Hay veces que se necesita revelar en diferido el sarcasmo estructural de una alegación. En mi anterior artículo exponía tres palancas europeas para Ceuta que existen, tienen precedente, pero no se moverán: ni este Gobierno las pediría ni Francia sería partidaria de que se pusieran en manos de España. Ese artículo era, debo confesar, el retrato de un absurdo: un sistema reducido a ventanillas que nadie va a atender. Éste explica por qué el absurdo es estructural y por qué la salida no es burocrática, sino democrática.
En dos artículos anteriores he sostenido que Ceuta se resolvería según dos variables que la historia ha probado desde Annual hasta Perejil: cohesión dentro y anclaje fuera. He descrito por qué falla la primera. Y en el segundo describí tres palancas europeas que existen, tienen precedente y golpean donde a Rabat le duele, pero sabiendo que no se activarán, al menos en nuestra situación actual. Mi anterior artículo era, deliberadamente, un retrato sarcástico de un sistema burocrático de ventanillas inoperante para el asunto grave que nos concierne. Otros socios de la Unión, de Polonia a Dinamarca, resolvieron sus crisis de instrumentalización antes de que Bruselas moviera un papel, porque sus gobiernos respondían ante sus votantes. Falta explicar por qué el nuestro no puede, y para eso conviene empezar por un experimento que nadie diseñó y que se realizó a la vista de todos.
El 1 de septiembre, en vísperas del Día de Ceuta, la dirección del PSOE remitió una circular a sus alcaldes pidiéndoles que no participaran en las concentraciones convocadas por la Federación de Municipios ante los ayuntamientos de toda España en apoyo a la ciudad autónoma. El motivo declarado: se trataba de actos partidistas destinados a atacar al presidente del Gobierno. Al día siguiente hubo más de doscientas sesenta plazas llenas. Y más de treinta alcaldes socialistas, buena parte de ellos andaluces, desobedecieron la circular y acudieron. La portavoz de la Ejecutiva Federal los llamó «versos sueltos» y evitó condenarlos. Uno de esos regidores explicó a un periódico su motivo con una franqueza que vale por un tratado: «En las municipales nos vota gente de ideología muy variada».
Léase despacio. El único cargo del partido que responde ante electores concretos, que puede ser castigado por vecinos que le conocen, fue el único que actuó como representante de la nación y no como delegado del aparato. Ningún diputado socialista hizo lo mismo, y no porque piense distinto de esos alcaldes, sino porque su escaño no depende de quien le vota, sino de quien le pone en la lista. Eso es un experimento natural sobre la relación entre el modo de elección y el comportamiento del elegido, y su resultado es inequívoco.
Ahora véase lo que hizo esa misma semana el Gobierno al que los diputados sostienen. El 25 de agosto, la ministra de Defensa presentó en el Congreso la reconstrucción del Estado Mayor de la Defensa: grupos creados semanas antes para organizar los cruces, instrucciones sobre trajes de neopreno y aletas, una fecha elegida, y la calificación explícita de amenaza híbrida e instrumentalización de personas. El 28 de agosto, el ministro de Asuntos Exteriores atribuyó lo ocurrido a una «internacional reaccionaria». El 31, el presidente acusó a Rusia y a Israel de difundir desinformación y descartó cualquier papel de Marruecos. Tres versiones incompatibles en siete días, y ningún mecanismo que obligue al Ejecutivo a quedarse con una. Ni una moción con consecuencias, ni una comisión de investigación con poder de citar, ni una pregunta parlamentaria cuya respuesta cueste algo. Esta misma semana la Policía ha implicado a Rabat ante la jueza que investiga los hechos, mientras el ministro del Interior pedía cuentas a su director. El Estado dice ante un tribunal lo que el Gobierno calla ante el Parlamento.
Esto tiene un nombre desde hace más de treinta años. Antonio García-Trevijano lo llamó Estado de partidos, y lo describió con una precisión que entonces pareció excéntrica y hoy parece un informe de situación. Tres piezas. Listas cerradas y bloqueadas, de modo que el diputado debe el escaño al secretario general y no al elector. Circunscripciones de partido, no de persona, de modo que ningún ciudadano puede exigirle nada a nadie porque nadie le representa a él en concreto. Y un Ejecutivo que nace del Legislativo en lugar de elegirse aparte, de modo que el Parlamento no controla al Gobierno: lo sostiene, y sostenerlo es su función. Su remedio, que cito sin necesidad de abrazarlo hoy, era el distrito uninominal y la elección separada del presidente. No pido reformar la Constitución esta semana. Pido entender por qué, sin esas piezas, Ceuta no tiene quien la nombre.
Conviene ser exacto para no caer en el panfleto. Otras democracias con listas cerradas gestionan su política exterior con dignidad. Lo específico del caso español no es una pieza sino la combinación: lista cerrada, disciplina de voto sin primarias que merezcan el nombre, y un Gobierno que depende para existir de socios de investidura a quienes Ceuta les resulta, en el mejor de los casos, indiferente y, en el peor, un problema colonial ajeno. Esa combinación produce un Ejecutivo que puede permitirse tres versiones en una semana porque a ninguno de los que deberían corregirle le sale a cuenta hacerlo. Y no puede permitirse una sola frase en Bruselas porque esa sí tendría precio en casa.
Y ahí está la conexión con las tres palancas de las que hablé en mi artículo anterior de esta serie. Ninguna es difícil técnicamente: (1) documentar el bloqueo consular para activar el artículo 25 bis de visados, (2) presentar la solicitud del reglamento de instrumentalización, y (3) condicionar el voto sobre el marco comercial con Marruecos: todo eso lo puede hacer un Gobierno en un mes. Lo que exige es pagar un coste doméstico, romper la ficción de la cooperación excelente y decir en Bruselas lo que el EMAD ya ha dicho en el Congreso. Un Gobierno que responde ante electores paga ese coste porque le sale más caro no pagarlo. Un Gobierno que responde ante su aritmética parlamentaria no lo paga nunca, porque para su aritmética Marruecos no existe.
La historia que invoqué en agosto confirma la regla desde el otro lado. La Marcha Verde triunfó sobre un régimen sin sucesión clara; Perejil se resolvió en días con un Gobierno de mayoría absoluta que no debía su existencia a nadie. 2026 encuentra a España con el grupo parlamentario más exiguo desde 1977, presupuestos prorrogados por tercer ejercicio y una coalición cuyo precio es, entre otros, el silencio sobre Marruecos. Rabat no lee nuestras encuestas de identidad nacional. Lee nuestra aritmética parlamentaria, y en ella ha leído que este Gobierno no puede nombrarle.
Vuelvo a los alcaldes, porque en ellos está la única buena noticia. Lo que hicieron el 2 de septiembre fue representación en estado puro: escuchar a quienes les votan, distinguir una cuestión de Estado de una consigna de partido, y actuar en consecuencia asumiendo el coste. El partido lo llamó verso suelto. García-Trevijano habría dicho que en un Estado de partidos el verso suelto es el único que rima con la nación. Y que no importa que sean del PSOE: cualquier partido en el Gobierno habría redactado la misma circular, porque la circular no la escribe una ideología, sino un sistema en el que quien manda no responde ante nadie a quien pueda perder como votante.
La cohesión dentro no la fabrica un Gobierno, sino un sistema en el que quien decide responde ante alguien. El 2 de septiembre vimos ese sistema funcionar a escala municipal, en doscientas sesenta plazas y contra las órdenes de un partido. Ceuta necesita que funcione a escala de Estado. Hasta entonces, su soberanía seguirá siendo negociable.
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