De este modo, quedaría suspenso el derecho a voto de los nacionalizados por la ley de nietos.
El Tribunal Constitucional ha rechazado por prematuro la admisión a trámite del recurso del Defensor del Pueblo contra la decisión del Supremo de suspender el derecho al voto a los nacionalizados por la conocida como ley de nietos. Muchos observadores y la propia oposición han denunciado que a través del voto exterior, con un censo modificado por esta ley, se pretende alterar el resultado electoral en favor del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Fuentes jurídicas han informado a EFE de que la corte de garantías ha inadmitido a trámite el recurso de amparo promovido por Ángel Gabilondo por mayoría, con 10 votos en contra y dos a favor de la admisión, que son los magistrados progresistas Ramón Sáez y Juan Carlos Campo.
El motivo es que el recurso es prematuro porque aún no se ha agotado la vía de la jurisdicción ordinaria dado que el Supremo dio un plazo a los afectados para personarse y formular alegaciones contra la suspensión cautelar, que termina este jueves, es decir, la mayoría del Constitucional entiende que no se puede intervenir en este momento ya que es un procedimiento en curso en el Alto Tribunal.
El Gobierno se aferra al Supremo
El Gobierno ha expresado su respeto a la decisión del Tribunal Constitucional de rechazar el recurso del Defensor del Pueblo contra la suspensión cautelar del derecho al voto a nacionalizados por la ley de nietos y sigue confiando en que finalmente el Tribunal Supremo avale su derecho constitucional a votar.
Fuentes del Ejecutivo recuerdan que el Constitucional ha desestimado el recurso de amparo considerando que la vía judicial sobre este conflicto no está agotada ante el Tribunal Supremo, y hacen hincapié en que el tribunal de garantías basa su decisión en motivos de procedimiento sin entrar, como el Supremo hasta ahora, en el fondo de la cuestión.
En este sentido, el Gobierno sigue defendiendo que todos los "nacionales españoles", según las fuentes, tienen derecho al voto "el más sagrado en democracia" como recoge la Constitución.
Y por ello confía en cuando el Supremo adopte una decisión definitiva sobre este asunto aclare que no es posible suspender "masivamente" el derecho al voto con una medida cautelar sin sentencia firme y sin audiencia a los afectados.
También reitera su opinión de que no puede haber "ciudadanos de segunda categoría" con diferencia de derechos.
El Tribunal Supremo dio un plazo a los afectados para personarse y formular alegaciones, el cual termina este jueves.
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