El senador del PP, José Ramón Díez de Revenga, ha acusado al ministro de Transportes, Óscar Puente, de "mentir deliberadamente" el pasado 23 de enero en una rueda de prensa para informar sobre el accidente de Adamuz (en el que murieron 46 personas). Puente mostró el acta de inspección de una soldadura del carril derecho de la vía, pero el que se rompió provocando el siniestro fue el izquierdo.
Así lo ha manifestado el senador popular en la comisión de investigación sobre el accidente en la cámara alta durante la comparecencia de la exsecretaria general de Transporte Terrestre y expresidenta de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) Rocío Báguena.
Cinco días después del accidente, el 23 de enero de 2026, Puente compareció en rueda de prensa para "hacer pública toda la información" que poseía Adif sobre ese tramo de la vía. Declaró que "todas las soldaduras del tramo recibieron la aceptación por parte del gestor homologado" y mostró la tabla que así lo demostraba. No obstante, afirman los populares, el acta de inspección "visual y geométrica" que exhibió "era la del carril derecho, mientras que la rotura fue en el carril izquierdo".
El PP arguye asimismo que, si una soldadura se rompe varios meses después de haberse realizado, no sirve la inspección visual que se hizo en su día, sino la que detecta fallos internos, es decir, microporos o fisuras que sólo se aprecian mediante ultrasonidos. Este tipo de "auscultación" no se había ejecutado sobre el tramo afectado. La última inspección técnica mediante ultrasonidos, según Adif, se hizo "durante su construcción", en junio de 2025.
Según los populares, Puente "ocultó deliberadamente" la información relevante proporcionando gran cantidad de datos "intrascendentes" y, posteriormente, declaró toda la información como "reservada" aludiendo a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo según la cual "el acceso a información estrechamente vinculada a procedimientos judiciales en curso debe ser objeto de restricción, cuando su difusión pueda incidir negativamente en el recto desenvolvimiento del proceso, comprometer la imparcialidad judicial o distorsionar la percepción pública del litigio".
Báguena niega cualquier responsabilidad
Báguena, que ha negado cualquier responsabilidad, ha confirmado que se reunió varias veces con Puente para preparar su comparecencia de prensa de enero de 2026, pero ha dicho que ella "no ha manipulado nada" ni ha "participado en ningún engaño" y que se enteró de la "manipulación" del acta de la soldadura "por la prensa".
Tras incidir en que ella no ha analizado las actas de soldadura ni ha tenido acceso al expediente, ha planteado que lo que cabría modificar es el artículo 114 del Real Decreto de Seguridad Operativa, según el cual cuando hay modificaciones parciales es Adif quien decide si pone en funcionamiento las infraestructuras y luego solicita a la Agencia la autorización de la puesta en servicio. Ésta también ha señalado que los procedimientos de soldadura aplicados por Adif se desarrollan dentro del marco normativo europeo, que España no puede modificar unilateralmente.
Báguena ha asegurado que desconoce por qué el ministro Óscar Puente la cesó el pasado 1 de septiembre. "No me ha dado ninguna explicación sobre el motivo del cese", ha afirmado Báguena, aunque ha admitido que "algo tuvo que fallar".
Su planteamiento a lo largo de la comparecencia ha sido que la AESF supervisa el sistema, pero no reemplaza la responsabilidad de Adif ni de las empresas ferroviarias; y que las responsabilidades sobre Adamuz deben dirimirse a partir de la investigación técnica y judicial, sin trasladarlas automáticamente a la Agencia.
Según su explicación, la normativa atribuye a las empresas ferroviarias y a los administradores de infraestructuras la responsabilidad principal sobre la seguridad y el control de los riesgos, mientras que la AESF actúa como una "capa superior" de supervisión, que "no diluye la responsabilidad de los actores" y que además es "muestral".
En ese contexto, ha hecho hincapié en que el cargo que ocupó durante un año y cuatro meses al frente de la Agencia, y que está vinculado al de secretaria general, no tenía "funciones ejecutivas", ya que la presidencia es un mero "nexo" con el Ministerio; y en que, por tanto, ni siquiera ha "visto el expediente".