El juez sugiere que Sánchez estaba detrás de la trama del PSOE para sabotear investigaciones

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha sido el primero en cruzar el Rubicón y atreverse a señalar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dentro de la investigación sobre el llamado "caso Leire", una presunta red organizada para interferir en investigaciones judiciales y policiales que afectaban a su entorno.

En el auto judicial por el que ha ordenado este miércoles la entrada de agentes de la UCO en la sede central del PSOE en Ferraz, Pedraz sostiene que existen indicios de que Sánchez conocía tanto las maniobras impulsadas por la organización liderada por la 'fontanera' Leire Díez, como los pagos presuntamente realizados por el partido para financiar actividades dirigidas contra jueces, fiscales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La resolución atribuye un papel clave al exsecretario de Organización socialista y mano derecha de Sánchez, Santos Cerdán, aunque también incorpora mensajes y conversaciones intervenidas que, según el magistrado, apuntan al conocimiento directo del líder del PSOE sobre las actuaciones del grupo.

La imputación de Begoña Gómez, "punto de inflexión"

Según el auto, la apertura de diligencias judiciales contra Begoña Gómez marcó "el punto de inflexión" para la activación de la presunta trama. El juez vincula el inicio de las operaciones con la conocida "Carta a la Ciudadanía" publicada por Sánchez tras conocerse la investigación a su esposa.

Entre las pruebas recopiladas figuran notas y mensajes atribuidos a Leire Díez en los que reconoce que sus contactos con el partido solo comenzaron a prosperar "cuando ocurre lo de Begoña". En otro mensaje, tras la comparecencia pública del presidente para anunciar que continuaría en el cargo, Díez habría afirmado: "El presidente del Gobierno está refiriéndose a todo lo que estamos haciendo".

El magistrado también recoge comunicaciones de Juan Manuel Serrano, considerado miembro del círculo de máxima confianza del presidente, quien habría escrito a Díez: "Mira el jefe cómo cita lo de los audios".

Por último, recoge otro de los mensajes intervenidos a Díez, en el que ésta afirma que las líneas prioritarias de sus acciones y las de Cerdán se desarrollaban "por orden del one".

Reuniones en Ferraz y coordinación de la estrategia

La investigación sostiene que, tras la imputación de Gómez, Santos Cerdán convocó una reunión urgente en la sede socialista de Ferraz a la que asistieron Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, Juan Manuel Serrano e Ion Antolín.

Los mensajes incorporados al sumario reflejan expresiones como "tenemos información que ayudaría al presidente" o "ya tenemos una estrategia, está todo perfectamente coordinado". Según el juez, el objetivo era desestabilizar procedimientos judiciales y actuaciones policiales que pudieran perjudicar al PSOE, al Gobierno o al entorno familiar de Sánchez.

La investigación también apunta a actuaciones destinadas a favorecer al hermano del presidente y a "destruir el procedimiento" judicial que le afectaba.

Financiación presuntamente irregular

Pedraz sostiene que el PSOE habría puesto recursos y estructura del partido al servicio de la organización. El auto señala que el partido asumió gastos logísticos, viajes, alquileres de vehículos y uso de instalaciones para reuniones vinculadas a la red.

Asimismo, el juez cifra en cerca de 200.000 euros los pagos realizados presuntamente a Leire Díez y su entorno mediante facturación falsa. Según la resolución, dichos pagos habrían sido canalizados a través de sociedades de otros investigados y con el supuesto apoyo de la gerente del partido, Ana María Fuentes.

El auto indica que Santos Cerdán habría acordado remunerar a Díez con 4.000 euros mensuales y que parte de los pagos se habrían articulado mediante facturas supuestamente falsas vinculadas a sociedades relacionadas con Gaspar Zarrías.

Supuestas ofertas a testigos y fiscales

La resolución judicial también menciona presuntas ofertas económicas para influir en procedimientos judiciales. Entre ellas, una supuesta propuesta de 300.000 euros al fiscal José Grinda para favorecer el archivo de causas judiciales.

Igualmente, el juez recoge una presunta oferta de 50.000 euros a la empresaria Carmen Pano con el objetivo de modificar su declaración judicial. Pano había asegurado previamente haber entregado 90.000 euros en Ferraz.

Además, la investigación apunta a una supuesta financiación indirecta de las actividades de la trama mediante publicidad institucional en medios de comunicación. Entre los mensajes intervenidos figura uno atribuido a Ion Antolín en el que afirma: "La orden está dentro ya del plan de medios. Estará cerca de los 20.000 euros al medio Crónica Libre".