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TRIBUNA

El futuro de la juventud española

Roberto Muñoz Bolaños
viernes 20 de noviembre de 2026, 18:48h

En España, la edad estimada de salida del hogar familiar alcanzó los 30,2 años en 2025; en Alemania fue de 24,1, según Eurostat. Más de seis años separan ambas cifras. Aunque abandonar la casa de los padres no equivale a una independencia económica completa, la comparación invita a preguntarse qué posibilidades tienen nuestros jóvenes de organizar su vida. Disponer de una vivienda, convivir con una pareja o pensar en tener hijos requiere ingresos y cierta confianza en el futuro. Sin esa base, decisiones que deberían responder a la voluntad personal se aplazan durante años.

Una persona puede seguir viviendo con sus padres por elección y disfrutar de esa convivencia; otra puede desear marcharse y carecer de medios. Ambas aparecen juntas en la estadística, pero su situación es diferente. Lo preocupante es la distancia entre lo que alguien quiere hacer con su vida y lo que puede permitirse. La familia ofrece protección, aunque su apoyo no debería convertirse en la respuesta permanente a las dificultades de acceso al trabajo y al alojamiento.

El mercado laboral explica una parte del problema. En septiembre de 2026, la tasa de paro de los menores de 25 años era del 22,8 % en España y del 7,5 % en Alemania. Estos porcentajes se refieren a la población activa de esas edades. La diferencia obliga a examinar las oportunidades que ofrece nuestra economía. Buscar trabajo durante meses impide adquirir experiencia y ahorrar. Encontrarlo tampoco resuelve necesariamente la situación: un contrato puede sacar a alguien del desempleo sin proporcionarle lo suficiente para emanciparse.

La incertidumbre alcanza también a quienes trabajan. Asumir un alquiler resulta difícil cuando se desconocen los ingresos de los próximos meses. Incluso una remuneración aceptable pierde atractivo si exige horarios imprevisibles o desplazamientos que consumen buena parte del día. La convivencia y la crianza necesitan un tiempo que no siempre dejan esas jornadas. Saber que podrán pagarse los gastos habituales y organizar la semana sin sobresaltos es una aspiración modesta que debería contar al valorar la calidad del empleo.

Algunos profesionales encuentran fuera de España condiciones más favorables. Trabajar en otro país permite aprender y ampliar horizontes. Sin embargo, marcharse adquiere otro significado cuando quedarse supone renunciar a una trayectoria profesional razonable. La decisión puede implicar alejarse de la pareja, de los amigos o de unos padres que empiezan a necesitar ayuda. Quien emigra compara salarios, pero también considera dónde podrá establecerse. Las campañas institucionales sobre el retorno del talento sirven de poco si las ofertas disponibles no permiten regresar con garantías de continuidad.

Mientras tanto, determinadas actividades industriales advierten de dificultades para incorporar ingenieros y técnicos cualificados. Que esas dificultades coincidan con un paro juvenil tan elevado obliga a revisar la formación disponible, los requisitos de contratación y la localización de los puestos. Una vacante puede quedar sin cubrir porque faltan conocimientos específicos, pero también porque la remuneración no compensa el coste de trasladarse. Reclamar movilidad sin atender a ese gasto supone dar por hecho que todas las familias pueden financiar el comienzo de una carrera profesional.

Cambiar esta situación pasa por ampliar las actividades capaces de aprovechar conocimientos avanzados y sostener mejores salarios. La industria, la investigación y los servicios especializados ofrecen posibilidades que deben concretarse en inversiones y contrataciones. Su contribución a la autonomía de los jóvenes dependerá de la estabilidad de los puestos y de las oportunidades de ascenso que ofrezcan. El crecimiento económico será insuficiente si apenas modifica su capacidad para ahorrar y asumir compromisos más allá del mes siguiente.

Para que los jóvenes puedan acceder a esas ocupaciones, conviene incentivar las ingenierías y reforzar la formación profesional con orientación rigurosa, becas y una preparación suficiente para completar los estudios. El sistema dual alemán ofrece una referencia al combinar enseñanza con aprendizaje remunerado en una empresa. Esa participación empresarial facilita el paso al trabajo, siempre que existan tutores y una evaluación que garantice la calidad de lo aprendido. Se trata de aprender una profesión, sin encadenar prácticas y contratos de formación que prolonguen indefinidamente la condición de principiante.

Pero la incorporación al trabajo pierde parte de su valor si no permite acceder a una vivienda. Una pareja puede tener empleo y no encontrar un alojamiento cuyo precio le permita afrontar los demás gastos. Compartir piso constituye una opción adecuada para algunas personas, pero no responde a todos los proyectos ni tiene por qué prolongarse indefinidamente. Ampliar la oferta de alquiler asequible y mejorar el transporte entre las zonas residenciales y los centros de trabajo requiere una política sostenida. Si cualquier aumento de sueldo queda absorbido por el alojamiento, la independencia seguirá dependiendo de la ayuda familiar o de aceptar un deterioro de las condiciones de vida.

Estas dificultades afectan también a la decisión de tener hijos. Conviene distinguir entre quienes no desean ser padres y quienes aplazan una maternidad o paternidad deseada porque no encuentran estabilidad. Las apelaciones a la responsabilidad demográfica resultan poco convincentes cuando formar una familia implica asumir gastos difíciles de sostener o comprometer la continuidad profesional. Las escuelas infantiles accesibles, los horarios previsibles y un reparto más equilibrado de los cuidados ayudarían a reducir esos obstáculos.

Tampoco cabe suponer que los abuelos resolverán las carencias de conciliación. Su ayuda es valiosa, pero no todos viven cerca, tienen salud o disponen de tiempo. Criar a un hijo no debería exigir una negociación diaria de favores y renuncias. Del mismo modo, quienes prefieran vivir solos o no quieran tener descendencia necesitan poder mantener un hogar y cultivar sus relaciones personales. Las políticas públicas deben amparar esa diversidad de elecciones, sin imponer un único modelo de vida ni abandonar a quienes carecen de una red familiar capaz de sostenerlos.

El próximo Gobierno debería situar estas cuestiones entre sus prioridades y coordinar las decisiones sobre empleo, vivienda y cuidados. Habrá que valorar sus resultados por lo que permitan hacer a las personas: aceptar un puesto en otra ciudad, empezar una convivencia o tener el hijo que desean. No podemos responsabilizar a los jóvenes de superar por sí solos obstáculos que exceden sus medios. Llegar a la edad adulta debería abrir la posibilidad de hacer planes con una confianza razonable en cumplirlos. Una vida propia, con afectos, tiempo y cierta tranquilidad, debe ser una expectativa al alcance de los jóvenes.

Roberto Muñoz Bolaños

Doctor en Historia Contemporánea de la UCJC y la UNAM

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