Robles y la ministra de Sanidad discrepan sobre la cuarentena de los españoles y Clavijo exige garantías de seguridad.
El Ministerio de Sanidad está ultimando un informe jurídico para avalar, llegado el caso, la posibilidad de imponer cuarentenas obligatorias a los 14 pasajeros españoles del crucero afectado por un brote de hantavirus que se nieguen a aislarse.
Así lo han informado a EFE fuentes de Sanidad después de que la ministra de Sanidad, Mónica García, haya apelado "al sentido común y la responsabilidad" de los pasajeros, que serán trasladados al hospital Gómez Ulla de Madrid una vez se acerquen al puerto de Granadilla, al sur de Tenerife.
Mónica García ha hecho este llamamiento después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, señalase ayer que estas personas, que por ahora están todas asintomáticas, harán cuarentena en este hospital militar "siempre que voluntariamente quieran", dado que es una medida privativa de libertad.
Sin embargo, aunque la titular de Sanidad confía en que los 14 pasajeros velarán por el "cuidado de su salud y de la salud pública" y se aislarán, ha advertido de que, en cualquier caso, el Gobierno cuenta con "instrumentos legales suficientes para adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública".
Por ahora, su departamento está preparando un informe jurídico que avale legalmente la imposición de cuarentena llegado el caso.
Sanidad considera que existe un "amplio marco normativo" que le habilita para hacerlo, en primer lugar, la ley 3/1986 de medidas especiales en materia de Salud Pública, que otorga a las autoridades sanitarias de las administraciones públicas la potestad de aplicar las acciones de esta normativa cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
En su artículo segundo, la citada ley establece que "las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad".
Y en el tercero que, "con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible".
También la Ley General de Sanidad, que atribuye al Estado, con arreglo a la Constitución, la competencia exclusiva en materia de sanidad exterior, así como la potestad de coordinación de todas las administraciones ante situaciones de riesgo de incidencia nacional o internacional.
Dicha norma prevé expresamente que, "ante un riesgo inminente y extraordinario para la salud", las autoridades sanitarias podrán adoptar cuantas medidas preventivas estimen oportunas, entre ellas la cuarentena de personas infectadas o expuestas; corresponde al Gobierno tomar estas decisiones al tratarse del control de un posible riesgo para la salud derivado del tráfico internacional de viajeros y, por tanto, una actividad de sanidad exterior.
Por último, Sanidad se ampara en la Ley General de Salud Pública, que impone a las administraciones la obligación de llevar a cabo las actuaciones necesarias para gestionar los riesgos para la salud de la población, habilitando específicamente al Estado para la vigilancia de la sanidad exterior y la prevención de enfermedades en la frontera.
El Ministerio estima, no obstante, que el ejercicio de todas estas competencias "debe ajustarse al principio de proporcionalidad", como de hecho contempla la Ley General de Sanidad, que establece que las medidas adoptadas ante una situación de riesgo inminente y extraordinario deben ser proporcionadas a sus fines, han de estar debidamente motivadas y solo podrán mantenerse durante el tiempo estrictamente necesario mientras dure la situación que las justificó.
La misma norma añade que deberá darse preferencia a la colaboración voluntaria de los ciudadanos con las autoridades sanitarias, que no podrán imponerse medidas obligatorias que conlleven riesgo para la vida y que, entre las opciones disponibles, se adopten aquellas que menos perjudiquen la libre circulación de personas y bienes, la libertad de empresa y los demás derechos afectados.
Puntualiza que "es admisible realizar cuarentenas, incluso sin que haya un periodo de audiencia previa con los afectados, tal y como han avalado los tribunales" en diversas sentencias o dispone la propia Ley General de Salud Pública.
Aunque precisa que medidas como esta que acarrean limitación o restricción de derechos fundamentales quedan sujetas a la autorización o ratificación judicial; para ello, los órganos competentes suelen considerar elemento determinante que las medidas adoptadas se den en cumplimiento y con ajuste a los protocolos de actuación existentes, tanto los establecidos por la OMS como los del Ministerio de Sanidad y, en su caso, las adaptaciones específicas que correspondan.
