Gibraltar, la oportunidad perdida

Se queman los campos y los montes de España. Nos sentamos ante nuestros aparatos de televisión y nos aturden las imágenes de las llamas, las gentes evacuadas atendiendo, nerviosas, la autorización para regresar sin conocer aún el estado en el que hayan quedado sus viviendas. Vemos a los valientes bomberos combatir el fuego, ayudados por voluntarios, pero sin medios; la acción de la Guardia Civil y del Ejército. y ese siempre admirable pueblo español, solidario y generoso, preparando comidas y asistiendo a sus desconcertados vecinos.

Como todos los años, como en tantas ocasiones, la España real se confronta con la España oficial, declarativa e incompetente, esta última, que sabe que un incendio no sólo se apaga -que también- sino que se debe prevenir.

Arde España, y las llamas se llevan por delante las noticias de lo que tampoco la clase política se atrevió a acometer. El contencioso de Gibraltar, convertido en uno más de nuestros errores diplomáticos. El pasado 14 de julio, las partes firmantes -la Unión Europea y Gran Bretaña- firmaban un acuerdo sobre las relaciones a mantener entre el club comunitario y la Roca en presencia del ministro Albares y del ministro principal del peñón, Picardo.

Es sabido que el franquismo había convertido la recuperación de la soberanía de Gibraltar como su única política exterior. Conocemos la anécdota del embajador británico a quien el ministro de la Gobernación español preguntaba si deseaba que le hiciera llegar más protección, y que aquél, con la ironía que les es característica a los ciudadanos de su país, contestaba: “Bastaría que me enviara menos manifestantes”.

Pero convertía el régimen anterior este contencioso en una victoria legal. Y ahí están las resoluciones de los años 1965, 1966 y 1967 de Naciones Unidas, y la incorporación de Gibraltar al mapa de territorios no autónomos pendientes de descolonización… todo lo cual situaba la cuestión de la soberanía del peñón como asunto resuelto en términos de Derecho Internacional.

Es verdad que Gran Bretaña avanzaba en progresivas realizaciones que asentaban su presencia en la zona: las aguas territoriales -que nunca el Tratado de Utrecht de 1713 le adjudicaba, más allá del puerto-, la construcción del aeropuerto o la práctica de vertidos contaminantes, de bloques de hormigón… sin contar con su situación de paraíso fiscal, o del juego on line.

La adhesión de España a la Unión Europea -entonces Comunidad Económica Europea- en el año 1986, y la previsible oposición británica siquiera a que invocáramos alguna reclamación al respecto aparcaría la cuestión por parte de los gobiernos españoles que negociaron nuestra adhesión.

Habría que esperar a que la desatinada política de los dirigentes tories consumaran el Brexit en el año 2020 para que se abriera una ventana de oportunidad para España. Confirmada la retirada británica del proyecto europeo, como portavoz de Exteriores de Ciudadanos tuve la oportunidad de tratar a tres jefes de nuestra diplomacia y de tomar su pulso respecto de las negociaciones que se iban implementando respecto de este contencioso: Margallo, Dastis y Borrel.

El primero -hombre abundante en el verbo- se había estrenado en el cargo espetando a su homónimo británico, William Hague, con el conocido eslogan “¡Gibraltar español!” No carecía, por lo tanto, García Margallo de ambición. Recuperaría éste la idea de la co-soberanía que ya Josep Piqué había intentado con Jack Straw, bendecida entonces por la administración norteamericana, y que fracasaría finalmente debido a la presión militar británica, según me confesaría el ministro español algunos años más tarde.

No avanzaría mucho el dossier gibraltareño con Margallo. Quien le sustituiría, Alfonso Dastis, me manifestaba una posición bastante más conformista con la situación. Se trata de corregir alguna cuestión “irritante”, -ese fue el término que emplearía- en nuestras relaciones con el Reino Unido al respecto. Y me ponía como ejemplo el precio de la cajetilla de tabaco. Sobran los comentarios.

A pesar de que la máxima ambición del jefe político de Dastis, Mariano Rajoy, era la de “no meterse en líos”, conseguía la diplomacia española el derecho de veto a lo que por parte de la Comisión Europea se presentara respecto del acuerdo a suscribir con el Reino Unido sobre Gibraltar.

Quedaba el tercero de los ministros que me cupo en suerte controlar, Josep Borrell. No sería éste muy pródigo en su contacto con los grupos parlamentarios -al menos no con el de Ciudadanos, en lo que a mí respecta-. Sin embargo, su secretario de Estado para la UE, Luis Marco Aguiriano sí se mantuvo más cercano en la relación, sin perjuicio de que nunca supe extraer de sus extensas intervenciones alguna idea en claro. Sí parece que su actuación, como la del ministro Albares, han seguido, desde la opacidad comunicativa y la distancia respecto del parlamento, las políticas del último ministro de Rajoy.

Y el resultado está ahí. Cae una verja que ahora se presenta por el hacedor de murallas, Pedro Sánchez, como “el último muro de la Europa continental”; una verja que, por cierto, no construimos los españoles sino los británicos en 1908. Cae la verja, y con ella, se cancelan los obstáculos entre el peñón y la UE. Pero son cortas las contrapartidas: elevación del impuesto sobre las ventas del 3% al 15%, control del aeropuerto -construido en terreno no reconocido por el Tratado de Utrecht- a través de una empresa mixta. Y en el haber de Gibraltar, unión aduanera, exclusión de los servicios (por cierto, el juego supone el 25% del PIB de su economía) y su salida de la lista de paraísos fiscales.

El veto -que parece evidente, no ha sido invocado- ha quedado enterrado. Y todos los avances protagonizados por el Reino Unido permanecen vigentes. Un tímido artículo 2 en el que España dice conservar su aspiración a la soberanía, y en el que el Reino Unido asegura que Gibraltar es suyo. Podrían añadir ambas partes en lenguaje evangélico, “por los siglos de los siglos, amén”, si el documento no fuera un acuerdo jurídico y sí un acto de confraternización anglicano-católica, tan de actualidad en estos tiempos ecuménicos.

Y eso sí, rostros de satisfacción de los trabajadores de La Línea, que no se verán obligados a esperar largas colas. Demoras que sí tendrá que soportar España, que no es signataria de este acuerdo, para recuperar el derecho que le asiste en la legislación internacional y que la desidia de nuestros gobernantes ha situado -¿definitivamente?- en la lista de las oportunidades perdidas.