Pedro Sánchez tira de chequera, que por cierto no es suya, pues se trata del dinero de todos los españoles, cada vez que se encuentra ante un problema. Reparte millones por doquier. Otra cosa es que luego los pague. En La Palma todavía esperan que lleguen las subvenciones prometidas para costear los daños del volcán, como en Valencia por la dana y, ahora, entre sonoros abucheos, también ha anunciado en su visita a Oliva enviar un dineral para paliar los destrozos de las lluvias torrenciales en Valencia y Alicante. Que esperen sentados.
Y como las elecciones generales son el problema más acuciante que tiene por delante, el presidente del Gobierno ha vuelto a hacerlo. Y va a emplear el dinero de todos los españoles en la compra de votos para resucitar a un PSOE que se desploma. Dos días antes de que concluya la campaña, Sánchez anunciará la subida de las pensiones e incrementará de nuevo el salario mínimo. Mucho dinero para comprar muchos votos.
En cada Consejo de Ministros, y a pesar de la enésima denuncia de la Junta Electoral al presidente por utilizar La Moncloa como escenario de su campaña electoral, Sánchez o sus portavoces anuncian sin el menor pudor las ayudas o prestaciones que llaman “medidas sociales” y que benefician a los millones de españoles que votarán el 29 de noviembre. Mediante los decretazos que aprueban en la Comisión Permanente, gracias al cambio de mayorías, y su posterior publicación en el BOE, riegan de millones a unos y a otros con el único propósito de captar votos a mansalva.
Además de las anunciadas subidas de las pensiones y del salario mínimo, el Gobierno acaba de aprobar un incremento del 5 por ciento en el sueldo, el mayor en la historia, para los nada menos que 3 millones de funcionarios. No sólo eso, el Gobierno aprobó también este martes un real decreto ley que facilita el acceso a la pensión de viudedad a las parejas de hecho con hijos en común que acrediten dos años de convivencia, mejorar la prestación para padres por cuidado de menores con cáncer o enfermedades graves de sus hijos y ampliar los supuestos de incapacidad temporal. En concreto, a mujeres con patologías asociadas a la menopausia, a víctimas de violencia de género y a autónomos y asalariados afectados por catástrofes como la dana.
Se trata de medidas y más medidas, todas calificadas de “sociales” y el reparto de millones y millones de todos los españoles que aprueba el Gobierno cada martes en el Consejo de Ministros y que, en caso de no estar cerrado por la disolución de las Cortes, serían tumbadas en el Congreso de los Diputados. Se trata, en fin, de una descarada compra de votos en plena campaña electoral, en los estertores de un Gobierno desesperado por el más que evidente riesgo de perder el poder. Otra sucia maniobra de Sánchez para, por las buenas o, más bien, por las malas, tener alguna posibilidad de no salir escabechado de las urnas.
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