Aunque sea de Perogrullo, conviene recordar que la Oposición tiene el derecho y el deber de enfrentarse al Gobierno cuando considera que se equivoca y votar en contra de las propuestas que lleguen al Congreso. Y el Gobierno tiene el derecho y el deber de legislar y buscar los apoyos necesarios para sacar adelante sus proyectos. Ahora, sin embargo, esto último resulta imposible, pues la mayoría de los escaños del Hemiciclo que representa la soberanía popular “ha cambiado de bando” y ya no apoya los delirios “progresistas” del PSOE o Sumar.
Y ante esta nueva situación, el Gobierno busca conseguir en la calle lo que es incapaz de aprobar en el Parlamento. Ahora en lugar de proponer leyes, propone movilizaciones y hasta huelgas para imponer lo que la soberanía popular ha rechazado en el Parlamento. Una postura sin precedentes, sin sentido común y contra la esencia de la democracia. Después de la nueva, y enésima derrota en el Congreso por el chapucero (y perverso) decreto para prorrogar los alquileres, a Yolanda Díaz y María Jesús Montero se les ha ocurrido convocar movilizaciones, protestas y hasta huelgas. Están rabiosas por sufrir continuas derrotas parlamentarias y ahora han “descubierto” que Junts y el PNV son de derechas, que apoyaban a Sánchez sólo para exprimirlo como a un limón, pero ya no le queda una gota de zumo.
Esa soberanía popular a la que dialécticamente recurrían para justificar sus pactos con los herederos de ETA y los golpistas catalanes no sirve desde el momento que sus propuestas no salen adelante en el Congreso. Debe ser, que cuando son derrotados, los escaños ya no representan a nadie. El Gobierno es una caricatura, una anomalía de la democracia occidental. España todavía no es una dictadura, precisamente porque se necesita el apoyo de la mayoría de los escaños para aprobar leyes. Pero, los sanchistas, además de los decretazos del Consejo de Ministros, ya maquinan para buscar fórmulas que sorteen el Congreso y puedan, como en este caso, imponer la prórroga de los alquiles despreciando el Parlamento, despreciando el voto de la soberanía popular. Pues pretenden que los propietarios pierdan todos sus derechos sobre sus propias viviendas, pero sin dejar de pagar la luz, el agua, el gas y todos los gastos de consumo de esos okupas que les han robado sus casas. Y este atentado a la propiedad privada es considerado legal y justo por Yolanda Díaz y María Jesús Montero. Así lo han explicado en los mítines de las elecciones andaluzas. Y luego se lamentan de perder los votos a chorros. Una en el canto del cisne de Sumar; la otra, en vísperas de protagonizar el peor resultado de la historia del PSOE en Andalucía.
Pedro Sánchez lo ha resumido como nadie o, mejor, como cualquier autócrata. Sólo los votantes progresistas son demócratas. El resto, no es más que una panda de fascistas, facinerosos y hasta franquistas a los que hay que combatir hasta doblegarlos por las buenas o por las malas. Porque sus votos no tienen valor. Por eso, la soberanía popular se esfuma entre decretazos y asaltos a las Instituciones. Por eso, hay que salir a incendiar las calles cuando la soberanía popular rechaza los disparates del Consejo de Ministros. La democracia es él. Y él no es otro que Pedro Sánchez.