Hace exactamente un mes comenzó la operación híbrida de Marruecos contra España consistente en lanzar a decenas de miles de inmigrantes contra la frontera de Ceuta de modo que la forzasen y entrasen en territorio español. La ciudad autónoma se vio desbordada en cuestión de horas. Un mes después, permanecen en ella unos diez mil. El modelo fue la avalancha de menores de los días 17 y 18 de mayo de 2021, pero en esta ocasión ha sido mucho mayor.
La inmensa mayoría de esos inmigrantes ilegales que entraron en la ciudad eran varones en edad militar. Los vídeos que los muestran descendiendo de camiones y acompañados por efectivos marroquíes no permiten dudar de la participación de Rabat en el operativo. Las consecuencias son conocidas: los servicios sociales están colapsados, las autoridades españolas han sido incapaces de restablecer el orden, la inseguridad se ha disparado y ha quedado patente que, una vez más, quien entra en España se termina quedando. La confianza en que tarde o temprano los diez mil que se han quedado terminarán en la Península se ha visto confirmada por los primeros traslados. Las redes sociales bullen de vídeos de marroquíes que reivindican la ciudad como territorio marroquí, celebran haber llegado y aseguran que no se marcharán. Todo lo sucedido tiene algo de Marcha Verde del siglo XXI. Destacados políticos marroquíes insisten, mientras tanto, en reivindicar Ceuta y Melilla para Marruecos. Uno de los objetivos de esta operación ha sido, precisamente, crear el marco de que las dos ciudades españolas son vestigios del colonialismo. Por supuesto, esta afirmación es falsa — ni Ceuta ni Melilla ni las islas y peñones han sido jamás marroquíes— pero en el tiempo de las redes sociales la verdad cede el paso ante la narración y es ahí donde Marruecos está haciendo los mayores esfuerzos.
Esta agresión nunca hubiese sucedido si en Madrid hubiese un gobierno fuerte frente a Marruecos, que es algo que falta en España desde 2004. Cercado por las acusaciones de corrupción, aislado en la Unión Europea por su política de extranjería, aferrado al salvavidas de un crecimiento económico ficticio que sólo alimenta la inmigración, el gobierno de Pedro Sánchez carece de la voluntad y de la energía para hacer frente a esta ofensiva marroquí. Ha bastado un mes para que el discurso de la alianza mutuamente beneficiosa con Marruecos salte por los aires. Un aliado leal, un socio y amigo, no envía a decenas de miles de personas contra la frontera de su vecino, no aprovecha su debilidad con fines propagandísticos ni trata de socavar su integridad territorial. Por supuesto, España podría responder con contundencia, pero ha renunciado a hacerlo. Sánchez ha optado por apaciguar a Marruecos a costa de la seguridad de los ceutíes, los melillenses y el resto de españoles.
En realidad, la influencia marroquí en los últimos veinte años — y, especialmente, durante los gobiernos de Pedro Sánchez— se ha intensificado en España. Desde la proclamada colaboración en materia antiterrorista hasta la producción de alimentos en Marruecos por parte de empresas españolas, el estrechamiento de las relaciones hispanomarroquíes estaría simbolizada por los marroquíes que viven en España (casi un millón según el INE) y los nacidos en Marruecos nacionalizados españoles (cerca de un millón doscientos mil). No entraremos ahora en la racionalidad y validez de esas nacionalizaciones. Basta señalar que no hay una cifra similar de españoles viviendo en Marruecos. Nuestro vecino desarrolla formidables esfuerzos por influir sobre la opinión pública española impulsando el relato de los mutuos beneficios que tienen tan estrechas relaciones.
La ofensiva sobre Ceuta ha hecho saltar por los aires esa historia. Marruecos no sólo reivindica parte del territorio nacional de España sino que está dispuesto a desestabilizar una ciudad de más de ochenta mil habitantes como Ceuta y a sacrificar la vida de sus propios nacionales para conseguirlo.
Así, la cuestión no es qué va a hacer Marruecos —eso ya está claro— sino qué va a hacer España, que es mucho más que su gobierno. En realidad, de este gobierno se puede esperar poco. Ni siquiera han sido capaces de decir la verdad sobre lo que sabían que se estaba fraguando en los días anteriores al 30 de julio. Han sido incapaces de imponer el orden y expulsar a los inmigrantes ilegales. Antes bien, están haciendo todo lo posible para asegurar que se queden en Ceuta y su presencia enquiste el problema en el corazón de la ciudad hasta hacerla inhabitable. Una de las formas de entregar el territorio a Marruecos puede ser crear las condiciones que fuercen a los españoles a marcharse.
He aquí la clave: qué vamos a hacer los españoles. Por lo pronto, hay convocadas manifestaciones en todo el país para el día 2 de septiembre y cabe hacer un llamamiento desde aquí para acudir a ellas. Es importante mostrar que el gobierno no actúa en nuestro nombre. Sin embargo, existe el peligro de que, con el comienzo del nuevo curso, la agresión y sus consecuencias vayan cayendo en el olvido. Los escándalos que cercan a Pedro Sánchez son de tal magnitud que hasta la permanencia de diez mil inmigrantes ilegales en Ceuta puede terminar normalizándose. Por eso, hemos de estar alerta para no dar a Marruecos y al gobierno de España la victoria que supondría aquietarse a la agresión y callarse ante la hostilidad que Marruecos ha exhibido.
Es precisa una movilización de las fuerzas políticas, económicas y sociales en defensa no sólo de Ceuta, sino de la unidad nacional y del interés de España.
Marruecos ya ha demostrado sus intenciones.
Ahora lo importante es lo que hagamos los españoles.
Si (
No(
