En la politicidad se desata una incontable cantidad de movimientos de rasgos definidos o indefinidos, diversificados y a la vez complementarios, que por la presión que ejercen provocan una inestabilidad en los organismos institucionales que no siempre la potencia política será capaz de controlar. Cualesquiera que sean las aspiraciones de cada uno de ellos, in genere pueden provocar efectos que podrían desordenar y descomponer las líneas en que se asienta su continuidad.
Todas las cosas y formas creadas por el hombre se degradan, debiendo ser desplazadas por otras nuevas que, en mayor o menor medida, influirán más o menos rápidamente en su desaparición. Un ejemplo es el Estado Social, transformado en estatismo decadente, que se manifiesta en su incapacidad para mantener sus principios fundamentales. Principalmente lo más decisivo sería la pérdida de la soberanía que le impide imponerse tanto en la política interior como en su proyección exterior. Situación que lo agrava al acceder al poder los individuos más mediocres de la sociedad, por lo que el ejercicio político lo llevarán políticos de poca valía, ausencia de inteligencia fértil, mucha capacidad para hacer daño, voluntad criminal e intención de eliminar cualquier intento de formar una comunidad.
La gran mayoría de los integrantes de las sociedades complejas se muestran confundidos ante la abigarrada profusión de hechos que se producen. Cuando el intelectual se encarga de interpretarlos lo hace sin la menor objetividad para dificultar que el individuo corriente aborde la realidad. En el Estado español varias instituciones se han vuelto impredecibles por su mala o nefasta gestión, especialmente aquellos que dependen del Gobierno. La consecuencia es letal para la ciudadanía responsable y para el propio Ente. Las circunstancias se agravan cuando desde las instituciones, especialmente las que domina el Gobierno, se está propiciando el enfrentamiento en el cuerpo social y generando una tendencia irresponsable a que estalle un conflicto civil –el largocaballerismo siempre latente en muchos sectores del colectivismo--, a fin de deshacer la unidad del Estado y de la Nación. Estos instigadores pertenecen a las corrientes destructivas de la corrección política, que propician una revolución caótica sin medir las consecuencias.
El dogmatismo ideológico progresista no coincide con los principios en los que se asienta el Estado pluralista. En vez de igualdad, desigualdad, a causa de los afectos e intereses ideológicos o económicos. En vez de apoyar la libertad, rechaza las libertades que servirán para que progrese el individuo. En vez de una política y un pluralismo moral, extiende la amoralidad o la inmoralidad.
Oponiéndose a la propiedad privada que no pertenezca a los sujetos colectivistas y la implantación de una justa seguridad jurídica, se aplica la justicia social, a partir de la cual las oligarquías podrán distribuir a su antojo las rentas y propiedades individuales mediante el legal expolio fiscal --¿terrorismo fiscal?--, así como las propiedades colectivas, de las que se apropiarán una buena parte de ellas y el remanente servirá para distribuirlas entre sus partidarios. Para la población sometida su posesión quedará condicionada a la arbitrariedad del poder. El Poder ideológico de la corrección política no sólo está estableciendo los dogmas inmorales a seguir, sino que cuando lo considere oportuno exigirá el cumplimiento moral a la población, estando las oligarquías y sus sirvientes exentos de su cumplimiento.
Cabe preguntarse si el Estado Social español, un conglomerado de poder y de servicios casi ilimitados, ha dejado de adaptarse al transcurrir histórico y perderá definitivamente su posición como forma política. Lo evidente es que el Gobierno y sus apoyos le están desprendiendo de su propia conformación institucional. Están desvirtuando los procedimientos propios de su estructura para establecer el orden y la organización, base de las instituciones, sin preocuparse de dar la seguridad imprescindible que reclama el cuerpo social. El Gobierno está “logrando” que el Estado pierda tanto la autoridad legítima, como la potestas que deberían estar continuamente entrelazadas. Gran parte de la ineficacia del Estado se debe a que se ha adueñado de él un parásito corruptor –o un Partido y el Gobierno que están a disposición del enemigo de España-- que ha acabado con el espíritu público. Si el Estado es un Ente fiscal y monopoliza la cultura, se debe a que quiere crear en el individuo una situación de absoluta dependencia, al repartir a discreción dádivas y privilegios. Esta es una de las principales características de la tiranía expansiva en España que tiene que soportar el ciudadano cumplidor de las leyes.
La depauperación ideológica y cultural en el Estado no es incompatible con los cambios estructurales provocados por el desarrollo, las aplicaciones tecnológicas y la especulación financiera. Al Gobierno cleptócrata le basta con intensificar los cambios estructurales para que no se beneficie la población. Al mismo tiempo, ponen el máximo empeño en componer una superestructura que forme parte de la totalidad institucional globalista que le permitirá controlar la economía, la moral, la cultura y la pedagogía secularista religiosa –teología laicista para la esclavitud--.
Cualquier ejercicio político que se dispusiera a crear una estructura económica real y ordenada exigiría bastantes esfuerzos y sacrificios a los ciudadanos. Motivo por el cual el gobernante tiránico obtiene el crédito político y el apoyo de los siervos de la dependencia acudiendo a la demagogia y al engaño. Su gestión se basa en comprar a plazos la seguridad relativa del presente, falseando lo existente y trasladando los más graves problemas a las generaciones futuras. De esto modo, ocultando la realidad e institucionalizando la mentira, el Gobernante puede sostenerse en la irresponsabilidad extrema. Desgraciadamente, la estructura racional de las instituciones se ha mostrado incapaz de impedir las fugas y manejos de las oligarquías locales y menos aún recomponer los desequilibrios provocados por los actos de desestabilización producidos por la propia dinámica de la sociedad.
Para ajustar estos movimientos desequilibrantes que se dan en sucesión ininterrumpida, sería necesario que apareciera una fuerza de orden que corrigiera la corrupción estructural producida por el sistema político, especialmente por el injerto totalitario del PS antiespañol y de las organizaciones procedentes del terrorismo que lo apoyan, en la fase de acabar ya definitivamente con el espíritu público. De este modo se podría crear un status civilis que superara el situacionismo degradante del colectivismo en el poder.
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