La crisis de Ceuta ha provocado un nuevo choque entre el Congreso y el Senado que se suma a una larga lista de enfrentamientos entre ambos, marcados por las mayorías políticas de las Cámaras, y algunos de las cuales han acabado incluso en el Tribunal Constitucional.
A la lista se suma un caso nuevo por las peticiones de comparecencia de varios ministros para dar explicaciones sobre la entrada masiva de miles de personas de Marruecos a Ceuta. El PP quiere que los titulares de Defensa, Exteriores, Interior y Justicia lo hagan esta semana en la Cámara Alta y el Gobierno ha decidido que lo hagan a finales de mes, en la Cámara Baja.
El embrollo comenzó el pasado jueves cuando la Mesa del Senado, donde el PP tiene mayoría, anunció una reunión para el viernes con el propósito de habilitar agosto y citar a los ministros. En paralelo los populares registraron una petición de convocatoria de la Diputación Permanente del Congreso para pedir la comparecencia en comisiones, así como la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un pleno extraordinario.
El viernes, el Gobierno registró sus propias peticiones para que los cuatro ministros acudieran al Congreso, donde la Mesa tiene mayoría progresista. El Ejecutivo planteó la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, el 25 de agosto; el titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el 27; y los ministros del Interior y Exteriores, Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares, respectivamente, el 28.
El Gobierno argumenta que para evitar duplicidades y teniendo en cuenta la importancia y alcance de la cuestión los ministros comparecerán en la Cámara constitucionalmente prevalente, el Congreso.
Aún así, el mismo día el Senado comunicó al Gobierno las fechas de comparecencia, para esta semana, y recordó que el Ejecutivo no había aducido ningún motivo que imposibilitara la presencia de los titulares.
El presidente de la Cámara, Pedro Rollán, advirtió de las "acciones que en derecho procedan" en caso de que decidan no comparecer y pidió que se ofrezcan explicaciones "respetando las reglas de la Constitución a fin de asegurar la plena vigencia del Estado de Derecho".
Otros choques con pocos visos de solución
El de Ceuta ha añadido un nuevo capítulo de discordancia a un catálogo que tiene pocos visos de solución.
Entre ellos está el Tratado de Amistad España-Francia, firmado en 2023 y que tiene la ratificación parlamentaria de Francia pero no la de España.
El tratado contempla que ministros franceses asistan a reuniones del Consejo de Ministros español y viceversa, y el Senado, con la mayoría del PP, acordó plantear una cuestión previa al Tribunal Constitucional, por lo que su aprobación definitiva quedó paralizada.
El PP promovió la consulta al TC porque el tratado contempla que ministros franceses asistan a reuniones del Consejo de Ministros español y viceversa. Los populares ya lo habían recurrido en 2025 al Constitucional, que no entró a resolver sobre el fondo del asunto porque, entretanto, había decaído en el Congreso.
Ambas Cámaras también han chocado a cuento de enmiendas a leyes aprobadas en el Senado y vetadas por el Gobierno en la Mesa del Congreso.
Fue el caso de la proposición de ley de multirreincidencia, planteada por Junts y a la que el PP introdujo enmiendas en la Cámara Alta. El Gobierno consideró que su aprobación implicaría un incremento presupuestario y ejerció el veto.
El conflicto es similar a los referidos a otras tres leyes recientes: movilidad sostenible, navegación aérea y desperdicio alimentario.
En los cuatro casos la Mesa del Congreso -a petición del Ejecutivo- retiró las enmiendas con incremento presupuestario después de que el Pleno del Senado las introdujera, alegando que, constitucionalmente, tendría que haber sido su Mesa la que, con anterioridad, debería haber aceptado los vetos.
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