Descoordinación y descontrol
Desde esta mañana el Gobierno ha vuelto a exhibir descoordinación y descontrol ante la crisis del crucero de hantavirus. La ministra de Defensa, Margarita Robles, explicó este miércoles que el aislamiento en el hospital militar Gómez Ulla para los catorce pasajeros españoles del crucero en el que hubo contagios de hantavirus será voluntario. Ese criterio contrasta con el de la ministra de Sanidad, Mónica García, quien trasladó que iban a ser trasladados al Gómez Ulla para guardar cuarentena "el tiempo que sea necesario".
En una entrevista este jueves en la SER, García ha apelado al "sentido común" de los 14 españoles que serán trasladados al hospital madrileño para que se sometan a la cuarentena. Si no, dice, el Gobierno dispone de "instrumentos legales" para aplicar medidas para proteger la salud pública.
La titular de Sanidad especificó, por su parte, que el Gómez Ulla había sido elegido precisamente por ser un centro militar que dispone de Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) con capacidad para, llegado el caso, aislar y tratar a los pacientes y realizar las pruebas que sean necesarias.
Sin embargo, según Robles, no serán ingresados en la unidad de infecciosos del hospital sino que estarán ubicados en habitaciones individualizadas. García, por su parte, había explicado previamente que los 14 españoles serán trasladados en avión militar a la base de Torrejón de Ardoz y, de ahí, al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, por disponer de "unidades de aislamiento de alto nivel", donde guardarán cuarentena.
En el caso de que algunos de los pasajeros españoles presente algún síntoma está previsto que ingrese en dichas unidades de aislamiento, mientras que los que permanezcan asintomáticas pasarán la cuarentena en el centro hospitalario pero en otras dependencias habitaciones, han explicado fuentes del Gobierno.
Respecto al periodo de aislamiento, dependerá de las reuniones técnicas en las que se determinará "el día cero de ese contacto" y que tendrá en cuenta el periodo de incubación del virus, que se sitúa en torno a 45 días.
Bronca con Clavijo
La ministra de Sanidad ha asegurado que múltiples llamadas demuestran que mantuvo informado desde el "minuto uno" al presidente canario, Fernando Clavijo, sobre la situación con el crucero, entre ellas en la que le comunicó de que iba a atracar en Canarias. Si bien, Clavijo se ha quejado desde hace 48 horas de falta de información y de la imposición de recibir el barco. Este jueves, ambos han mantenido una reunión en Madrid, en la que el jefe del Ejecutivo canario ha vuelto a trasladar su "desacuerdo" con que Tenerife tenga que recibir el barco, que finalmente no atracará en el puerto canario.
"Puedo enseñar las llamadas, puedo enseñar los whatsapps. Me parece absolutamente innecesario el ruido político generado alrededor de cosas que son evidentes y palmarias: las llamadas telefónicas quedan registradas. No entiendo como alguien al que acabas de llamar y con el que has estado en contacto cuatro veces durante la tarde, a la mañana siguiente niegue esas llamadas", ha dicho García en una entrevista en La 1.
El Gobierno canario, por su parte, ha exigido Sanidad garantías y protocolos "ciertos" para el personal sanitario y la población ante la llegada del crucero y ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de que arriben "muchos infectados".
El PP duda de que haya alguien "al volante"
El Partido Popular ha pedido la comparecencia de Mónica García en el Congreso y ha cuestionado que en el Gobierno de Pedro Sánchez haya "alguien al volante" en la gestión del crucero.
Así lo han asegurado varios dirigentes del partido, entre ellas la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra: "¿Hay alguien con un poco de sensatez capaz de transmitir rigor en la gestión de un asunto de salud pública? ¿Pero hay alguien al volante?", ha escrito a través de X.
Gamarra se ha referido a la voluntariedad de la cuarentena de los pasajeros españoles anunciada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y que este jueves ha matizado la ministra de Sanidad, Mónica García.
Por parte del PP también se ha referido al tema el portavoz y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, quien en una entrevista en Tele 5 ha criticado que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, no haya recibido una llamada del Gobierno para "explicarle cuál es la dimensión de la crisis".
También es "criticable", ha añadido, que este miércoles se oyera al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que nadie del Gobierno se había puesto en contacto con él.
Aunque se estén oyendo mensajes tranquilizadores de los científicos y expertos, ha añadido, el Gobierno debería compartir lo que sabe y proyectar hacia la ciudadanía "una imagen de unidad, de rigor, de seriedad".
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