España 2009: incertidumbres e inseguridades

Cuando está a punto de cerrarse el calendario de 2008, la sociedad española y su clase política aguardan un cambio de año repleto de incertidumbres. Las dudas más acuciantes remiten a la evolución de una economía en franco deterioro, tanto por factores internacionales como internos. Como los pronósticos son gratis los hay de diverso tinte. El presidente del gobierno acaba de augurar un principio de recuperación antes del verano. Y lo ha hecho con el mismo desparpajo con que hablara en su última campaña electoral de un horizonte del pleno empleo o, un poco antes, del ingreso de España en la Champions League de la economía internacional. La adicción a los vaticinios optimistas que padece el inquilino de la Moncloa nunca deja de sorprender y ofrece motivos para la zozobra, al igual que ocurre con los disturbios recientemente producidos en Grecia y sus intermitentes reflejos en otros lugares de Europa, sin excluir a España. Después de escuchar tantas alertas sobre el potencial crecimiento de la extrema derecha comienzan a acumularse las señales que amenazan con el riesgo inverso: el posible repunte de movimientos, grupúsculos de extrema izquierda con hambre de calle y palo. Tal vez obtengan la disculpa de algún partido político vigente o en visos de aparición, como esa nueva Izquierda Anticapitalista que ya ha comenzado a anunciarse. Al tiempo, no son pocos los analistas económicos que todavía esperan lo peor de la presente crisis ni tampoco escasean los ciudadanos que interpretan el caso Madoff como un episodio intermedio en un culebrón de escándalos financieros sin final fechado. Con estos mimbres el trauma posnavideño se promete intenso o tal vez desquiciante.

Pero ya he dicho que la economía no es la única fuente de inseguridades. Hablando de seguridad cerramos el año con nuevas dudas respecto a ETA. Este mismo mes de diciembre se perpetraba un nuevo asesinato con sello de la banda, el del empresario Ignacio Uría. El éxito de las operaciones efectuadas en los últimos meses por las fuerzas y cuerpos de seguridad no puede ser subestimado. Hay aquí motivos para la satisfacción. A los terroristas les empieza a faltar oxígeno, recursos, hombres. Se sienten acorralados porque lo están. La estructura de la organización se desmorona como un castillo de naipes. Una porción de sus presos comienza a desesperarse (sufren lo que se merecen: una vida sin libertad y con poca o ninguna esperanza de triunfo) y los títeres batasunos afrontan un futuro incierto (¿qué hacer si no pudieran seguir viviendo de la política fundada en el terror?). Todo esto conviene a los ciudadanos de bien. Pero no todo está resuelto. Los militantes que le quedan a ETA no se dan por vencidos: su mundo de relaciones y referencias aún es demasiado oscuro y angosto como para comprender sus errores a la luz del horror sembrado. Acaban de hablar en Gara y su herrumbroso discurso no indica arrepentimiento ni rectificación alguna. Los verdugos continúan presentándose como víctimas. Dicen que “Euskal Herria no conoce la democracia”, cuando lo cierto es que Euskal Herria es una ficción y que ellos son los absolutos responsables del déficit de libertad y democracia que desde hace décadas padece el País Vasco. Vuelven a prometer sangre, y esta es la clase de promesas que siempre cumplen. Entre tanto, un informe publicado por la Fundación de Víctimas del Terrorismo señala a más de 40.000 ciudadanos del País Vasco se sienten perseguidos y amenazados de algún modo por la pervivencia de ETA y sus colaboradores (y aproximadamente mil de ellos han de vivir con escoltas). La mayoría de los ciudadanos españoles que viven fuera de Euskadi ignoran esta desgraciada realidad que no queda reflejada en los medios ni siquiera cuando estos informan sobre atentados o sobre las vicisitudes de la organización terrorista. Los que sí tienen muy presente tanta ignominia son los más de 200.000 vascos que hace años decidieron exiliarse del País Vasco porque no soportaban la tensión a la que fueron sometidos por no plegarse a chantajes, por no ser nacionalistas y por despreciar abiertamente a los criminales que aún hoy reciben homenajes.

