El presidente ha anunciado que no agotará la legislatura, como nos había prometido una y cien veces. Es preferible no mantener a la ciudadanía en estado de permanente shock, sin presentar presupuestos por cuatro ocasiones, sin aprobar leyes, condicionado al mercadeo permanente de votos parlamentarios contra dádivas a nacionalistas, delincuentes más o menos presuntos, herederos del terrorismo o subproductos de los viejos comunismos... por no añadir los ataques a los jueces, las investigaciones por corrupción, la colonización de las instituciones, la pésima gestión de las sucesivas crisis -con la de Ceuta como la guinda que corona el pastel-. Y hablando de Corona, el arrinconamiento de la misma y de su titular. Llegó la hora en la que uno de los pocos espacios que le quedan al ciudadano en la democracia española será posible: el ejercicio del voto.
Concluía el debate del pasado viernes en el Congreso con las teatrales palabras del presidente del Gobierno, en lo que fue el primer acto precursor de su campaña: “La historia os juzgará”. Es la condena que Pedro Sánchez ha formulado en contra de los diputados de PP, Vox y Junts, después de llamarles a que elijan entre la justicia y la insolidaridad. Se trata de una paráfrasis de dos discursos que han ocupado su lugar en las crónicas políticas. La expresión de Fidel Castro, cuando fue juzgado por el asalto al cuartel de la Moncada en el año 1950, ocasión en la que afirmó, “la historia me absolverá”; o el alegato de Èmile Zola en su “J’accuse”, cuando sentenció: “Dejo a la historia el cuidado de juzgar mi acto”.
Se trata de una proclama un tanto superabundante esa de apelar a la historia, cuando la propia del presidente del Gobierno en esta materia resulta más que expresiva. Es el de la vivienda un asunto que lleva los ocho años de su gobierno enquistado, sin encontrar políticas que ofrezcan una salida razonable a un problema que ha ocupado tantas proclamas dialécticas como escasez de respuestas. En lo que a vivienda protegida se refiere, el Banco de España estimaba que, para alcanzar el promedio europeo de parque público de alquiler, harían falta alrededor de 1,5 millones de viviendas adicionales. En lo relativo a oferta de vivienda, siempre según el Banco de España, en los años 2021 y 2025 el desfase acumulado en vivienda pública entre creación de hogares y nueva vivienda llegó a unas 750.000 unidades. Consecuencia de una descompensación entre la oferta y la demanda, su precio escala sin cesar. Lo mismo ocurre con la oferta de alquiler, muy inferior a la demanda.
Dicen que los extremos se tocan, y algo de eso he pensado cuando oigo desparramarse la verborrea de ciertos representantes del “sindicato de inquilinas…” y el anatema con el que castigan a las derechas, a los rentistas y a los llamados “fondos buitre”. Tiene sabor rancio ese discurso, olor a muerto de dictadura fenecida que se diría reencarnarse ahora en estos nuevos “Robin de los bosques”, dispuestos a dilapidar las propiedades de unos para que otros no lo pasen tan mal. Y tiene sabor a mentira también, el digital The Objective ha descubierto que cooperativas del entorno del sindicato de inquilinas tienen un patrimonio inmobiliario de 117 viviendas. Es decir, como el Chicago de los años 20, pero disfrazado con populismo demagógico.
Y la demagogia de las izquierdas en la expresión de sus posiciones es tan exagerada como vacua. Lanzan éstas sus invectivas contra los llamados “rentistas” y los también denominados “fondos buitre”, errando malintencionadamente el tiro. Los pequeños propietarios (entre una y dos viviendas) ofertan un 75% del alquiler en España. En cuanto a los “fondos buitre” se refiere, sólo el 8,1% de los inquilinatos procede de sociedades, y desde luego que no todas forman parte de la categoría de las expresadas aves rapaces.
