Una Universidad que no se protege a sí misma

Esta semana la Rectora de la Universidad de Sevilla ha enviado a la comunidad universitaria una nota y, adjunta, la Resolución Rectoral con las instrucciones para la huelga general del 11 de noviembre. Son textos correctos, corteses y ajustados a derecho. Precisamente por eso merecen una lectura atenta: lo que revelan no es la opinión de quien los firma, sino la estructura de incentivos de la institución que dirige. Y esa estructura, que cualquier rector o rectora de cualquier universidad pública española habría reproducido casi palabra por palabra, tiene un coste que nadie contabiliza.

La huelga la convocan CCOO, UGT, CGT y CNT bajo el lema "Salarios, vivienda y precios". Es la primera huelga general estatal que respaldan juntos los dos grandes sindicatos desde 2012, y cae dieciocho días antes de unas elecciones generales. Las patronales discuten su encaje jurídico por entender que el motivo no es sociolaboral. Nada de esto, salvo el nombre de dos convocantes, aparece en la nota ni en la resolución, y la omisión es significativa: la Universidad no es parte del conflicto. Sus empleados hacen huelga contra la política del Estado, y la Rectora no puede satisfacer una sola de las reivindicaciones. Lo único que ella administra ese día es la relación entre la paz interna y la prestación del servicio público que justifica su existencia.

Léase la nota en su orden. Lo primero es la cobertura jurídica del Rectorado: hay Resolución Rectoral, normativa vigente y un procedimiento de 2018 para el "seguimiento" de la huelga, que es el nombre amable del recuento de huelguistas que la ley exige para el descuento de haberes. Lo segundo es el derecho de huelga, con cuatro intensificadores: "pleno respeto", "derecho fundamental", "todas las personas trabajadoras", "libremente". Lo tercero es la libertad de trabajo, sin adjetivos y definida por negación: "quienes opten por no secundarla". La huelga es el marco de referencia; no hacerla es la desviación. Esa jerarquía tiene base constitucional, y no la discuto. Lo que viene después, en cambio, es elección propia.

Al profesorado, la nota le recomienda prever "en coordinación con los representantes del estudiantado" la organización de la docencia, "teniendo en cuenta las circunstancias que puedan producirse". La resolución es más explícita: recomienda que el profesorado, "de acuerdo con los representantes de los estudiantes", acuerde "la forma en que se puedan llevar a cabo" las actividades docentes, "incluyendo su eventual reprogramación". "De acuerdo con" no es coordinarse: es necesitar la conformidad de la otra parte. Las circunstancias son aulas vacías o cerradas, y se dan por descontadas; hasta el subjuntivo, "se puedan", da por supuesto que quizá no puedan. El profesor que quiere dar su clase queda emplazado a negociarla con quienes, por posición, suelen promover el seguimiento estudiantil. Es una invitación a suspender de hecho el servicio, sin que nadie lo ordene.

Al estudiante que acredite no haber podido acudir, la resolución le reconoce el "derecho a que se le permita realizar las actividades docentes que se hayan podido realizar ese día". Es el único derecho estudiantil que el texto crea, y es el del ausente. No hay garantía simétrica para quien acude: ni de que la clase se impartirá, ni de qué ocurre si encuentra el centro bloqueado, ni sobre las actividades evaluables. Y el derecho del ausente tiene una contrapartida que la resolución no nombra: el profesor que dé clase el día 11 adquiere la obligación de repetirla. Enseñar ese día cuesta el doble de trabajo que no enseñar. Conviene recordar que el estudiante no es trabajador y no tiene derecho de huelga. Lo que la resolución construye para él no es ese derecho, sino una ausencia sin coste, financiada por la institución con cargo a quien paga la matrícula y acude. Es el Estado subvencionando la adhesión a una protesta contra el Estado.

La misma asimetría gobierna la relación con el personal. Quien no haga huelga "deberá acreditar su asistencia", por los medios habituales o, para quien no ficha, mediante una aplicación abierta desde las 7 horas del día 11 hasta las 22 del día 13. Quien hace huelga no tiene que hacer nada; quien trabaja tiene que demostrarlo. El mecanismo es legalmente ortodoxo, porque no cabe exigir declaración previa de huelga, pero la presunción por defecto es una elección, y aquí el defecto es la huelga. El anexo de servicios mínimos cierra el cuadro: un conserje por edificio en cada turno, seguridad, mantenimiento y dos técnicos para el animalario. Ni una hora de docencia, ni un laboratorio, ni una biblioteca abierta como servicio. Es práctica habitual en la enseñanza y no la discuto jurídicamente; pero como enunciado es nítido: ese día la Universidad se define como un conjunto de edificios que hay que mantener abiertos y seguros, no como un servicio que se presta a alguien.

