Hablar español en España

Países multilingües son legión. En Rusia, Canadá o Bélgica –a pesar de todos los problemas que tienen- sería impensable que los gobiernos locales impidiesen a los padres que sus hijos conocieran la lengua oficial escogida por ellos. Sería ridículo. Sirvan los ejemplos de Rusia, Canadá o Bélgica para cualquier nación del globo en el que sus lenguas principales son consideradas por todos como algo suyo y a la vez digno de cuidado y protección. Pero hay un país en el mundo donde eso no sucede. En algunas de sus regiones, a las familias no se les permite que sus hijos conozcan la lengua que se habla en casa. Les impiden expresarse en su lengua natal y les cercenan el derecho de recibir una educación en el idioma -oficial, por cierto- del país donde pagan sus impuestos. Ese país es España. Ya ocurrió con Franco y seguimos con Franco pero al revés: ahora se margina el castellano y, con él, a millones de niños catalanes (vascos y gallegos) a quienes se les deja en inferioridad de condiciones en un mercado universal.

Tal cual. El modelo de inmersión lingüística que ha promulgado la Generalidad de Cataluña durante los últimos años sólo permite la escolarización pública en catalán. A juicio de las autoridades catalanas, el bilingüismo se cumple con una “dolorosa cuota” -Carod-Rovira dixit- de dos horas semanales de castellano. El debate sobre una “dañina” tercera hora alcanzó cotas dramáticas, y aún colea el asunto. Semejante despropósito solo podía tener origen nacionalista, cuyos líderes se caracterizan por especializarse en este tipo de medidas autoritarias.

Por fortuna, la Justicia ha puesto las cosas en su sitio y, así, el Tribunal Supremo confirmaba una anterior sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obligaba a la Consejería de Educación de la Generalitat a consultar la lengua habitual de la familia o tutores de los menores en la preinscripción escolar y tenerla en cuenta en la enseñanza de Infantil y Primaria. ¿Obligar? Que tenga que tener carácter obligatorio y vía tribunales el que una administración pública no impida a unas familias usar su propia lengua sería esperpéntico, sino fuera además lamentable y vergonzoso. Pero en Cataluña ya no gobierna CIU, sino una coalición cuyo núcleo duro es socialista. Un partido, por cierto, que ya ha insinuado que cumplirá la sentencia, “con las interpretaciones debidas”. Es decir, a su manera. Que la segunda lengua del planeta sea atacada desde uno de los antiguos condados del Reino de Aragón es casi un chiste. Pero ni tiene gracia, ni tiene visos de cambiar.