Sólo la Justicia puede impedir que Pedro Sánchez aguante en el poder hasta 2027

Con la imputación de Zapatero, a Sánchez solo le queda una bala, la de siempre: aguantar hasta 2027 e intentar revertir la fase terminal de su Presidencia con la manipulación del censo. Intentará salir del pozo al que ha caído su Gobierno por la corrupción, por su minoría parlamentaria que le obliga a prorrogar los Presupuestos inconstitucionalmente, por los continuos batacazos electorales del PSOE. Por la devastadora corrupción.

La imputación de su socio y mentor ha caído como una bomba. Pues supone que la Justicia está dispuesta a llegar hasta el final y, quizás, a levantar las alfombras de Moncloa en busca de la basura que supuestamente se esconde debajo. Porque el auto del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ya señala al Gobierno como el colaborador necesario para sus trapicheos en el rescate de Plus Ultra, en la compra-venta del petróleo venezolano, en las miles de corruptelas de las que está acusado. Y, por tanto, por sus decisiones, como la aprobación del rescate de la compañía aérea, el Consejo de Ministros y el propio Pedro Sánchez están detrás de toda la podredumbre que está saliendo a la luz. El presidente, pues, figura como el máximo responsable de la presunta corrupción de Zapatero, como también lo es de las comisiones cobradas, siempre supuestamente, por Ábalos, Cerdán, Koldo y compañía.

Sólo la Justicia puede frustrar ese intento de Sánchez de permanecer en el poder para ganar las elecciones por las buenas o por las malas. Más bien, por las malas. Sólo la Justicia puede poner en su sitio al presidente por estar al frente de un Gobierno corrupto y por su inquietante alianza con un Zapatero que, además de hacer negocios, trabajó denodadamente para blanquear la narcodictadura de Nicolás Maduro a cambio de no se sabe qué. Aunque hay indicios, según el auto del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que, además de llenar los bolsillos del expresidente, también pudo financiar al PSOE.

Pedro Sánchez volvió a confirmar en la sesión de control al Gobierno su empeño en que las elecciones se celebren en 2027 y “aquí seguiremos 8 años”. No le importa que la legislatura esté muerta por un Gobierno incapaz de legislar, de aprobar una sola ley en el Congreso por su absoluta minoría parlamentaria. El presidente arrastra los pies, pero prefiere aferrarse al poder sin atreverse a su obligación democrática de disolver las Cortes. De ahí, que, como decimos, sólo la acción de la Justicia puede impedirlo. Falta saber quién le pondrá el cascabel al gato.