Sería un error leer esto como el sesgo de una persona. La resolución se dicta, según su propio texto, tras una negociación con CCOO y UGT en la que "no ha sido posible alcanzar un acuerdo": quien firma no concedió todo lo que se le pidió, y no sabemos qué retuvo. El dato relevante es otro, y está en el mismo párrafo: la Resolución Rectoral de 2018 obliga a que las instrucciones de cada huelga sean "objeto de negociación con el comité de huelga o representación sindical competente". Las reglas de la jornada se negocian con quien la convoca. Eso no lo decidió esta rectora; es el diseño de la institución, y se suma a otro rasgo del mismo diseño: un rector es elegido por sufragio ponderado de la misma comunidad que después debe gobernar (profesorado, personal de administración y estudiantes), con sindicatos y asambleas como actores organizados de ese electorado. El coste de parecer contrario a una huelga es concentrado, visible y tiene nombre y apellidos. El coste de un día de docencia perdido es difuso, recae en personas no organizadas y nadie lo reclama. Ante esa asimetría, la resolución que hemos leído es la que dictaría cualquier gestor racional. No es ideología; es aritmética electoral interna, y la fijan la Ley Orgánica del Sistema Universitario y los procedimientos que la propia casa se ha dado.

Esto importa para el diagnóstico y para el remedio. Si fuera un sesgo personal, se corregiría con el siguiente rector. Como es un incentivo estructural, no se corrige con nadie: se reproduce en cada universidad pública y en cada convocatoria, y la de este 11 de noviembre no será la última del curso.

El coste del día es pequeño y conviene decirlo. Para las asignaturas con sesión los miércoles, un día es una de catorce o quince sesiones del cuatrimestre, en torno al 7% del tiempo de contacto. En instituciones que ofrecen formación técnica o científica como una escuela de ingeniería o facultad de física o de medicina, sin embargo, ese porcentaje no es lineal: por ejemplo, las prácticas de laboratorio o clínicas con reserva de equipos difícilmente se recuperan, y su pérdida desplaza el resto del calendario. Es la parte más cara y menos sustituible de la formación.
El coste a escala de la cohorte, los cuatro a seis años que un alumno pasa en la institución, es mayor y nadie lo mide. Cada promoción recibe varias veces a lo largo del grado la misma lección implícita: las obligaciones de la institución ceden ante la presión colectiva organizada, y quien cumple no está protegido. El profesorado recibe la lección simétrica: quien da clase ese día se expone al conflicto con la delegación de alumnos y no cuenta con el respaldo de la casa. Eso selecciona conductas, y las conductas seleccionadas perduran.

El coste a escala de décadas es el que de verdad debería preocupar. Un rectorado que no puede afirmar la continuidad del servicio en una jornada de protesta tampoco puede tomar las decisiones impopulares de las que depende la productividad del sistema: cerrar titulaciones sin demanda, evaluar con consecuencias, diferenciar por rendimiento, gestionar la plantilla. La resolución es la forma benigna de un patrón cuya forma maligna es la captura permanente de la institución por sus clientelas internas. Y hay una ironía que nadie señala: la crisis de vivienda y salarios que motiva la huelga es, en buena parte, un problema de productividad y de encaje entre formación y empleo. La institución con mayor palanca sobre ambos trata el día de protesta como festivo, en lugar de como un día de trabajo sobre las causas.

El coste europeo es silencioso. La Universidad de Sevilla forma parte de una alianza con las universidades de Côte d'Azur, Colonia, la Sorbona y Coimbra. En Colonia o en la Sorbona, la huelga del personal no implica la suspensión tácita del servicio ni la protección asimétrica del alumno ausente. Los socios de alianza leen esas diferencias de fiabilidad, igual que las leen las empresas del clúster aeroespacial sevillano cuando deciden dónde instalar un centro de ingeniería o con quién firmar un doctorado industrial. Ese descuento reputacional no aparece en ninguna partida presupuestaria, pero opera cada vez que un consorcio europeo elige coordinador.

Dos contrapesos, por honestidad. La huelga es legal, el derecho es fundamental y la Rectora tiene la obligación positiva de no obstaculizarlo; exigir asistencia o programar exámenes con el transporte parado sería jurídica y prácticamente inviable. Y la magnitud del daño de un día es marginal. Lo que no es marginal es el patrón, y el patrón no lo creó ella.

Sin embargo, una resolución que protegiera a todos cabía en el mismo espacio. Bastaba con añadir tres frases: que la docencia se impartirá con normalidad para quien acuda, sin obligación de repetirla; que ese día no habrá actividades evaluables; y que la justificación de ausencias exigirá acreditación real, no declaración. Con eso, el que hace huelga la hace, el que acude recibe lo que paga, y el profesor organiza su clase sin pedir permiso a nadie. Que esas tres frases no estén es la decisión que de verdad contiene la resolución.

Termino con un hecho y una predicción. El hecho no necesita esperar al jueves 12: por el punto Sexto de la resolución, ningún estudiante de los que acudan el día 11 recibirá nada a lo que no tenga también derecho el que se quede en casa. Está decretado. La predicción es que la asistencia en los centros de la Universidad de Sevilla será ese día inferior a la mitad de la habitual, y que ningún centro publicará el dato. Si la asistencia supera la mitad, este artículo sobra, y lo retiraré con más satisfacción de la que puede imaginar el lector.