La Fiscalía Anticorrupción acaba de emitir un informe en el que sostiene que hay indicios suficientes para investigar al PSOE por los delitos de cohecho y tráfico de influencias y por presuntas maniobras para boicotear causas judiciales que afectaban al Partido Socialista y al Gobierno.
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, después del golpe demoledor al presidente al situarlo como el “one”, el cerebro de la llamada trama de las cloacas, ahora avanza en la investigación de la posible financiación ilegal del PSOE, a pesar de que por el momento descarta hacerlo, para no intervenir en las elecciones del 29 de noviembre.
Pero el horizonte de una posible imputación del PSOE no desaparece. La UCO tiene indicios más que sobrados de presuntas irregularidades en los movimientos del dinero del partido entre 2024 y 2025, el año que Leire Díez entró en acción.
La delicadeza de Pedraz y del resto de los jueces que llevan causas "sensibles" para el PSOE contrasta con una de las campañas electorales más sucias que se han visto en mucho tiempo. El Gobierno se empeña en agitar la calle contra la oposición a través de todos sus terminales sociales y mediáticos. Aprovecha la muerte de una anciana para obtener rédito político, convoca una huelga general contra la oposición a las puertas de las elecciones y adultera el ambiente para tratar de movilizar a su electorado.
Nada puede, sin embargo, tapar todos los indicios que apuntan a que el PSOE mantuvo una cloaca para tratar de doblegar a los poderes del Estado con procedimientos mafiosos.
Tan grave como la investigación que ahora lleva a cabo el propio juez Pedraz sobre la posible contratación por las cloacas del PSOE de sicarios de una banda de narcotraficantes de Badajoz para “eliminar” a Beatriz Biedma, la juez que condenó al “hermanísimo”. En efecto, la posible imputación del PSOE por financiación ilegal debe ser la tumba política de Pedro Sánchez.
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