Las claves para ilegalizar ANV

Esta novedosa normativa, promulgada por el Partido Popular a instancia del PSOE, también recibió el informe favorable del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado, y permitió la ilegalización de Batasuna. La no condena de los atentados de ETA, la vinculación entre los componentes de los órganos directivos de la formación con el entorno de la banda terrorista y la participación en actos de homenaje a terroristas, permitió al Gobierno popular presentar la demanda de ilegalización, con la ayuda de la Abogacía del Estado, ante la Audiencia Nacional.

Sin embargo, el correcto cauce de la Ley de Partidos se vio truncado ante el anuncio de ETA de un "alto del fuego" en marzo de 2006. Zapatero disponía de una resolución favorable para el diálogo con la banda, aprobada en el Congreso de los Diputados en 2005, y tenía la intención de llevarla a cabo. Además, con esta situación de confrontación política la rotura del Pacto Antiterrorista era inminente.

La exigencia de Batasuna al Gobierno del cese de "las medidas represivas del Estado", predijo la actuación del Ejecutivo socialista, a lo que algunas asociaciones de víctimas del terrorismo calificaron de "concesiones".

Zapatero permitió a las formaciones independentistas de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) presentarse a las elecciones municipales y autonómicas del 27 de mayo de 2007. Tan sólo las presiones del Partido Popular y las más evidentes vinculaciones con ETA hicieron que el Fiscal General del Estado impugnase ante el Tribunal Supremo 232 candidaturas de ANV, de las que 133 fueron ilegalizadas gracias a la citada ley. A pesar de ello, ganó 31 alcaldías de las 97 a las que optaba, y 337 concejales, consiguiendo 95.000 votos en Navarra y País Vasco.

Una unión con raíces
La tan traída y tan llevada vinculación de ANV con ETA no es un factor nuevo en la política española. El partido radical abertzale siempre ha guardado una estrecha relación con Batasuna, de la que formó parte desde la Transición hasta que Herri Batasuna se refundó en el 2000 tras la ilegalización de este último, así como la Coordinadora Patriota Socialista (KAS, siglas en euskera), considerada parte de ETA por la Audiencia Nacional. Las declaraciones de Pernando Barrena lo demuestran. El líder batasuno no se ocultó a la hora de pedir el voto para ANV en las elecciones municipales y autonómicas de 2007.

La intención de crear un Consejo Nacional Vasco lo confirma. Solicitaron que todos los partidos nacionalistas vascos apoyen la independencia de Euskal-Herria y la adhesión de Navarra, volvieran a permitir que el nexo con ETA y las organizaciones más radicales siguiese presente. También el PCTV ha revelado claros indicios que van en contra de la Ley de Partidos. Los representantes de éste se ofrecieron a representar a los votantes de Batasuna en las últimas elecciones. En la detención de la cúpula de Batasuna, el 14 de septiembre de 2007, la parlamentaria del PCTV, Nekane Erauskin, estuvo presente en esa reunión, donde se incautó información en la que se descubrió el pago de nóminas a miembros de la formación ilegalizada.

Un cambio de opinión
La ruptura de la tregua de ETA, la presión social y las evidentes vinculaciones con los terroristas han calado en los socialistas. El Ejecutivo aseguradó a menos de dos meses de las elecciones que las Fuerzas de Seguridad del Estado estaban reuniendo suficientes pruebas para hacer efectiva la ilegalización. Incluso, Zapatero afirmó que "nadie se va a saltar la ley" en los comicios de marzo. Para muchos, toda esta tardía parafernalia se vislumbra más como una estrategia electoralista. El ex presidente del Gobierno, Felipe González, abundadó que la ilegalización de ANV no debe estar sujeta a "oportunidad política" o a la "cercanía de las elecciones".

Lo cierto es que el Ejecutivo socialista ha variado su forma de efectuar la política antiterrorista, lo que ha influido de modo considerable en la actuación de los órganos judiciales de España a la hora de dictar sentencias como la polémica prisión de De Juana Chaos a raíz de su huelga de hambre o la ya mencionada ilegalización de formaciones del entorno etarra.

El partido independentista, por su parte, sigue desafiando al Estado de Derecho y se muestra convencido de su candidatura en el próximo 9-M. Los radicales han presentado sus candidaturas al Congreso de los Diputados para concurrir "por encima de la represión, de la ilegalización, de la cárcel y de las torturas". Algunas fuentes apuntan que ANV lo hará con otro nombre.
El futuro inmediato de ANV dependerá de la actuación conjunta de la Fiscalía y el Gobierno, En cualquier caso, la incógnita se despejará antes del 9 de marzo.