Un fraude constitucional de Sánchez y una huelga general para arrancar la campaña electoral

Con las Cortes disueltas por la convocatoria de elecciones generales, Pedro Sánchez quiere despedirse de la legislatura con un fraude constitucional. El Consejo de Ministros tiene previsto volver a aprobar los decretos de vivienda tumbados el viernes por la mayoría absoluta del Congreso y presentarlos ante la Diputación Permanente, el órgano donde tiene mayoría y que se ocupa de convalidar las “funciones legislativas de urgencia”, mientras se encuentra cerrada la Cámara Baja. El todavía jefe del Ejecutivo pretende aprobar las aberrantes medidas a espaldas del Parlamento, en contra de la soberanía popular que las rechazó.

En su comparecencia en Moncloa para anunciar la convocatoria electoral, Pedro Sánchez atacó al Parlamento por “tumbar sus medidas sociales”, como si el Parlamento no representara a la soberanía popular, a la mayoría de españoles y a la propia democracia. Y ahora quiere sacarse la espina de su derrota con una treta que los juristas consideran que es inconstitucional. Pues la Diputación Permanente no puede aprobar unos decretos que acaban de ser rechazados por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Se trata, en realidad, de una escaramuza ilegal para arrancar la campaña electoral enarbolando sus falsos eslóganes a favor del “derecho a la vivienda”, después de haber hundido y encarecido el mercado en sus 8 años de Gobierno, después de ser el presidente que menos obra pública ha construido.

No sólo eso. También ha convencido a CCOO y UGT, los grandes sindicatos que defienden al Gobierno “progresista” en lugar de defender a los trabajadores, para encabezar la huelga general que ha promovido el Sindicato de Inquilinas, para incendiar las calles como parte de su estrategia preelectoral. Se trataría de algo inaudito, pues sería la primera huelga general que se celebra en contra de la Oposición, no del Gobierno, el único responsable de los problemas económicos de los ciudadanos y, en este caso, de la crisis de la vivienda. La movilización también supondrá un impulso a la campaña electoral del PSOE, pues todas las pancartas y eslóganes se dedicarán a atacar a “los especuladores y tenedores de viviendas, a los fondos buitre” y naturalmente y, sobre todo, al PP y a Vox, a los que consideran sus representantes políticos.

Antes de comenzar oficialmente la campaña electoral, Pedro Sánchez ya está embarrando el terreno. Ha puesto en marcha el juego sucio que va a emplear para intentar salir del atolladero con la esperanza de recuperar el voto perdido por las tropelías y corrupciones de su Gobierno. Los líderes sindicales Pepe Álvarez y Unai Sordo, considerados sus ministros en la sombra, junto a las inquilinas van a convertirse en la punta de lanza de una campaña, basada exclusivamente en atacar a la derecha, al “fascismo que viene” de la mano de Núñez Feijóo.

Como ya hemos comentado, el presidente ha decidido morir matando. Y para ello, cuenta con sicarios tan dóciles como los líderes sindicales y las inquilinas. Sánchez ya ha comenzado a poner en práctica sus turbias e ilegales maniobras y todavía no ha comenzado oficialmente la campaña electoral. España se enfrenta a una guerra sin cuartel entre una izquierda hundida y los partidos de la Oposición. Los socialistas, los sindicalistas y las inquilinas se preparan para incendiar las calles con el propósito de generar violencia y enfrentamientos para culpar, luego, a la derecha. Se trata de un ensayo general de las algaradas de la izquierda que estallarán en toda España si, después del 29 de noviembre, Núñez Feijóo llega a La Moncloa.