El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo pondrá en marcha un Plan de Integración y Ciudadanía para la población inmigrante en España dotado con 500 millones de euros para el primer año, que incluirá medidas como la creación de una Agencia Estatal de Movilidad Humana.
El jefe del Ejecutivo lo ha detallado durante la inauguración de la presentación, celebrada este martes en Madrid, de este Plan de Integración y Ciudadanía, impulsado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y compuesto por 4 ejes, 16 medidas y 10 objetivos hasta 2030.
Durante su intervención, Sánchez ha contrapuesto la política migratoria del Gobierno frente a los que pretenden negar la realidad y la identidad "consustancial al ser humano" que es la inmigración y, por lo tanto, alimentar el miedo y los discursos de odio, lo que "no resuelve ningún problema".
En el lado opuesto, ha defendido, se sitúa el Ejecutivo, con una política destinada a aprovechar las oportunidades y responder a los desafíos de la inmigración: "Así es como queremos que el mundo vea a España: Como un país que protege y que ampara los derechos humanos", ha defendido.
Regularización y Agencia Estatal de Movilidad
El primer eje del plan, desgranado por el presidente del Gobierno, es la ordenación de los flujos migratorios y la regularidad como base de la integración.
La primera gran medida es la regularización extraordinaria de personas migrantes, cuyo plazo para presentar las solicitudes acaba precisamente este martes. Sobre esta medida, Sánchez ha afirmado que ya ha recibido más de un millón de peticiones.
En segundo lugar, ha anunciado una Estrategia de Movilidad Laboral para abrir vías legales, seguras y ordenadas, responder a las necesidades de la economía española y facilitar la integración de las personas desde el primer día.
El Gobierno iniciará el proceso para la creación de una futura Agencia Estatal de Movilidad Humana, que reunirá funciones y recursos hoy dispersos, mantendrá diferenciados los procedimientos de protección internacional y de residencia y preservará las competencias de seguridad y control fronterizo.
Oferta extraordinaria de Formación Profesional
El segundo eje ha explicado que pasa por reconocer el trabajo como la principal herramienta de inclusión, y por ello se ampliarán las oportunidades laborales con una inversión de más de 35 millones de euros para facilitar la incorporación a sectores con alta demanda, como la construcción, los servicios sociales o la hostelería.
A la vez, se pondrá en marcha una oferta extraordinaria de formación profesional con una inversión de más de 150 millones de euros a la que se destinarán más de 100.000 plazas con el fin de que se reconozcan las capacidades que muchos inmigrantes tienen y orientarlas a las necesidades de la economía española.
La integración como compromiso recíproco es el marco del tercer eje y, en ese contexto, habrá una partida de 30 millones de euros de la administración general del Estado para programas que refuercen el aprendizaje de los idiomas cooficiales, el conocimiento de las normas españolas y la integración comunitaria, y se reforzará el combate contra los discursos del odio.
200 millones para reforzar los servicios públicos
El último de los apartados pasa por hacer efectiva la ciudadanía, es decir, ejercer los derechos que eso conlleva, y para ello habrá 200 millones de euros con el fin de reforzar los servicios públicos y garantizar la igualdad de oportunidades para todos.
Con ello se pretende impulsar el éxito educativo, combatir la segregación escolar, poniendo el acento en el aprendizaje del idioma desde edades tempranas, y actuar contra la discriminación en el acceso a la vivienda o al sistema nacional de salud.
Tras insistir en la relevancia de este plan, ha subrayado que ninguna decisión puede sustituir a la actitud de la sociedad española, y al hilo de ello ha recalcado que hay "una distancia sideral entre el ruido de las redes sociales o discursos políticos que se están escuchando, y la realidad cotidiana".
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