El expresidente de la Generalidad Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig han presentado una denuncia ante la Secretaría General de la Comisión Europea en la que acusan al Reino de España de incumplir la ley de amnistía tras la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Según el escrito, adelantado por VilaWeb y al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de los tres dirigentes independentistas, Gonzalo Boye, sostiene que se ha suspendido de facto el plazo para aplicar la amnistía al reabrirse un trámite de alegaciones que considera innecesario y contrario a lo establecido por el TJUE.
La denuncia solicita a la Comisión Europea que intervenga con urgencia debido a la naturaleza del supuesto incumplimiento y al mantenimiento de medidas cautelares que, según el escrito, afectan a los denunciantes por un importe superior a 9,5 millones de euros.
Boye también alude a la providencia dictada este lunes por el Tribunal de Cuentas, que recoge las indicaciones de la sentencia del TJUE, pero que, a su juicio, evita aplicar de forma inmediata la ley de amnistía al conceder un nuevo plazo de diez días para que las partes presenten alegaciones.
En este contexto, la denuncia sostiene que la actuación del Tribunal de Cuentas vulnera el artículo 4 del Tratado de la Unión Europea, relativo al principio de cooperación leal entre los Estados miembros y las instituciones comunitarias. El escrito argumenta que los Estados deben evitar que sus órganos adopten decisiones que comprometan los objetivos de la Unión o la correcta ejecución de las resoluciones del TJUE.
Asimismo, los denunciantes consideran que "el incumplimiento deliberado de una sentencia del Tribunal de Justicia por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, acompañado de su tergiversación pública mediante una nota de prensa oficial, afecta al valor del Estado de Derecho en que la Unión se fundamenta".
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