Un liberalismo social para el siglo XXI

Un joven puede tener reconocido el derecho a estudiar y carecer de medios para hacerlo. Puede elegir dónde vivir y no encontrar una vivienda que pueda pagar. Puede ser libre para abandonar un empleo y saber que perderlo significa quedarse sin ingresos. Sus derechos son reales y suprimirlos empeoraría su situación. Pero la distancia entre lo que la ley permite y lo que la vida hace posible plantea una pregunta que el liberalismo social no debería eludir: ¿qué necesita una persona para gobernar su propia existencia?

Thomas Hill Green se enfrentó a ese problema en la Inglaterra industrial del siglo XIX. La abolición de privilegios y la libertad contractual habían derribado obstáculos importantes, pero no garantizaban por sí solas la independencia de todos. En su conferencia de 1881 sobre legislación liberal y libertad de contrato sostuvo que la libertad debía valorarse por las capacidades que permitía desarrollar. Un trabajador podía aceptar formalmente un contrato porque la necesidad económica le impedía rechazarlo. Regular las condiciones de trabajo podía, por tanto, protegerlo frente a esa desigualdad y ampliar su libertad efectiva. La falta de instrucción constituía otro obstáculo: limitaba las posibilidades de encontrar empleo y de conocer y defender los propios derechos. Desde esa perspectiva, facilitar el acceso a la educación también contribuía a la independencia personal. La protección laboral y la educación formaban así parte del liberalismo, pues permitían ejercer la libertad que las leyes reconocían.

Leonard Trelawny Hobhouse desarrolló esta orientación en Liberalism, publicado en 1911. Al abordar los derechos y los deberes, afirmó que «la relación del individuo con la comunidad lo es todo». La autonomía individual requería una organización social que proporcionara los conocimientos y las posibilidades de cooperación necesarios para desarrollarla. También la riqueza tenía una dimensión colectiva, pues el esfuerzo personal producía sus resultados dentro de un orden jurídico y gracias a conocimientos heredados y al trabajo de otros. Esa contribución justificaba que una parte de la riqueza financiara necesidades comunes: la propiedad conservaba su lugar, acompañada de obligaciones hacia la sociedad que permitía ejercerla. Esta reciprocidad no autorizaba, sin embargo, a subordinar al individuo a la comunidad. Sus tradiciones no podían prevalecer sobre los derechos personales, la pertenencia debía permitir la crítica y ninguna jerarquía de nacimiento justificaba mayores derechos ni una dignidad superior.

Esa concepción de la libertad encontró una expresión política especialmente acabada en Franklin D. Roosevelt. En enero de 1944, todavía en plena guerra, propuso un Second Bill of Rights destinado a completar los derechos políticos clásicos con garantías económicas y sociales. Roosevelt sostuvo que la libertad individual no podía existir plenamente sin seguridad e independencia económicas. Entre esos nuevos derechos incluyó el acceso a un empleo remunerado, una vivienda digna, atención médica, protección frente a la vejez, la enfermedad o el desempleo y una buena educación. No pretendía sustituir las libertades civiles, sino dotarlas de condiciones materiales que permitieran ejercerlas. Su propuesta recogía así las ideas de Green y Hobhouse.

Isaiah Berlin introdujo después una advertencia imprescindible. En Dos conceptos de libertad, de 1958, distinguió entre el ámbito en que una persona podía actuar sin interferencias ajenas y la aspiración a dirigir su propia vida. Su preocupación era el salto por el cual una autoridad se atribuía el conocimiento de los verdaderos intereses de los ciudadanos y acababa obligándolos a ser libres según su definición. Berlin no confundía toda política social con esa pretensión. Advertía del peligro de sacrificar a las personas concretas a una supuesta emancipación colectiva. Su pluralismo exigía reconocer que los fines humanos valiosos podían entrar en conflicto.

Estos autores no formaron una doctrina uniforme. Precisamente por eso, ponerlos en diálogo resulta fecundo. Green y Hobhouse ayudaron a comprender los obstáculos sociales que estrechan nuestras posibilidades; Roosevelt tradujo esa preocupación al terreno político al vincular la libertad con unas condiciones mínimas de seguridad económica y social; Berlin obligó a examinar los límites del poder que pretende remover esos obstáculos.

