El real decreto ley aprobado por el Gobierno a finales de agosto para regular los grupos de interés ha quedado derogado este miércoles al votar el PP, Vox, Junts y UPN en contra de su convalidación en el pleno del Congreso.
La votación se ha saldado con 155 votos a favor, 179 en contra y 12 abstenciones -del PNV, de Podemos y de tres diputados de Sumar- e impedirá al Gobierno cumplir en plazo con uno de los compromisos adquiridos con Bruselas para recibir fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeo.
Sumar llegó a anunciar que iba a votar en contra del decreto al considerar que los sindicatos no podían ser tratados como 'lobbies', una crítica casi unánime en el debate, pero cambió de opinión después de que el ministro para la Transición Digital, Óscar López, prometiera aclarar la cuestión en otro decreto que se aprobaría antes de fin de octubre.
"Por supuesto que partidos y sindicatos no son 'lobbies'", garantizó López, quien apeló en vano a la responsabilidad del PP para sacar adelante una norma que reclama la UE y que los populares apoyan en Bruselas.
La ley de 'lobbies', atascada en el Congreso
El Gobierno envió un proyecto de ley de 'lobbies' al Congreso en 2025 y el ministro ha reconocido que aprobaron en verano el decreto porque el retraso en la tramitación de esa ley impedía cumplir con los plazos prometidos a Bruselas.
El diputado socialista José Luis Aceves ha instado a los parlamentarios a no poner en riesgo la llegada de importantes fondos europeos, pero el PP ha cuestionado la urgencia de la norma.
Además de los "572 días de dejadez", los pasados desde que remitió al Congreso el proyecto de ley, la diputada Edurne Uriarte ha recordado que la UE reclama esa regulación desde 2021, con que, a su juicio, si se incumplen los plazos es por la "dejación y la irresponsabilidad" del Gobierno.
Uriarte ha asegurado que decir no al decreto no es rechazar la necesidad de una ley y ha pedido reactivar el proyecto que se encuentra en la cámara.
En la misma línea, el diputado de Vox Emilio Jesús del Valle ha acusado al Gobierno de atentar contra la separación de poderes, mientras que el portavoz de Junts, Josep Pagés, ha denunciado la falta de negociación y ha cuestionado un texto que, a su juicio, está diseñado para favorecer a las grandes empresas y los grandes 'lobbies'.
Un registro efímero con más de 300 solicitudes
Frente a las críticas, Óscar López ha defendido un texto que definía lo que es un grupo de interés, incorporaba el informe de "huella normativa" para determinar su posible influencia en la redacción de las layes y establecía un régimen sancionador.
A su juicio, es difícil explicar que se rechace una norma que impone mayor transparencia al Gobierno, salvo que haya "motivos oscuros".
Según ha apuntado, en menos de un mes el registro que ahora queda derogado ha recibido más de 300 solicitudes de inscripción de grupos de interés y más de 3.000 consultas.
ERC ha votado a favor, aunque su portavoz, Marc Francesc Álvaro, no ha escatimado críticas a una ley que, ha dicho, llega tarde en un país donde "el rey emérito era el gran lobista".
Bildu ha defendido la necesidad de "arrojar luz" sobre los "poderes en la sombra", mientras que el PNV, como la mayoría de los partidos, ha lamentado que el Gobierno recurriera a la vía del decreto al no contar con apoyos parlamentarios para el proyecto.
Desde el grupo mixto, sin embargo, Néstor Rego (BNG) ha criticado la profesionalización del lobismo y la influencia de las grandes empresas y la diputada de Compromís Águeda Micó, ha reclamado una ley que incremente las sanciones a quien corrompe y compra voluntades.
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