Israel avisa de un agravamiento de las relaciones si prospera la querella

El embajador israelí, Raphael Schutz, se ha mostrado este viernes sorprendido y molesto por " la decisión de la Audiencia Nacional de admitir a trámite una querella dirigida contra siete responsables militares de este país, entre ellos el ex ministro Benjamin Ben Eliezer, por un bombardeo perpetrado en un barrio de la Franja de Gaza el 22 de julio de 2002 en el que murieron 14 civiles, la mayoría de ellos niños. Considera el embajador que se está abusando de la legislación español para intentar deslegitimar el derecho de defensa del Estado democrático de Israel.

De momento, este viernes la embajada presentará ante el juez el material necesario “para demostrar que este auto no tiene ningún tipo de fundamento”.

En cuanto a las relaciones diplomáticas entre España e Israel, Schutz tan sólo ha recomendado al Gobierno de Zapatero que reflexione sobre el mal uso de la legislación española. Además, el embajador israelí ha considerado que existe una doble moral y rasero cuando se habla de Israel pues los que protestan contra este estado no lo hacen en defensa de los derechos humanos sino “por motivos políticos contra Israel que no son del todo limpios”.

La indignación de los ministros israelíes
Al igual que el embajador, el ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, considera que "alguien que califica el asesinato de un terrorista como crimen contra la Humanidad vive en el mundo al revés". "Todos los responsables de Defensa, del pasado y del presente, actuaron correctamente en nombre del Estado de Israel y en base al compromiso de defender a los ciudadanos israelíes", añade Barak.

A su juicio, la decisión del juez Andreu es "particularmente alarmante" después de los hechos recientes ocurridos en la Franja de Gaza, durante la ofensiva militar israelí de tres semanas en la que se ha revelado la "verdadera cara" de Hamás.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos ha defendido que el Gobierno español debe "respetar la justicia", que es "independiente" y "puede decidir lo que estime oportuno", declaró ayer el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Angel Moratinos, en relación a la decisión de la Audiencia Nacional de investigar a siete militares israelíes por un bombardeo sobre Gaza en 2002.

Horas después de estas declaraciones del ministro, su homóloga israelí, Tzipi Livni, le expresó por teléfono su "preocupación" por la decisión de la Audiencia Nacional y le dejó claro que 'Israel considera que se trata de una decisión política y no judicial'.

La decisión del juez de abrir una investigación para esclarecer si ha habido un delito contra la humanidad por el ataque en Gaza ocurrido el 22 de julio de 2002, en el que murieron un presunto líder de Hamas y catorce civiles, responde a una querella interpuesta por el Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR, por sus siglas en inglés) por aquellos hechos.