La Audiencia Nacional ha dejado este jueves visto para sentencia el juicio a la familia del expresidente de Cataluña Jordi Pujol Soley por su fortuna oculta en Andorra tras 38 sesiones durante casi seis meses y después de que los acusados hayan renunciado a su derecho a la última palabra.
De 8 a 29 años de cárcel
La Fiscalía mantien su petición de 29 años de cárcel para Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente de la Generalidad, y de penas que oscilan entre los 8 y los 14 años de prisión para sus seis hermanos por el origen de la fortuna oculta en Andorra, de unos 30 millones de euros, según la UDEF.
En el trámite de conclusiones del juicio, el fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo únicamente introdujo dos modificaciones: la petición de archivo de la causa para el expresidente catalán, después de que el tribunal lo haya exonerado por demencia, y para el empresario Carles Vilarrubí, fallecido el pasado mes de diciembre.
Delitos
La Fiscalía acusa a los Pujol de los delitos de blanqueo, falsedad en documento mercantil, contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución y mantiene también el de asociación ilícita pese a que han quedado fuera de la causa los dos presuntos líderes de esa pretendida organización: Jordi Pujol Soley y su esposa Marta Ferrusola -fallecida en 2024-.
El ministerio público pide la mayor pena, de 17 años de cárcel, para el primogénito de los Pujol y su exesposa Mercè Gironès, a quienes sitúa al frente del supuesto entramado para el cobro de comisiones ilegales de empresarios con las que cree amasaron la fortuna que durante décadas mantuvieron oculta en Andorra. Les sigue Josep Pujol, para quien solicita 14 años.
Al resto de hijos del expresidente de la Generalidad -Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta-, el ministerio público les pide ocho años de cárcel y cinco para cada uno de los nueve empresarios acusados de pagar a la familia Pujol a cambio de adjudicaciones de obra pública.
Por su parte, la Abogacía del Estado ha retirado su acusación de delitos de falsedad documental contra Francesc Ribes, a quien la Fiscalía considera testaferro de los Pujol, por lo que le pide cinco años de cárcel por facilitar presuntamente el blanqueo de las comisiones ilícitas.
Las defensas, excepto alguna pequeña modificación en relato de hechos, también han mantenido sus peticiones de absolución.
El trámite de conclusiones definitivas ha seguido a los interrogatorio de los últimos empresarios que faltaban por declarar: Luis Delso, de Isolux Corsan, Josep Cornado, de Copisa, Carles Sumarroca, del grupo EMTE, y el promotor inmobiliario Alejandro Guerrero Kandler.
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