afecta a Begoña Gómez.

El Consejo General del Poder Judicial se veía obligado de nuevo a saltar como un resorte ante este nuevo ataque a la independencia judicial. No es la primera ocasión en que lo hace. La presión del Gobierno sobre el Poder Judicial resulta ya tan insoportable que la presidenta del organismo, Isabel Perelló se veía obligada a exigir “respeto” a las decisiones judiciales durante la apertura del presente año judicial.

Se trataba de una respuesta solemne y directa, ante el Rey Felipe VI y ante el propio ministro de Justicia, a las palabras del presidente del Gobierno, que aseguró que había jueces “haciendo política”. Perelló rechazó las “inoportunas” e “insistentes descalificaciones” a la Justicia por parte de otros poderes públicos y advirtió: “Los jueces y magistrados no obedecemos órdenes ni instrucciones de nadie”.

El control de los jueces y la Justicia ha sido una de las obsesiones del ‘sanchismo’. El Gobierno ha movido todos sus resortes para intentar dominar el CGPJ, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía General del Estado. En un primer momento, se trataba de que los jueces tragaran con la ley de amnistía preparada ad hoc para la vuelta a España de Carles Puigdemont. Ahora, a medida en que afloran los casos que salpican a Sánchez directamente, el Gobierno arrecia su presión sobre la independencia judicial y pone en el disparadero a los que se atreven a investigar los desmanes en el entorno presidencial.