Hay una frase en México que dice que tanto va el cántaro al agua hasta que se queda en el fondo. El tema de la narcopolítica mexicana fue reventado por el presidente Donald Trump al final de su segunda campaña a la presidencia y sobre todo a partir de su toma de posesión el 20 de enero del año pasado (2025). Y apenas tomando las riendas, el nuevo mandatario abrió su juego y decretó como narcoterroristas a los cárteles mexicanos de la droga.
Y en ésas nos encontramos: a lo largo de un año y cuatro meses, Trump no ha dejado pasar oportunidad para denunciar que México era un narcoestado y que los cárteles de la droga tienen el control político del territorio. El gobierno mexicano ha respondido a través de la conferencia diaria de la presidenta Sheinbaum Pardo que es acusación que no es cierta.
El pasado miércoles 29 de abril, el Departamento de Estado solicitó a México el arresto con fines de extradición del gobernador Rubén Rocha Moya y nueve coacusados por haber recibido sobornos del grupo de los chapitos (los hijos del Chapo Guzmán) y del cártel de Sinaloa y por haber pactado el apoyo delictivo a la campaña de gobernador de Rocha a mediados de 2021. El documento procesado bajo los criterios del Tratado de Extradición que es ley suprema en México aportó elementos informativos –que estarían sustentados en testimonios verificables-- en el sentido de que, en efecto, miembros del cártel se robaron urnas, ahuyentaron votantes e impusieron la victoria de Rocha como candidato del partido Morena de Andrés Manuel López Obrador.
México ejerció lo que se conoce como el “derecho al pataleo”: rechazo puramente reactivo acreditado argumentaciones políticas. Sin embargo, el procedimiento establecido por el Tratado de Extradición es muy estricto: el país solicitante exige el arresto de presuntos inculpados y la revisión de pruebas para concluir la entrega o no de presuntos delincuentes.
El caso de Rocha Díaz fue, en términos estrictos, un torpedo en el centro y debajo de la línea de flotación de la nave política gubernamental conocida como Morena. Apenas en agosto del año pasado, López Obrador como presidente en funciones y Sheinbaum Pardo como presidenta electa fueron hasta la capital del estado de Sinaloa para declarar todo su apoyo al gobernador Rocha Moya y levantarle la mano triunfadora.
En dos semanas se descompuso el panorama político de México. Mientras el gobierno respondía con argumentaciones reiteradas de que no eran suficientes las pruebas incluidas en la solicitud de arresto con fines de extradición y que se exigirían mayores evidencias, el viernes 15 de mayo de manera sorpresiva dos de los coacusados en la solicitud de Estados Unidos cruzaron la frontera y se entregaron a la justicia estadounidense para ser juzgados, horas después de que el gobernador Rocha Moya se vio obligado a solicitar licencia para dejar su cargo y preparar su defensa. Y por si fuera poco, la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno mexicano congeló las cuentas bancarias de los diez acusados y sus familiares, una decisión que no implica confirmación de delito pero revela que los congelados tendrán al que dar cuenta de cada centavo.
El problema para México está ahora en el nivel político de los indiciados: nada menos que un general de división retirado que había sido secretario de seguridad del gobernador Rocha Moya durante aproximadamente año y medio y que en acusación formal el señalado de haber recibido cien mil dólares mensuales de la banda de los hijos del Chapo Guzmán y el secretario de Finanzas del Gobierno estatal por cuyas decisiones se movieron todos los sobornos del narco para lavarlos y distribuirlos en actividades políticas.
Entre el 29 de abril y el 20 de mayo, el sistema político mexicano se cimbró por las acusaciones formales y penales del Gobierno de Estados Unidos. Y lo peor está por venir: analistas en temas de inteligencia y seguridad nacional consideran que el caso de Rocha Moya es el primero de quizá una docena de expedientes de importantes figuras políticas mexicanas –gobernadores, dirigentes y legisladores-- que podrían estar a punto de ser solicitados con arrestos con fines de extradición por --según la acusación oficial norteamericana-- recibir sobornos de los cárteles del narcotráfico.
Pero el problema es mayor: a finales de enero de 2025, el presidente Trump decreto a seis cárteles del narcotráfico como narcoterrorista y dos --el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco-- son los que han aparecido en acusaciones americanas de controlar la política en México.
En el centro del debate se encuentra nada menos que el presidente emérito Andrés Manuel López obrador, quien gobernó el país de diciembre de 2018 a octubre de 2024 e impuso como sucesora a su colaboradora Sheinbaum Pardo. Lo que EU insiste en condenar es que México protegió a los cárteles del narcotráfico bajo la estrategia de seguridad que se resumió en “abrazos, no balazos” que en términos de seguridad derivó en lo que se conoce como una pax narca: los delincuentes reciben aprobación gubernamental para sus operaciones, pero a condición de disminuir la lucha violenta por territorio y garantizar lo que también se caracteriza como gobernanza criminal.
El escenario político de México entró el 29 de abril en una zona de incertidumbre que tiene como referente la decisión del presidente Trump de autorizar una incursión violenta e invasora en Caracas para secuestrar el pasado 3 de enero al presidente en funciones –impresentable, pero legal-- Nicolás Maduro y a su esposa y encarcelarlos hoy en una prisión americana. Y esta semana se espera la declaración de fugitivo del hombre fuerte de Cuba, el general Raúl Castro Ruz, por acusaciones de ataques a aviones civiles en 1996.
El tema de la narcopolítica mexicana como agenda de EE UU apenas comienza.
Si (
No(
