La magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón, que investiga la invasión de Ceuta, ha imputado al exdelegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, tras abrirle diligencias por prevaricación y desórdenes públicos.
Pérez Triano dimitió alegando "razones personales", aunque dio una rueda de prensa en la que denunció “presiones” y dinamitó la versión del Gobierno sobre lo ocurrido en Ceuta, la confirmar que avisó al ministerio de Interior de Fernando Grande-Marlaska de los informes del CNI sobre una inminente invasión de Ceuta.
En el auto, la magistrada requiere a la Comisaria General de Información de la Policía Nacional un informe con las incidencias e investigaciones relacionadas con las anomalías en las comunicaciones operarivas realizadas entre el 28 de julio y 5 de agosto.
Circunstancias todas ellas “compatibles con actuaciones coordinadas dirigidas a perturbar la capacidad de comunicación, coordinación o respuesta de los servicios públicos españoles”.
Asimismo, acuerda requerir al Centro de Operaciones de Servicio (COS) de la Guardia Civil de Ceuta las grabaciones de las llamadas recibidas entre las 00:01 horas del 30 de julio y las 23:59 horas del 31 de julio.
Solicita estos dos informes con carácter previo a decidir sobre la batería de diligencias pedidas por la Fiscalía en relación con las anomalías en las comunicaciones operativas esos días.
“Si efectivamente se hubiera producido una degradación grave y prolongada de tales capacidades, resultaría imprescindible determinar si dicha circunstancia obedeció únicamente a causas técnicas ordinarias derivadas de la saturación de las redes o, por el contrario, si pudo existir algún tipo de actuación deliberada dirigida a perturbar el normal funcionamiento de tales sistemas”, apunta.
Pese a esas sospechas, precisa Tardón, más allá de la declaración de un agente de policía, no existe elemento objetivo alguno que permita afirmar que existieron actuaciones deliberadas de "interferencia tecnológica, ciberataques, guerra electrónica, sabotaje digital o cualquier otra modalidad de actuación hostil que tuvieran participación, intervención, colaboración o relación causal con los hechos" investigados.
Dicho policía declaró que las comunicaciones operativas presentaban esos días graves deficiencias de funcionamiento, lo que le pareció anómalo, "hasta el punto de suscitarle la sospecha de que dichas incidencias pudieran guardar relación" con las entradas masivas de inmigrantes.
"Sin embargo, y como bien se señala en su escrito por el Ministerio Fiscal, tal apreciación constituye una valoración subjetiva del declarante, que tras percibir la eventual existencia de una alteración significativa de los sistemas de comunicaciones empleados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante una situación de extraordinaria presión fronteriza, también apunta a que a ello pudo contribuir, precisamente, la saturación que tal situación pudiera generar, así como la proximidad de la frontera", observa la jueza.
Esa posible afectación de los sistemas de comunicaciones, añade, "constituye una hipótesis fáctica directamente relacionada con la capacidad de reacción institucional frente a los acontecimientos investigados y, por ello, merece ser objeto de comprobación".
Así, y pese a compartir el criterio de la Fiscalía sobre la necesidad de practicar diligencias para analizar todos estos extremos, la jueza cree más pertinente pedir primero información a la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía y al Centro de Operaciones de Servicio de la Guardia Civil de Ceuta.
Una vez incorporada esa información decidirá si recabar la colaboración de aquellos organismos del Estado con capacidad técnica y acceso a la información necesaria "para determinar si durante las fechas objeto de investigación se detectaron indicadores compatibles con actuaciones coordinadas dirigidas a perturbar la capacidad de comunicación, coordinación o respuesta de los servicios públicos españoles".
El Gobierno autoriza al jefe del CNI a declarar ante la jueza
El jefe de la delegación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en Ceuta podrá comparecer como testigo en la Audiencia Nacional una vez que el Gobierno ha autorizado la petición de la jueza Maria Tardón, que investiga la invasión de la ciudad autónoma el pasado 30 de julio.
Esta era una de las solicitudes que la magistrada remitió al Ejecutivo el pasado 27 de octubre en un auto, según ha adelantado El Mundo y han confirmado a EFE fuentes jurídicas.
Ahora bien, esta citación se enmarca en la pieza secreta porque se considera que se trata de información reservada, añaden las fuentes.
El acuerdo del Consejo de Ministros remitido a la jueza incluye también la desclasificación de los informes elaborados por el CNI en relación a la invasión, que era su principal petición.
Tardón reclamó "todas las notas e informes realizados por el CNI y difundidos a autoridades a partir del 30 de julio de 2026 relativos a las investigaciones sobre los hechos acaecidos los días 30 y 31 de julio de 2026", y, en concreto, aquellos relativos "a la actuación de las autoridades de Marruecos hasta el día de la fecha".
"La información interesada es indispensable para el esclarecimiento de los hechos. Permitirá determinar qué autoridades conocían, y desde qué momento, la convocatoria de entrada masiva prevista para el 30 de julio de 2026. Permitirá también saber qué decisiones se adoptaron o dejaron de adoptarse a la vista de esa información y cuál fue la actuación de las autoridades del Reino de Marruecos", indicó Tardón.
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