Enésimo atropello democrático del Gobierno de Pedro Sánchez. La Federación de Asociaciones de Periodistas (FAPE) y la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) han condenado el documento secreto elaborado por el Ministerio del Interior que, denuncian, clasifica a decenas de profesionales de los medios de comunicación por su orientación ideológica, y exigen que "cese de inmediato" este tipo de prácticas.
El Confidencial ha desvelado que el departamento de Fernando Grande-Marlaska elaboró un dosier de periodistas con fichas, fotografías y comentarios sobre la adscripción política de los profesionales de los medios de comunicación, incluidos directivos de sus asociaciones más representativas, entre finales de 2023 y 2024. Entre los comentarios pueden encontrarse: “Apoya al Gobierno”, “alineado con posiciones de derechas”, “defiende las políticas del PSOE”, “reconocido ‘anti-sanchista’", o
Según la FAPE, la lista incluye a directores de medios, columnistas, contertulios y redactores, así como a responsables o antiguos responsables de organizaciones profesionales, como la propia FAPE, la Asociación de la Prensa de Madrid o la Asociación de Periodistas Parlamentarios. También figuran profesionales que cubren habitualmente información relacionada con Interior, la Policía Nacional o la Guardia Civil.
"En una sociedad democrática, ningún organismo del Estado tiene legitimidad para fichar, catalogar o perfilar ideológicamente a quienes ejercen el periodismo, por cuanto constituye un ataque directo a la libertad de prensa, reconocida en el artículo 20 de la Constitución Española, al introducir un elemento de vigilancia y potencial represalia sobre el ejercicio profesional de la información", asegura en un comunicado la FAPE.
Según esta organización, "resulta especialmente grave que se establezca una distinción entre periodistas 'afines' y 'problemáticos' desde una institución con capacidad de influir en el acceso a fuentes, acreditaciones y trato institucional".
Y por ello, exige al Ministerio del Interior "el cese inmediato de cualquier práctica de clasificación, seguimiento o perfilado de periodistas por parte de organismos públicos; garantías efectivas de que los profesionales incluidos en el listado no han sufrido ningún tipo de perjuicio, represalia o trato diferenciado".
Por último, hace un llamamiento a las demás asociaciones y organizaciones profesionales, a los sindicatos y a la ciudadanía en general "para que se sumen a la exigencia de transparencia y rendición de cuentas", porque -argumenta- la libertad de prensa no es un privilegio de periodistas, sino una "garantía democrática".
Por su parte, la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) se ha sumado al comunicado de la FAPE y considera la lista de periodistas "una práctica incompatible con el Estado de derecho".
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