El Tribunal de Cuentas ha preguntado a acusaciones y defensas si cabe la posibilidad de no amnistiar a la treintena de exaltos cargos del Govern encausados por los gastos del 'procés', entre ellos el expresident Carles Puigdemont, si se utilizaron fondos de la Unión Europea (UE) para sufragarlos.
En una providencia, a la que ha tenido acceso EFE, el Tribunal de Cuentas ha dado este lunes un plazo de diez días a las partes para que se pronuncien sobre la aplicación de la amnistía y presenten "la documentación que estimen oportuna" sobre el origen de los fondos que sufragaron el 'procés', después del aval de la justicia europea al perdón de la malversación.
Las defensas de los encausados, entre los que también figuran el líder de ERC Oriol Junqueras y el expresidente catalán Artur Mas, consideran que el Tribunal debería amnistiar de forma inmediata a los encausados, una vez la justicia europea resolvió la semana pasada las cuestiones prejudiciales que este le elevó sobre la responsabilidad contable del 'procés'.
La consejera del Departamento Segundo de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, Elena Hernáez Salguero, no obstante, recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concluye en su sentencia que la ley de amnistía no choca con la normativa comunitaria, pero siempre que los actos investigados estén vinculados a fondos "que no procedan del presupuesto de la Unión Europea ni estén destinados a éste".
De acuerdo con ese artículo de la sentencia, el Tribunal de Cuentas plantea a las partes "la posibilidad de que no resultase aplicable" la ley de amnistía a los encausados por los gastos del 'procés', "en caso de que se hubiesen utilizado fondos procedentes del presupuesto de la Unión, o administrados por la Unión, o por cuenta de esta".
La providencia concede diez días a las partes para formular alegaciones y presentar la documentación que estimen oportuna sobre la cuestión, "con suspensión del plazo para dictar la resolución definitiva que proceda", sin que "ello suponga prejuzgar el fallo definitivo".
La causa, que quedó suspendida a raíz de la presentación de las cuestiones prejudiciales ante la justicia europea, afecta a una treintena de excargos del Govern, a quienes la Fiscalía reclama 3,4 millones de euros por los gastos del 'procés' y que tienen depositadas fianzas millonarias para garantizar su responsabilidad contable.
Además de la Fiscalía, que en su día se opuso a que el Tribunal de Cuentas consultara a la justicia europea sobre la amnistía, en la causa por la responsabilidad contable de los gastos del 'procés' está personada como acusación la entidad antiindependentista Sociedad Civil Catalana (SCC).
El Tribunal de Cuentas ha informado de la providencia en un comunicado en el que recuerda que la justicia europea ha admitido las ocho cuestiones prejudiciales que planteó y ha rechazado "las alegaciones de los demandados que cuestionaban la independencia e imparcialidad del Tribunal de Cuentas".
Asimismo, el comunicado insiste en que, en dos de las cuestiones prejudiciales, el Tribunal de Luxemburgo ha concluido que la ley de amnistía "es contraria en los aspectos que analiza el derecho de la Unión Europea", al imponer la obligación de los tribunales de resolver sobre el perdón en un máximo de dos meses y levantar las medidas cautelares fijadas, sin esperar a que las instancias europeas resuelvan las cuestiones prejudiciales.
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