Para un social liberal del siglo XXI, la protección pública debería cumplir tres objetivos: ampliar la capacidad de decisión del ciudadano, garantizar las condiciones materiales necesarias para ejercerla y preservar su derecho a discrepar de quienes lo protegen. Esto exige superar la identificación automática del liberalismo con cualquier resultado del mercado. La iniciativa privada, la competencia y la propiedad pueden ofrecer independencia y oportunidades. También pueden surgir concentraciones de poder que dificulten la entrada de nuevos competidores y sometan a trabajadores o consumidores a condiciones difíciles de rechazar. Defender el mercado requiere examinar cómo funciona y a quién permite elegir. Una economía en la que la posición de partida determina casi todo acaba debilitando la promesa liberal de que el individuo puede construir su trayectoria.

La educación ocupa aquí un lugar fundamental. Una sociedad que proclama el mérito debe procurar que el origen familiar no decida de antemano quién podrá desarrollarlo. Eso implica enseñanza exigente, acceso al conocimiento y oportunidades de formación a lo largo de la vida. También obliga a evaluar los resultados: un sistema educativo puede ser formalmente universal y dejar a muchos alumnos sin los instrumentos necesarios para desenvolverse. El gasto público adquiere sentido cuando mejora esas capacidades. Su volumen, por sí solo, no demuestra el cumplimiento de su finalidad. Lo mismo sucede con la vivienda y el trabajo. El liberalismo social debería juzgar las políticas de vivienda por su capacidad para facilitar el acceso, ampliar la oferta y proteger frente a situaciones de vulnerabilidad. En el ámbito laboral, debería favorecer que perder un empleo no destruya una biografía y que emprender no sea un privilegio reservado a quien dispone de respaldo familiar. La seguridad puede proporcionar el margen necesario para asumir riesgos.

La tecnología añade un problema que estos pensadores no pudieron conocer en su forma actual. Cuando trabajar, comprar o comunicarse exige aceptar las condiciones de una plataforma, conviene preguntarse cuánto control conserva el usuario. La protección de los datos, la posibilidad de cambiar de proveedor y las garantías frente a decisiones automatizadas deberían formar parte de una política liberal. Ese criterio ha de aplicarse igualmente a las administraciones. Un ciudadano debe poder conocer y recurrir una decisión que le afecta, aunque se haya adoptado mediante un procedimiento técnicamente complejo.

El Estado debe apoyar a las familias, asociaciones y demás ámbitos de cooperación sin absorber sus funciones. Su actuación tampoco merece una presunción de acierto. Las instituciones públicas también pueden producir dependencia, proteger intereses establecidos o imponer cargas que dificulten la actividad económica. La intervención necesita objetivos definidos, financiación sostenible y mecanismos de evaluación y corrección. La defensa de los servicios públicos debe incluir la exigencia de que funcionen y rindan cuentas. Una prestación inaccesible entre trámites interminables difícilmente cumple su promesa de protección. La calidad institucional forma parte de la cuestión social.

El adjetivo social tampoco debería debilitar las libertades de conciencia, expresión y asociación. La ayuda pública no puede condicionarse a la adhesión ideológica, ni el desacuerdo convertirse en una patología que el poder deba corregir. Una sociedad plural permite proyectos de vida distintos, incluidos aquellos que desagradan a la mayoría. La protección frente a las intromisiones del gobierno y de los demás debe alcanzar también a quienes cuestionan las políticas públicas o las costumbres de su comunidad.

El joven del comienzo necesita oportunidades para estudiar, trabajar y emanciparse, junto con vínculos que lo ayuden a afrontar las dificultades. Las políticas que pretendan ofrecérselos deberán responder ante él por sus resultados y admitir sus críticas. Ahí debería medirse un liberalismo social para el siglo XXI: en la posibilidad de que cada persona construya su trayectoria con apoyos que pueda utilizar sin quedar sometida a quienes se los proporcionan.