Encuestando el Lawfare

El mismo día tres encuestas publicadas en distintos medios, una elaborada por el CIS, y dos más encargadas por El País y La Vanguardia, coinciden en haber elegido al azar un mismo tema para describir la opinión que merece a los españoles el poder judicial. Atribuir a la casualidad la coincidencia de crear de la nada una noticia es el homólogo de la presunción de inocencia, que se estropea cuando afloran los indicios del delito. Lo que aflora en la programación de una misma encuesta no ritual de tres grandes medios de opinión es cómo se le puede ocurrir simultáneamente a tres instituciones progubernamentales fabricar una noticia sobre la que cuelga una campaña de formación de opinión si no ha habido una sugerencia para acordar que figuren a la vez en la agenda de cada una. ¿Qué única musa inspiró para que se les ocurriera el mismo tema para fabricar un cuestionario similar?.

Las tres encuestas coinciden al azar el mismo día sobre el mismo tema y similares preguntas. El azar no da para que una coincidencia tan improbable no resulte sospechosa. Las primeras páginas de la prensa oficial, El País, La Vanguardia y RTVE, titularon unánimes sobre lo imprevisto por el resto: los españoles están preocupados mayoritariamente por el lawfare. El azar también dispuso que los ministros salieran en tromba para justificar su resistencia a aceptar el trato de que es objeto el Gobierno. Advierten que los jueces se han confabulado para hacerlo caer. Si gran parte de los encuestado lo cree, ¿cómo no va a creerlo el ministro de Justicia si además lo cree otro perito en materia judicial tan reputado como Oscar López?

El poder ejecutivo en la democracia solo puede ser limitado por el judicial y por la alternancia mediante elecciones. Si se impide la alternancia, solo queda el judicial. Pero ¿dónde reside el poder judicial? Hice esta pregunta a varios amigos. Se sintieron muy seguros de la respuesta. El Consejo del Poder Judicial, me dijeron. Como la propia designación del órgano “Consejo del Poder Judicial” induce al engaño, pensaban que, si se llama “poder judicial” es porque en él radica el poder judicial. Es una conclusión que simula un modus Bárbara, modalidad más perfecta del silogismo desde Aristóteles. Añadían convencidos que, para que la justicia fuera independiente del poder político, es imprescindible que los consejeros no fueran mayoritariamente designados por los políticos, como ocurre desde que Felipe González modificó la forma de elección.

La confusión sobre en qué consiste el poder judicial es origen de otra confusión más perniciosa si cabe, pues concierne a cómo las encuestas presentan el lawfare. En principio, parece que hay una relación simétrica entre poder judicial y poder ejecutivo. La atribución al Consejo del nombre “poder judicial” acentúa la apariencia de la simetría al resaltar que ambos son políticos: sugiere que tan perjudicial es que el poder político interfiera en el poder judicial como que el poder judicial condicione al poder ejecutivo. Este es un silogismo que se asemeja al modus Darii. Según esta apariencia, hay dos tipos simétricos de lawfare: el que propicia una confabulación de jueces contra el poder de los políticos y el del poder de los políticos que se confabulan para poner el poder judicial a su servicio. Esta simetría, tácita en la encuesta, oculta a los encuestados lo principal para que puedan formular una opinión con sentido.

La apariencia de simetría les oculta que el juez no solo no es un político, sino que es incompatible ser político con ser juez. El desempeño de un poder judicial no puede compararse al de un político pues el político responde a una voluntad única mientras que cada juez dictamina por separado una sentencia que puede ser luego rectificada por otros jueces si en ella se apreciara algún signo de error. Lo que no puede tener en cuenta el juez es lo que propenden a tener en cuenta los políticos: que la sentencia tenga consecuencias políticas.

El paralelismo en la presentación de un lawfare de los jueces para perjudicar a los políticos y de los políticos para acallar a los jueces, oculta que los poderes ejecutivo y legislativo están concentrado en muy pocas personas y, en último término, en una sola, la del Jefe del Gobierno. En nuestra Constitución, el Jefe del Estado solo tiene poder de moderación. En cambio, el poder judicial no está concentrado, es disperso, lo imparten tantas personas como jueces: es el poder de dictar sentencias, un dictamen que no aprovecha al juez. Tampoco se concentra en una institución como el Consejo del Poder Judicial, que es un órgano administrativo. En España hay cerca de seis mil jueces, de los cuales casi la mitad no figuran en ninguna asociación. El poder judicial solo lo establece cada sentencia por separado. Está distribuido en los miles de providencias y actos judiciales que diariamente se dictan. No existe, porque es imposible, un poder colectivo de los jueces. El juez no gana nada personal cuando dicta sentencia, a menos que reciba un sobre oculto o prevarique. En cambio, el político siempre gana cuando se aprueba una ley. Administra su poder en provecho propio, de su gobierno, o de su partido. Obtiene el premio que impone su voluntad a los que la disputan.

La probabilidad de que pueda haber lawfare en un poder distribuido de esta forma es mínima, casi inverosímil si el sistema funciona. Los encuestados pueden opinar lo que quieran, pero su opinión se lleva a engaño si, inducidos por la propia difusión de los intereses políticos que tratan de enmudecer las causas de corrupción, se dejan guiar, como no es evitable, por un ambiente que les presenta el lawfare como una elección entre dos posiciones equiparables. Es inverosímil que los jueces pueden ponerse de acuerdo para agruparse contra un Gobierno. Sin embargo, las probabilidades de que los políticos, sobre todo si están en el gobierno, se confabulen para repartir tarjetas de sospecha contra los jueces, son ilimitadas. El lawfare cuenta con todos los medios para recorrer en una dirección lo que no puede recorrer en la contraria por los obstáculos que ha de saltar si se respeta la democracia. Entre estos instrumentos de los que dispone el lawfare se encuentran las encuestas casuales que ocupan las portadas de los medios gubernamentales sobre el grado de conocimiento de casos judiciales cuando conviene engatusar a la opinión equiparando, para aflorar el recuerdo, los casos de hace quince años con los de la actualidad.