Demagogia atizada ya no sólo por las recurrentes invectivas de los extremistas del bueno-malo, donde todos son o Maricarmen o empresarios desaprensivos, obesos sujetos con chistera y puro. La portentosa ministra de Vivienda -que no sabía cómo explicar lo que había aprobado el Consejo de Ministros- lo calificaba de “cacao”, pero no menos que al propietario de la vivienda, Urbagestión S.L., una pequeña empresa inmobiliaria propietaria de esa sola vivienda, a la que la tantas veces desinformada Isabel Rodríguez llegaría a calificar de “pyme buitre”. Un piso al que, por cierto, Maricarmen regresará en inmejorables condiciones a pesar de la presunta condición carroñera de su propietario.
Ítem más. Resulta increíble y seguramente irregular desde el punto de vista jurídico -en todo caso contrario al sentido común, que es un asunto previo- que el gobierno apruebe dos decretos leyes que aún no han concluido de redactarse. Todavía más que la segunda de estas normas derogue en parte a la anterior. Más que “cacao” se trata de una chapuza en toda regla. Y que, rechazados ambos en el pleno del viernes, se vuelvan ahora a presentar a la Diputación Permanente.
Mentira sobre mentira Las cosas como son: a Maricarmen no la ha desahuciado Urbagestión. Lo ha hecho un juez, y en aplicación de una norma aprobada en el año 1994, cuando todavía gobernaba Felipe González.
Cabe la posibilidad de que, bajo los auspicios de Pedro Sánchez, el de su antecesor no fuera un “gobierno progresista”. Cabe también la de que no les guste -ahora- esa norma y que la pretendan modificar. Deberían entonces ser capaces de articular una mayoría parlamentaria susceptible de aprobarla. Y, preferiblemente, de una mayoría que recorriera en lo posible la mayor parte de un arco político capaz de gestionar en el futuro el que, según las encuestas, es el problema más grave del país.
Pero un gobierno que levanta muros no lleva en su ADN la idea del pacto. Articuló Sánchez su mayoría parlamentaria -tan exigua que ni siquiera le alcanzó para aprobar los presupuestos en todo lo que llevamos de legislatura- con una sola idea: prolongar el poder del PSOE y de su secretario general. No sería un gobierno de programa, sino de concesiones. Junts y Ezquerra querían la amnistía, Bildu la liberación de sus terroristas, el PNV rebañar lo que quedaba del Estatuto -Seguridad Social incluida-. Por cierto, vimos a su presidente, Aitor Esteban, desplazarse a Madrid para negociar, una vez más, el precio de su voto…
Sánchez ha procurado en todo lo que estaba a su alcance estirar estos pactos hasta el día de hoy. Pero hay veces en las que la moneda de cambio se acaba y ya no queda material para la compraventa de votos. Es el momento en que Junts ha pensado que le conviene salir de nuevo en la foto como el principal hacedor de las políticas nacionales, toda vez que la amnistía llegará hasta Puigdemont y pueda regresar éste a… España, mal que le pese.
Por lo demás tiene el sabor este episodio a nostalgia del franquismo, cuando los propietarios alquilaban durante toda su vida a inquilinos que se sucedían sin solución de continuidad. Donde no existían límites temporales en los contratos de trabajo, y los empresarios permanecían casados a sus empleados para el resto de sus días, porque la protección paternalista del dictador permitía los alquileres indefinidos y los contratos de trabajo permanentes. Algunos creíamos que de esa vieja dictadura habíamos salido definitivamente. Pero no, con el “sindicato de inquilinas” volvemos a esas épocas. ¿El resultado? Menos alquiler y más caro. Por supuesto que era lo más lógico, con todo, que esos decretos fueran rechazados por el Congreso. Esa “mayoría social” no es por el momento la del parlamento, quizás tampoco “mayoría” ni “social”.
Iremos ahora a elecciones con Ceuta y Maricarmen como protagonistas. Veremos qué campañas hacen unos y otros. La del PSOE ya ha empezado.
Si (
No(
