Enésimo atropello democrático del Gobierno de Pedro Sánchez. La Federación de Asociaciones de Periodistas (FAPE) y la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) han condenado el documento elaborado por el Ministerio del Interior que, denuncian, clasifica a decenas de profesionales de los medios de comunicación por su orientación ideológica, y exigen que "cese de inmediato" este tipo de prácticas.
El Confidencial ha publicado este martes una información en la que asegura que Interior elaboró un dosier de periodistas con fichas, fotografías y comentarios sobre la adscripción política de los profesionales de los medios de comunicación, incluidos directivos de sus asociaciones más representativas, entre finales de 2023 y 2024. Entre los comentarios pueden encontrarse: “Apoya al Gobierno”, “alineado con posiciones de derechas”, “defiende las políticas del PSOE”, “reconocido ‘anti-sanchista’", o
Según la FAPE, la lista incluye a directores de medios, columnistas, contertulios y redactores, así como a responsables o antiguos responsables de organizaciones profesionales, como la propia FAPE, la Asociación de la Prensa de Madrid o la Asociación de Periodistas Parlamentarios. También figuran profesionales que cubren habitualmente información relacionada con Interior, la Policía Nacional o la Guardia Civil.
"En una sociedad democrática, ningún organismo del Estado tiene legitimidad para fichar, catalogar o perfilar ideológicamente a quienes ejercen el periodismo, por cuanto constituye un ataque directo a la libertad de prensa, reconocida en el artículo 20 de la Constitución Española, al introducir un elemento de vigilancia y potencial represalia sobre el ejercicio profesional de la información", asegura en un comunicado la FAPE.
Según esta organización, "resulta especialmente grave que se establezca una distinción entre periodistas 'afines' y 'problemáticos' desde una institución con capacidad de influir en el acceso a fuentes, acreditaciones y trato institucional".
Y por ello, exige al Ministerio del Interior "el cese inmediato de cualquier práctica de clasificación, seguimiento o perfilado de periodistas por parte de organismos públicos; garantías efectivas de que los profesionales incluidos en el listado no han sufrido ningún tipo de perjuicio, represalia o trato diferenciado".
Por último, hace un llamamiento a las demás asociaciones y organizaciones profesionales, a los sindicatos y a la ciudadanía en general "para que se sumen a la exigencia de transparencia y rendición de cuentas", porque -argumenta- la libertad de prensa no es un privilegio de periodistas, sino una "garantía democrática".
Por su parte, la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) se ha sumado al comunicado de la FAPE y considera la lista de periodistas "una práctica incompatible con el Estado de derecho".