El desalojo de la acampada de Sol busca el mismo objetivo: alejar al Gobierno de los radicales y recomponer su imagen electoral.
Tan solo unos días después del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado al menos 69 muertos, el hasta ahora Ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró que dejaba su cargo en manos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien aún se negaba a cesarle y consideraba “injusto” apartarle del Ministerio. Una semana más tarde, el cambio de estrategia del Gobierno y la presión de los grupos parlamentarios han arrastrado a Puente a su dimisión y a su sustitución por el vicepresidente primero y Ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Tras cuatro horas de comparecencia en la Diputación Permanente del Congreso, Puente proclamaba su dimisión después de haber negado en varias ocasiones que lo haría y a tan solo un mes de las elecciones. Sánchez, en una breve declaración institucional, ha afirmado que su decisión “dignifica la política” y que “ha dado la cara, ha aportado soluciones y ha dado un paso atrás".
A su vez, el jefe del Ejecutivo ha justificado la elección de Cuerpo para hacerse cargo de las competencias de Transporte, aún sin nombrar a un nuevo ministro, por su “enorme capacidad de gestión e integridad” y “un talante que tanto la política como España necesitan”.
"Por eso estoy convencido de que hará un gran trabajo y dará continuidad a las reformas iniciadas por el ministro Puente", ha añadido.
Por su parte, Cuerpo ha agradecido a Sánchez su "confianza" al encargarle las funciones de Transporte y Movilidad Sostenible, así como "el trabajo y la entrega" de Puente durante los últimos años.
Con este movimiento, el Ministerio de Transportes, que se ha convertido en una de las mayores grietas del Gobierno con dos tragedias ferroviarias en escasos nueve meses, cambia el tono con su equipo ministerial. Frente al perfil combativo e incendiario de Puente, Sánchez opta por la moderación de Cuerpo para reorganizar la cartera y recuperar la confianza en el sistema ferroviario en plena precampaña.
A la crisis ferroviaria y al desgaste electoral que ha generado -según las últimas encuestas-, se suma el problema de imagen que ya arrastraba el PSOE por la gestión de la vivienda. La acampada de la Puerta de Sol comienza a desmantelarse tras la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y antes de la huelga general del próximo 11 de noviembre.
A pesar de haber situado las políticas sociales entre sus principales argumentos electorales, la acampada se ha vuelto contra el Gobierno, que presenta complicaciones para responder a las expectativas de su electorado de izquierdas.
Por su parte, la Comunidad de Madrid ha anunciado que reclamará al Ejecutivo los gastos acarreados por la acampada, que ascienden a 750.000 euros para Metro de Madrid y por los refuerzos de seguridad y limpieza, además del impacto negativo en los comercios de la zona, con pérdidas superiores a los 30 millones.
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