El desorden provocado por el Gobierno, dislocando las instituciones y desestructurando a la sociedad, tiene como objetivo desintegrar el Estado, con todos los efectos trágicos que tendrá para la mayor parte de los españoles, salvo para la delincuencia organizada y la cleptocracia. El Gobierno está transformando el Estado Social de Derecho en un Estado tiránico sostenible, una forma antipolítica preparada para que dominen los rasgos delincuenciales, en un desprendido traslado de funciones hasta que llegue su desaparición legal. El fin principal del PSOE consiste en rescatar el artículo 17 de la Constitución de la URSS, el derecho de las nacionalidades y regiones para que libremente se puedan separar de la Nación Española –Confederación de parias ibéricos--.
La transición terminó con el acto terrorista del 11 de marzo de 2003. El Gobierno Zapatero inició un nuevo sistema político, basado en corroer las instituciones del Estado y en extremar la tensión ideológica en la sociedad para impedir que cualquier partido nacional –defensor de la Nación-- llegara a ejercer labores de gobierno. Tiempo después, tras el paréntesis vacío del gobierno del PP, con la aparición de Sánchez se intensificará la revolución iniciada en el sistema para acabar lo antes posible con el Estado y con toda la estructura social. El Gobierno y el PSOE ejercerán el poder como si fuera el Ejecutivo de un país enemigo, convirtiéndose en un grupo ideológico detractor de lo nacional y ajeno al orden estatal. Para ocultar sus barbaridades y fechorías, el Poder hace uso permanente de la mentira y la ocultación, declarando secreto de estado lo que al Pueblo no le conviene saber. Signo evidente de que actúan contra el bien común. El secretismo esconde, sobre todo, la extensión creciente de los actos delictivos tanto institucionales como sociales. De hecho, en una parte destacable de la gestión pública fomenta el crimen y la delincuencia.
Desde su toma de poder, el Gobierno está extendiendo el desorden en la sociedad, desfigurando el Derecho para impedir que la sociedad se afirme con la imprescindible conciencia de justicia. Una parte importante de la legislación propiciada por el Gobierno --¿división de poderes?--., propicia la inseguridad y la incertidumbre, generando situaciones artificiales y falsas –derecho de situaciones— y determinando conductas. No menor importancia tiene el tipo de legislación desquiciada creada en la que está ausente la racionalidad y el sentido de justicia, a fin de que los ciudadanos no sepan lo que es propiamente el Derecho: lo recto. Se ha conseguido establecer un situacionismo introduciendo la política en el Derecho, distorsionando las funciones jurídicas, especialmente a los cuerpos que aplican las leyes --¿justas?--. Si el Derecho queda subordinado a la política, la justicia es imposible –“¿de quién depende la fiscalía?” se preguntaba retóricamente Sánchez, probablemente diciendo la única verdad pública que ha salido de su boca--. De esta manera se lleva a cabo un ejercicio de poder enteramente ideológico y revolucionario –la revolución legal (B. Leoni)—, con el propósito de acabar con el orden jurídico y, por supuesto, con la administración de justicia que pierde su auctoritas –el Derecho es autoridad, no poder--.
Una vez el colectivismo impuso de facto el nuevo sistema se dio por finalizado el consenso político. A partir de entonces se irá imponiendo definitivamente la impolítica y la antipolítica y favoreciendo el conflicto para desmembrar el orden social y extender la inseguridad, sirviéndose del Estado para implantar una tiranía cada vez más destructiva. Motivo por el cual la política se irá ausentando, dejando de existir el régimen político. Situación que creará desamparo en la sociedad, porque la política se justifica para dar seguridad a las sociedades.
Ante la incapacidad o indiferencia de la sociedad, el Estado tiende a convertirse en una organización criminal, extendiéndose la corrupción a todos los ámbitos, como si fuera una necesaria costumbre. Esta situación, tan inmoral, recibe su mayor impulso cuando el sistema se apoya en asesinos y terroristas y en delincuentes comunes que han accedido al poder; cuando el Partido en el Gobierno justifica los actos criminales, pasando los asesinos por “hombres de paz”, y se excarcela a terroristas para incorporarlos a una sociedad tan envilecida que comparte su inmoralidad; cuando se indultó a los que intentaron dar un golpe de estado, etcétera.
Un sistema tan pervertido como el español se apoya en la opinión pública, uno de los rasgos del régimen democrático. No se debe ignorar que para que el régimen democrático funcione la sociedad deberá tener un éthos fuerte, con convicciones fundadas, sin dejarse llevar por la demagogia. Desgraciadamente en el éthos de la sociedad española predomina la amoralidad y la inmoralidad. De ahí que la mentira y la hipocresía caractericen los ámbitos en que actúa la impolítica. La primera es utilizada por el poder para monopolizar la opinión y el discurso político. El Gobierno siempre miente, sus siervos saben que siempre miente y el resto de la sociedad es consciente de que nunca dice la verdad. Lo más llamativo es que la sociedad calla ante las versiones y los cambios de opinión del Gobierno, y mucha gente asume que la mentira tiene que pasar por ser la verdad. Nadie puede dudar que un sistema asentado en la mentira sólo puede ser auténticamente democrático. De la misma forma que un sistema en el que el Gobierno y los Partidos que lo sostienen no puedan ser controlados, siempre será antidemocrático. Ordinariamente el Gobierno está utilizando todos los medios a su disposición para sustraer a la sociedad y a las instituciones democráticas del poder de control sobre sus actividades. El Gobierno, contrario a toda racionalización normativa, pretende ser irresponsable, y que no pueda haber acción contra él más allá del recurso de súplica. Actitud lógica del colectivismo en el poder que sigue fielmente la estrategia nacionalsocialista de que el Estado debe estar al servicio del Partido.
Si (
No(
