La Junta Electoral Central (JEC) ha ejecutado el requerimiento del Supremo sobre la aplicación de la ley de nietos y ha pedido la información que se le solicitó a la Oficina del Censo Electoral.
Según han informado a EFE fuentes del órgano electoral, la JEC ejecuta así la demanda del Supremo después de que el alto tribunal dejara en suspenso las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) como consecuencia de la denominada ley de nietos.
Ordena a la Oficina de Censo Electoral que desglose los expedientes de inscripción censal que procedan de la aplicación directa de los supuestos de exilio recogidos en la ley de nietos, y de los aprobados al amparo de la interpretación de la instrucción posterior.
En la reunión se han analizado punto por punto cada apartado de la parte dispositiva del auto del Supremo y se ha constatado que de la petición que se deriva la parte más complicada es este desglose por la ingente cantidad de asuntos a tratar.
La JEC señala además que procederá a estudiar, una vez ya recibidos, el informe complementario de la Oficina del Censo Electoral, así como la propuesta de instrucción dirigida por dicha Oficina a las Oficinas Consulares que fueron requeridos el pasado 16 de julio y que el Supremo le instó también a reclamar.
Dicho examen se producirá con "carácter inmediato" -el próximo jueves, según han informado las citadas fuentes- para la adopción del acuerdo correspondiente.
El Tribunal Supremo dejó en suspenso la pasada semana las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) como consecuencia de la ley de nietos, hasta que los consulados acrediten que los nacionalizados cumplen con la condición de ser descendientes de exiliados españoles.
El alto tribunal aprecia un "peligro fundado, real y serio" generado por el "incremento extraordinario" del número electores en el extranjero por la ley de nietos y que puede "afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral" si no se suspende.
Estimó así parcialmente la medida cautelar solicitada por Iustitia Europa y Vox en los recursos presentados contra el acuerdo de la JEC, del pasado 16 de julio, que señaló, entre otras cuestiones, que no podía acordar la no admisión del voto por correo desde el exterior porque excedía a sus competencias.
La ley de nietos permite, en virtud de una disposición dentro de la ley de memoria democrática dictada el 19 de octubre de 2022, a hijos y nietos de españoles de origen optar a la nacionalidad española, siempre que acrediten los requisitos de haber nacido fuera de España, que el padre, madre, abuelo o abuela fueran originariamente españoles y hubieran sufrido exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual.
Sin embargo, una semana después el Gobierno aprobó una instrucción que decía que se "presumirá" la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron entre 1936 y 1955.
PP frena una comisión de investigación que pide Vox
Por otro lado, Vox ha incidido en esta polémica al solicitar la creación de una comisión de investigación en el Senado sobre la aplicación de la ley de nietos, intentona frustrada por el PP, con mayoría absoluta en la Cámara Alta, al dejar claro que no lo ve necesario.
Ha sido el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, quien ha lanzado la idea tras el Comité de Acción Política del partido, por ver necesario este instrumento parlamentario para saber quién adoptó las decisiones sobre la aplicación de la norma, cuántas "nacionalidades fraudulentas" se han concedido y el "impacto electoral" de todo el proceso.
Sin embargo, el portavoz del PP, Borja Sémper, le ha replicado que su partido no ve necesario crear este órgano porque prefiere esperar a que el Supremo adopte una decisión definitiva al ser lo "razonable".
"No necesitamos una comisión de investigación para entender que una orden ministerial no está por encima de una ley aprobada en el Congreso", ha zanjado.
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