El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha puesto el foco en una transferencia de 105.122,76 euros realizada por el despacho del exabogado de Koldo García, Ismael Oliver, al letrado Gonzalo Martínez Fresneda, que representa al histórico dirigente socialista Gaspar Zarrías. El magistrado quiere conocer qué servicios profesionales justificaron ese movimiento de dinero y ha reclamado documentación que permita acreditar el motivo del pago.
La operación se enmarca en la investigación sobre las denominadas 'cloacas del PSOE', una causa que trata de esclarecer si existió una estructura vinculada a la exmilitante socialista Leire Díez y a otros antiguos responsables del partido para obstaculizar investigaciones judiciales que pudieran resultar perjudiciales para la formación o para el Gobierno.
Según la información publicada por varios medios, el requerimiento judicial se produce después de que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) remitiera documentación sobre la transferencia. Pedraz ha solicitado a Oliver que detalle los trabajos realizados por su despacho que justificaron el abono de los 105.122,76 euros y que aporte los documentos que respalden esos servicios.
Oliver figura como investigado en esta causa, por lo que el magistrado le recuerda que tiene derecho a no facilitar información que pueda incriminarle.
La conexión con Gaspar Zarrías y Leire Díez
El destinatario del dinero, Gonzalo Martínez Fresneda, ejerce la defensa de Gaspar Zarrías, exconsejero de la Junta de Andalucía y una de las figuras históricas del socialismo andaluz. Zarrías también está siendo investigado en el procedimiento que instruye Pedraz.
El antiguo dirigente socialista reconoció ante el juez haber abonado 16.000 euros a Leire Díez por un trabajo de cuatro meses relacionado con la elaboración de un informe sobre el excomisario José Manuel Villarejo y el origen del caso ERE.
Los pagos se realizaron a través de Zaño Sociedad Consultora, la empresa que Zarrías puso en marcha después de abandonar la política. La investigación trata de determinar si esos trabajos profesionales encubrían, en realidad, actividades destinadas a obtener información o promover actuaciones contra responsables judiciales y policiales.
Zarrías ha defendido que el encargo consistía en elaborar un dosier sobre la posible relación de Villarejo con el inicio de la investigación de los ERE andaluces. El exconsejero fue condenado en esta causa, aunque posteriormente el Tribunal Constitucional anuló su condena.
El exabogado de Koldo, bajo la lupa judicial
La investigación sobre la transferencia coincide con otro requerimiento de Pedraz relacionado con los honorarios de Leticia de la Hoz, la abogada que defendía a Koldo García hasta que renunció recientemente a su representación.
La letrada había presentado ante el juzgado dos facturas por un importe conjunto de 242.000 euros correspondientes a sus servicios profesionales. Según la documentación aportada, los pagos fueron realizados por Dos Mil Palabras S.L., empresa editora de OkDiario, y no por el PSOE.
El juez quiere comprobar ahora si esas dos facturas constituyen la totalidad de los honorarios que percibió De la Hoz durante el tiempo que ejerció la defensa del exasesor ministerial o si existieron otros pagos adicionales.
La abogada tiene igualmente reconocido su derecho a no aportar documentación que pudiera perjudicar su propia defensa, dado que también está investigada en el procedimiento.
La renuncia de De la Hoz a continuar representando a Koldo García se produjo después de que entregara las facturas al juzgado. La letrada alegó razones profesionales y amparadas por el secreto profesional para justificar su decisión.
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