Aprobada la reforma de la financiación autonómica con el 90% de comunidades en contra

El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha aprobado este viernes la reforma de la financiación autonómica propuesta por el Ejecutivo con el 90% de las comunidades en contra del nuevo modelo. Solo han votado a favor Canarias y Cataluña.

Según ha informado el Ministerio de Hacienda, el Consejo ha aprobado, tras más de tres horas de reunión, la propuesta del Gobierno, que rechazan tanto las regiones gobernadas por el PP como las socialistas Castilla-La Mancha y Asturias y prevé dotar de 20.975 millones de euros adicionales a las comunidades autónomas.

De la reunión se ha ausentado la Comunidad de Madrid, que animó el jueves al resto de regiones del PP a no acudir a la reunión para que se tuviera que suspender por falta de quorum, una petición que no tuvo éxito a pesar del rechazo de estas comunidades al nuevo modelo.

"Esperamos que este modelo se retire y que, si llega al Congreso, no tenga los votos necesarios para aprobarlo", ha señalado la consejera andaluza, Carolina España, en nombre de todos los consejeros del PP.

"Es un modelo pactado con el independentismo", ha dicho, antes de añadir que no se han aceptado ninguna de las alegaciones de las autonomías que no fueran Cataluña.

Los socialistas de Asturias y Castilla-La Mancha han sido críticos con el modelo, con más matices en el caso de Guillermo Peláez, el consejero asturiano, quien al menos ha puesto en valor la iniciativa de presentar un nuevo modelo por parte del Gobierno y ha criticado la falta de diálogo desde el PP. En todo caso, los dos han destacado que el modelo no favorece la igualdad y ha sido tramitado con graves defectos formales.

Juan Alfonso Ruiz Molina, de Castilla-La Mancha, ha señalado su “oposición frontal”, por ser un modelo que se ha negociado con ERC que beneficia a Cataluña, sin que se hayan escuchado las aportaciones del resto de las autonomías. No puede ser que “los independentistas decidan el modelo para el resto de los españoles”, ha explicado, para luego referirse al principio de ordinalidad, que a su juicio favorece a las autonomías con más habitantes con altas rentas.

El Ministerio de Hacienda tiene la mitad de los votos del CPFF, por lo que solo necesita el apoyo de una comunidad autónoma para sacar sus propuestas adelante.

Con este aval, el Gobierno está en condiciones de aprobar el anteproyecto de ley orgánica que contendrá la reforma de la financiación para remitirla al Congreso, donde necesita una mayoría absoluta para su aprobación.

Algo que parece complicado, ya que Junts -cuyo voto en el Congreso es imprescindible para reunir la mayoría absoluta- ha avanzado este viernes que presentará una enmienda a la totalidad de la futura ley porque no prevé un concierto económico para Cataluña.

Plantón de Ayuso

La Comunidad de Madrid ha anunciado que no iba a asistir al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), cuyo principal objetivo es aprobar la reforma del sistema de financiación autonómica "que han pactado de manera bilateral y de espaldas al resto de Comunidades Autónomas el Gobierno de Pedro Sánchez y el Gobierno de Cataluña".

La Comunidad sostiene que este sistema de financiación "rompe con la igualdad de todos los españoles y persigue blanquear la deuda generada por la gestión corrupta de los gobiernos independentistas y que ha seguido e intensificado el presidente socialista actual, Salvador Illa".

Declaración en apoyo de Ceuta

Los consejeros de Hacienda de la Comunidad Valenciana, Andalucía, Madrid, Murcia, Castilla y León, Galicia, Baleares, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Aragón, Melilla y Ceuta han suscrito, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, una declaración institucional de apoyo a Ceuta ante los acontecimientos registrados en la frontera los pasados 30 y 31 de julio.

Los firmantes consideran que la situación vivida en la ciudad trasciende el ámbito migratorio y constituye una cuestión de Estado al afectar a una frontera española y europea, comprometiendo la integridad territorial, la seguridad, la convivencia y el normal funcionamiento de los servicios públicos, según ha informado el Gobierno ceutí en un comunicado.

La declaración destaca el esfuerzo realizado por Ceuta para hacer frente a una presión extraordinaria sobre sus servicios públicos, su economía y sus recursos presupuestarios, y subraya que una ciudad de sus características no puede asumir en solitario las consecuencias de una crisis de esta magnitud.

Por ello, las comunidades y ciudades autónomas firmantes reclaman al Estado la dotación de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para atender la emergencia, recuperar la normalidad y evitar que los costes extraordinarios derivados de esta situación afecten a la estabilidad presupuestaria de la ciudad autónoma o a la prestación de los servicios públicos.Asimismo, solicitan un refuerzo permanente de la presencia del Estado en Ceuta y Melilla, especialmente en ámbitos como la seguridad, la defensa, la justicia, la sanidad y la educación, así como la modernización de las infraestructuras fronterizas y el incremento de los medios personales, materiales y tecnológicos destinados al control de la frontera.

La declaración pone de relieve la singularidad de Ceuta y Melilla como únicas fronteras terrestres de España y de la Unión Europea en África, reclamando instrumentos específicos en materia de financiación, seguridad, desarrollo económico y cohesión social, además de un compromiso firme y permanente por parte de las instituciones españolas y europeas.

El texto concluye con un mensaje de unidad y respaldo institucional: "Ceuta no está sola, la defensa de Ceuta, de su estabilidad y de su futuro es una responsabilidad compartida por todas las instituciones y por todos los territorios de España", añadiendo que "proteger Ceuta es proteger España y que la frontera de Ceuta es la frontera de todos".