Por su parte, el PNV teme la pérdida del poder. Sería una posibilidad ilusionante si el PSE estuviera dispuesto a sacrificar sus intereses y evitar un pacto postelectoral con los nacionalistas. Pero nada indica que los socialistas vascos se atrevan a reeditar una iniciativa como la que en su día lideraron Jaime Mayor Oreja y Nicolás Redondo Terreros. Incluso hay quien aún cree posible que el gobierno volviera a las andadas de la negociación. Quizá de otro modo, quizá más tarde, cuando ETA pase a un estado terminal. Mejor no descartar nada. Al final las decisiones y los criterios se ajustan a la evolución de las coyunturas y éstas pueden evolucionar con suma celeridad y en direcciones imprevisibles. Sin embargo, dudo mucho que actualmente exista voluntad de negociar nada con ETA, mucho menos si se trata de asuntos o concesiones políticas. ¿Acertará entonces el ministro Rubalcaba al afirmar hace pocos días que ETA acabará como el GRAPO (es decir, desintegrándose como lo hace una banda de vulgares delincuentes)? Desde luego, esto es lo que quisiera la mayoría de los españoles y es uno de los desenlaces posibles a los que pueden aproximarnos los sucesivos y contundentes golpes policiales ya comentados. No obstante, algunas actitudes y movimientos del gobierno pudieran no apuntar exactamente a esa línea o retrasar esa clase de fin. Algunos pensarán que me refiero al reciente acercamiento a cárceles del País Vasco con que se ha favorecido a algunos presos de ETA. Pero esta medida podría no ser un error si no se ve acompañada de beneficios mayores y si su objetivo consiste en aliviar la presión a la que ETA somete en otras cárceles a los militantes que se plantean elegir el camino de la disidencia. De hecho, la organización ya ha manifestado su disgusto ante la iniciativa de los acercamientos selectivos y respecto a la disciplina de algunos etarras reclusos. Lo que más debe preocupar, empero, es la nula voluntad del gobierno para reparar uno de sus peores errores políticos: la permisividad con ANV. ¿Por qué no se quiere disolver de forma inmediata los ayuntamientos gobernados por esta agrupación etarra (42 municipios)? Contamos al menos tres respuestas alternativas a este interrogante. El gobierno ha afirmado que esa actuación no es legalmente posible. Se trata de una justificación difícilmente creíble, tal y como explicara la diputada Rosa Díez en una intervención parlamentaría y según ha sido señalado en un comunicado conjuntamente emitido por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, el Foro Ermua, la asociación Dignidad y Justicia, la Fundación Miguel Ángel Blanco, el Colectivo de Víctimas del País Vasco y la Fundación Gregorio Ordóñez. La ley ampara al Consejo de Ministros para disolver los órganos de aquellas corporaciones locales cuya gestión resulte gravemente dañosa a los intereses generales. Y esto es lo que ocurre cuando un partido gobernante se niega sistemáticamente a condenar los atentados de una organización terrorista, crea comisiones de apoyo a sus presos, acuerda sus resoluciones en plena conformidad con las directrices de los terroristas y práctica la apología permanente de sus actividades. La segunda explicación apunta que el gobierno no emprende la disolución inmediata de ANV para evitar posibles perjuicios en la estrategia política del PSE de cara a los próximos comicios vascos. Parece indudable que algo de esto hay, o mucho. Pero más preocupante sería que pudiera comprobarse una tercera hipótesis: la de que el PSE y el gobierno de España aspiren a una coyuntura postelectoral en la que ANV o una filial con nueva denominación continué operando legalmente en el País Vasco para ofrecer una alternativa de pretendida integración política a la izquierda aberztale, incluidos antiguos miembros de ETA-Batasuna. Veremos que pasa.